El socialista Carmona desafía públicamente
a Sánchez y Celaá recogiendo firmas
en defensa del español
13 Nov 2020
La Ley Celaá, gracias al Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, ha aprobado una enmienda en la que se suprime "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares"
El político socialista Antonio Miguel Carmona ha desafiado públicamente a Pedro Sánchez y a su ministra de Educación, Isabel Celaá, promoviendo un manifiesto donde se puede firmar a favor del carácter vehicular del idioma español.
Carmona (PSOE), que fue candidato a la alcaldía de Madrid y está enfrentado al presidente del Gobierno, no ha permanecido impasible ante los últimos movimientos en materia educativa -que por desgracia, incluyen contraprestaciones a partidos nacionalistas para conseguir su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado– y ha abierto un manifiesto en la plataforma Change.org en defensa del español.
«El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción»
El tertuliano de laSexta, que ya lleva recaudadas 63.000 mil firmas, añade en su manifiesto lo siguiente:
El español es el idioma de todos y cada uno de los españoles, la base de nuestra cultura, diversa y plural, la principal garantía de la unidad cuya capacidad vehicular nos enriquece.
El acervo literario y lingüístico pertenece a todos los españoles, sin excepción. Y a seiscientos millones de hispanoparlantes cuyas raíces comparten
el orgullo de hablar y escribir la lengua de Cervantes.
Por eso el artículo 3 de la Constitución española establece:
“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».
En el debate parlamentario sobre el contenido de la nueva ley de educación (LOMLOE), el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos, han propuesto y aprobado una enmienda en la que se suprime del texto que «el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares».
Hacer país es sumar, nunca restar. Defender lo que nos une. En la historia y en el porvenir.
Para mayor abundamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja clara la interpretación de la Constitución que establece que cualquier lengua cooficial de una comunidad autónoma puede ser vehicular “…pero eso no puede suponer que el castellano deje de serlo porque todos los españoles tienen derecho a conocerla y utilizarla. Al hablante no se le puede imponer la obligación de conocer una lengua que no tiene obligación de conocer».
Por otra parte afirma que «corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado».
Tristemente de facto el castellano ya no es lengua vehicular en la enseñanza en algunas comunidades autónomas. La enmienda consagra un error histórico.
Cabe en este contexto especular sobre las circunstancias y las razones que han llevado al Gobierno de la Nación a modificar el texto mediante una enmienda acordada entre los grupos políticos PSOE, Podemos, ERC y Bildu.
Los independentistas han declarado: “No nos oponemos a que se estudie el español como lengua, como lo puede ser el inglés o el francés, pero en ningún caso vehicular”.
Sin duda las exigencias de la aprobación del proyecto de Presupuestos, presentado días pasados, han debido ser relevantes a la hora de tomar dicha decisión. Si tal es el caso, el derecho y el deber de conocer y utilizar en el sistema educativo el idioma español no debería ser objeto del debate de Presupuestos dado que pertenece a un ámbito superior, el de los derechos básicos de los ciudadanos y el de la responsabilidad de las instituciones esenciales del Estado.
La enmienda supone una modificación sustancial de la posición del Partido Socialista Obrero Español sobre un tema central en el contenido de los acuerdos adoptados en el Pacto Constitucional.
Los abajo firmantes reclamamos que se respete la evidente naturaleza vehicular del idioma castellano en el contexto de la actividad educativa en todo el territorio español, sin perjuicio del desarrollo y la normalización del resto de las lenguas cooficiales reconocidos y garantizados por nuestra Constitución.
Fin del español como lengua vehicular en la enseñanza
La oposición en bloque (PP, VOX y Ciudadanos) ha criticado la Ley Celaá, que provocará el fin del español como lengua vehicular en la enseñanza. Diversas asociaciones civiles españolas, catalanas, baleares y valencianas advierten que dicha Ley provocará la desaparición del español en las escuelas de sus autonomías.
El objetivo del Gobierno –PSOE y Podemos– tras pactar con ERC es blindar la inmersión linguística.
Los republicanos se vanagloriaban en sus redes sociales de haber «forzado» que el catalán sea ahora la única lengua vehicular en Cataluña.
Gracias a la Ley Celaá, la Generalitat ya puede prescindir de ofrecer un mínimo de un 25% de las clases en español tras perder la condición de vehicular.