La Gaceta (25/11/2013): La labor de esta institución fue muy importante durante los Gobiernos de Rodríguez Zapatero.
La masonería o, al menos, sus valores, está presente, además de en los órganos de poder, en numerosos organismos subvencionados con dinero público. Uno de los ejemplos más claros es la Fundación Ferrer i Guardia, creada en 1987 con el objetivo convertirse “en un think tank de referencia en educación y libertades civiles”.
La intención de este lobby laicista, subvencionado con dinero público, es difundir “una conciencia cívica en la que los individuos puedan fortalecer su rol de ciudadanos libres y activos”, impulsar el librepensamiento y la escuela pública, además de la “recuperación de la memoria histórica para hacerla visible en las nuevas generaciones”.
La fundación, que hace colectas para “promocionar la educación popular y laica” y maneja una red a través de la que se educan más de 17.000 jóvenes, toma su nombre del maestro libertario y masón Francisco Ferrer Guardia, fusilado en 1909 al ser considerado instigador de las revuelta de la Semana Trágica de Barcelona, que provocó cerca de un centenar de muertos por los disturbios y por la represión posterior.
Poco a poco, parte del ideario expuesto por esta fundación ha ido calando en la sociedad, gracias a la propuestas y reformas llevadas a cabo por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en ámbitos como la educación, la política social o la justicia y en materias como el aborto, la memoria histórica o el matrimonio homosexual.
El presidente desde su creación es Joan-Francesc Ponts, un erudito, catedrático y doctor en Derecho, responsable de numerosos centros universitarios y educativos.
Pont es el Gran Comendador del Supremo Consejo Masónico de España y responsable de editar los anuarios de Laicidad en España, en los que se hace un repaso a a los supuestos privilegios de la Iglesia Católica.
En el primer anuario, editado en 2011, se destacaba, según Religión en libertad, que la juventud se estaba alejando de las prácticas religiosas y señalaba como las zonas más laicas Cataluña, Madrid y País Vasco. Mientras, señalaba Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias, las más religiosas.
Tampoco el anuario se olvidaba de defender lo que llaman derechos sexuales y reproductivos de la mujer (derecho al aborto, etc.) y del matrimonio entre homosexuales.
En las conclusiones del anuario de 2012 se señalaba a la religión como causante de tensión social en asuntos como el contenido educativo religioso a la escuela pública, legislación en materia de aborto, eutanasia, matrimonio homosexual o el divorcio.
Del estudio se desprendía que el 82% de los españoles está a favor de la pluralidad religiosa y un 79,2% se mostraba partidario de la separación entra la Iglesia y el Estado. Mientras, asegura que un 51% de los encuestados consideraba que la Iglesia católica tiene un poder excesivo.
Especial incidencia hacia a la Educación para la Ciudadanía, señalando que es una alternativa clara, elegida por el 33% de los alumnos, frente a la religión.