Pilar Gutiérrez: La 'mujer más franquista de España'
denuncia al Gobierno por "genocida"
19-6-2020
PIDE INVESTIGAR SI LA CONDUCTA DEL EJECUTIVO DURANTE EL COVID-19 PUDO SER INTENCIONADA Y ESTAR ORIENTADA A CAUSAR UN "GENOCIDIO"
PIDE INVESTIGAR SI LA CONDUCTA DEL EJECUTIVO DURANTE EL COVID-19 PUDO SER INTENCIONADA Y ESTAR ORIENTADA A CAUSAR UN "GENOCIDIO"
Pilar Gutiérrez durante una protesta
Pilar Gutiérrez ha puesto denuncia ante la Sala Segunda de lo penal del Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias e Irene Montero. La que fue apodada por la Prensa como "la mujer más franquista de España" incluso acusa de
María del Pilar Gutiérrez Vallejo, la mujer que se hizo famosa cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió trasladar los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo por oponerse vehementemente a esa mudanza ha denunciado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al vicepresidente Pablo Iglesias, a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la ministra de Igualdad Irene Montero.
Lo ha hecho ante la Sala Segunda de lo penal, del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ya que todos los denunciados son aforados. Dice Pilar Gutiérrez en la exposición de los hechos que "son de dominio público al haber aparecido en medios de comunicación. Incluso así, se incluyen en esta denuncia algunas informaciones de prensa a fin de proporcionar un hilo conductor".
Dice la denunciante que "el día 8 de marzo de 2020, después de que se conociera y se hubiera declarado la emergencia sanitaria y fuera conocida la posibilidad de contagio, se celebraron en toda España las manifestaciones del día de la mujer" y asegura que esas concentraciones fueron "publicadas, jaleadas y convocadas por los partidos políticos Podemos y PSOE".
Pilar Gutiérrez sostiene que el Gobierno, "no adoptó como medida precautoria la suspensión de las manifestaciones a pesar del riesgo de contagio y propagación masiva del coronavirus declarado, cierto y científica y administrativamente avalado por los organismos internacionales especializados".
También dice que incluso los dirigentes denunciados alentaron esas concentraciones y añade que "la vicepresidenta ha acudido a la manifestación acompañada de una nutrida representación de ministros socialistas: la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Educación, Isabel Celaá; la de Exteriores, Arancha González Laya, y la de Política Territorial, Carolina Darias" y presenta pruebas de que Irene Montero, ministra de Igualdad, también anunció la manifestación en sus redes sociales.
La denunciante aporta como prueba varias publicaciones referentes a declaraciones de miembros del Gobierno sobre la pandemia del COVID-19. La cuarta prueba se refiere en concreto a las declaraciones efectuadas por Irene Montero sobre la bajada de participantes del 8M debido "al coronavirus" dado "el sentimiento generalizado de pánico que ya hay".
"Únicamente se puede pensar que prefirieron primar sus intereses ideológicos particulares como representantes de los partidos en cuestión sobre sus altísimas responsabilidades derivadas del carácter que ostentan de miembros del gobierno. No obstante, ese es un posible análisis meramente político y ajeno a las cuestiones que se sustancian en la presente denuncia pues lo importante son los hechos y su resultado", dice Pilar Gutiérrez.
Pilar Gutiérrez durante una intervención televisiva
La denuncia recoge que "la realidad es que existe un nexo de causalidad innegable entre las acciones y omisiones de los denunciados y la terrorífica propagación de la enfermedad con miles de muertos, docenas de miles de enfermos, la sanidad en colapso y la economía al borde de la quiebra, a lo que hay que sumar una violación brutal de derechos fundamentales de la persona como consecuencia del RD de estado de alarma, puesto que la pretendida limitación de la libertad de movimientos contenida en él no es tal, sino una auténtica suspensión del artículo 19 de la Constitución que no puede adoptarse en una declaración de estado de alarma".
Los delitos que atribuyen a los miembros del Gobierno no están concretados "pues la cifras no hacen sino crecer cada hora, de homicidio y lesiones cometidos con dolo eventual. Concurre dolo eventual porque los denunciados, sin albergar la intención de matar o causar lesiones, eran perfectamente conscientes de que tales resultados podrían derivarse de sus actos tanto efectivos como omisivos".
Pilar Gutiérrez añade el daño psicológico de los sanitarios: "Deben tenerse también en cuenta las lesiones psicológicas que la situación ha causado a un buen número de sanitarios que se han encontrado ante la insoluble tesitura de transformarse transitoriamente en Dios y verse en la obligación de elegir qué paciente vivirá y a cuál otro han de condenar a la muerte simplemente por no haber respiradores suficientes para todos. Por supuesto que el artículo 147.1 del Código Penal incluye las lesiones psicológicas".
La denuncia recoge que no hay un solo responsable de la tragedia y por eso denuncia a cuatro miembros del Gobierno, a quienes llega a acusar incluso de genocidas: "Sin perjuicio de lo expuesto e incluso de la consideración que se hace de haber concurrido dolo eventual (que es lo que parece a primera vista), la evolución de los acontecimientos y el contexto europeo relacionado con las decisiones adoptadas por diversos gobiernos ante la pandemia, aconseja ir más allá e investigar si la conducta de los denunciados pudo ser intencionada y estar orientada a causar un genocidio".
La denominada como "la señora más franquista de España" habla en su denuncia también de "una posible intencionalidad en la propagación del virus para crear pánico en la población y así hacerla dócil a la imposición de las medidas represivas del estado de alarma fraudulento y extenderlo ilegalmente en el tiempo para justificar el cierre del Parlamento y la suspensión de la libertad de prensa con el fin de imponer su agenda política revolucionaria, obviando la resolución de la crisis sanitaria". La denuncia se formuló el pasado 17 de junio en el Tribunal Supremo.