viernes, 27 de noviembre de 2020

El Expediente Royuela, la trama de asesinatos censurada por el gobierno español

El Expediente Royuela, la trama de asesinatos 
censurada por el gobierno español
-15 noviembre 2020


El Expediente Royuela nos muestra una realidad desconocida hasta ahora para muchos. Quizás no lo conozcas, pero este caso muestra el nivel más extremo de corrupción en el sistema. Una red de asesinatos organizada desde el sistema judicial español, dedicada a asesinar a todos aquellos que sea necesario para conseguir dinero y poder. Esta trama corrupta de asesinatos fue articulada por el Fiscal Mena, fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sustitución de Carlos Jiménez Villarejo, cargo que ocupó hasta su jubilación en 2006. El fiscal Mena es además, uno de los fundadores de la asociación Unión Progresista de Fiscales.

Esta red de corrupción involucra todo tipo de actividades ilegales, incluyendo asesinatos por encargo, lavado de dinero, secuestros, chantajes, sobornos y cualquier actividad mafiosa que te puedas imaginar. Entre los principales contratantes de los servicios de asesinato podemos encontrar gente de la élite o incluso la cúpula de partidos políticos como el PSOE.

La documentación que demuestra todo esto está siendo expuesta por la familia Royuela, una de las familias afectadas por esta trama delictiva. La cruzada personal de esta familia está logrando volver cada vez más conocida esta trama, exponiendo miles de documentos, en los que se muestran los encargos de asesinatos, el seguimiento de las víctimas, los presupuestos del encargo y más detalles.

Alberto compró secretamente la documentación por 80.000 €; luego la trasladó a Francia, pagando por ello otra suma de dinero. Allí se examinaron las 36.000 carpetas, cada una con unas 15/20 hojas manuscritas por Mena y sus colaboradores, descubriéndose la trascendental importancia de su contenido, incluido el asesinato de Javier Royuela. Documentos escritos por el puño y letra del fiscal Mena, certificados por diferentes empresas de caligrafía de prestigio internacional, donde se explica de manera detallada los encargos.

Esta organización criminal provocó la muerte de periodistas, famosos, políticos y todo tipo de personas de la élite española. Más de 1000 asesinatos registrados con nombres y apellidos. Toda esta trama pasó desapercibida a la luz pública durante años, ya que están involucrados distintos aparatos estales como la policía judicial, laboratorios forenses, servicios de inteligencia, guardias civiles corruptos e incluso se usaban presidiarios para realizar servicios.

El gobierno censura el Expediente Royuela

La semana pasada conocimos la noticia de que el Gobierno había puesto en marcha un plan contra las “fake news” (noticias falsas), que ya se conoce como el “Ministerio de la Verdad”. Oficialmente se llama Observatorio Digital del Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es decir, de los servicios de espionaje.

El “Ministerio de la Verdad” formaba parte de lo que sería un futuro gobierno, en el libro 1984 de George Orwell, que forma parte de las denominadas obras distópicas. Probablemente lo más conocido de esta obra es el Gran Hermano, que es un gobierno que observa constantemente a sus gobernados para controlarlos.

Con las nuevas tecnologías y el todo todopoderoso macro-Estado, desde hace años podemos dudar de si estas obras son distópicas (peor futuro imaginado), son visionarias o incluso si se quedan cortas.

Hoy se ha conocido la primera actuación del Ministerio de la Verdad.

El País ha publicado un artículo de Miguel González, con el titular: “El bulo del ‘expediente Royuela’” y un segundo titular: “El observatorio de la desinformación del CNI alertó de una campaña conspiranoica que implicaba a fiscales en una trama criminal”.

En la noticia se dice que en el Expediente Royuela, Alberto Royuela “acusa sin pruebas a un grupo de fiscales y funcionarios de las fuerzas de seguridad, caracterizados por su compromiso con la democracia, de centenares de asesinatos”.

Es público y notorio que la mayoría de los españoles sabemos que las autoridades públicas son corruptas, como publican las encuestas periódicas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Eurobarómetro de la Unión Europea. Precisamente en este momento se están retrasando las ayudas europeas por el coronavirus, debido a la desconfianza en que los políticos no roben ese dinero, encubiertos por los fiscales y jueces. La corrupción española suponía un 8% del PIB en 2018, según la propia Unión Europea.

Varias personas están pidiendo explicaciones a este escritor de fake news, Miguel González, y a El País. En las redes se está haciendo una dura crítica a este pseudo periodista del régimen.

Como se ha venido diciendo en algunos medios, el Observatorio Digital no se ha creado para controlar las “fake News”, sino para controlar las noticias contrarias a la versión oficial (fake news del régimen) o que acrediten la criminalidad institucional.

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