Ley Celaá y Educación para la Masonería
El IMPOSIBLE ACUERDO EDUCATIVO
con el SOCIALISMO
23 noviembre 2020
A finales del primer cuarto del siglo XX, en Inglaterra había casi medio millón de masones y hasta cuatro millones de personas eran miembros de la masonería en los Estados Unidos- En Francia eran decenas de miles, igual que en Italia. En la muy católica España, eran apenas 3.000 y su influencia era descriptible como escasa. En aquellos años de rumores y conspiraciones, la inseparable conjugación de republicanismo y anticlericalismo hacía que todo aquel personaje público que fuera republicano y anticlerical recibiera la etiqueta de masón, desde Lerroux hasta Canalejas pasando por el presidente de la primera República: Pi i Margall. Sin embargo, la mayoría de los señalados no lo eran. Es cierto que Salmerón lo fue, y hasta Martínez Barrio, pero no es menos cierto que Canalejas fue asesinado por los disparos de un supuesto anarquista del que el propio general Franco aseguró que era masón.
Así que con ciertas excepciones que tenían que ver más con el dinero, la fuerza de la masonería como organización colegiada era muy escasa a principios del siglo XX, cuando la militarización de la sociedad y la confesionalidad del reino eran obstáculos insalvables para los masones.
Un ejemplo de todo lo anterior lo hallamos en la figura del pedagogo y masón afrancesado Francisco Ferrer i Guardia, fundador de las Escuelas Modernas, juzgado y condenado a muerte por ser el principal instigador de la Semana Trágica de Bárcelona de 1909 en la que un supuesto levantamiento popular por culpa de la política belicista de Antonio Maura, dio paso a la quema de setenta iglesias y conventos. A lo largo del juicio, la corte marcial jamás aludió a la condición de Ferrer como miembro de una sociedad secreta. Los militares sabían que la masonería era sólo una palabra.
La izquierda materialista concedía el derecho a cada profesor a poder impartir la enseñanza que deseara al margen del ideario del centro y de la voluntad de los padres
Sin embargo, todo cambió en dos décadas. El peso de los masones en la composición del nuevo gobierno republicano surgido en 1931 por la descomposición monárquica y la rendición de la derecha, era, en porcentaje, similar a la presencia de masones declarados en los principales centros de poder de España: entre el 30 y el 40 por ciento.
Es esta presencia masiva de la masonería en los cenáculos la que lleva a los encargados de redactar la Constitución de 1931 a suscribir artículos igualitaristas (por abajo) y fraternalistas como el número 48 que consagra que la educación deberá ser “única, gratuita, obligatoria, laica e inspirada en los principios de la solidaridad humana”.
Eso sí, la Constitución reservaba la posibilidad de que las iglesias que quieran enseñar de acuerdo a su propia doctrina (en 1931, lo de “iglesias” quería decir la Iglesia católica), pudieran hacerlo, pero sujeta a la tutela y control de la inspección del Estado. Si había alguna duda, el segundo punto del mismo artículo 48 es el segundo gran pilar del ideal masónico: “La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada”.
Gregorio Peces-Barba teatralizó el desprecio que los vencedores del Congreso de Suresnes sentían por el nuevo Artículo 27
Esa libertad significaba que la izquierda materialista concedía el derecho a cada profesor a poder impartir la enseñanza que deseara al margen del ideario del centro y de la voluntad de los padres. Esa era la gran apuesta de la masonería en España en los alrededores del primer cuarto del siglo e inspira la acción de gobierno socialista: ante la ausencia de una red escolar pública de tanta calidad como la de los colegios concertados, lo mejor era garantizar que los profesores podrían enseñar sus ideas al margen de las que pudiera tener el centro o los padres que querían que sus hijos se formaran de acuerdo a su moral.
Tras la muerte del general Franco y durante los trabajos de la ponencia constitucional, el ponente socialista, Gregorio Peces-Barba, teatralizó el desprecio que los vencedores del congreso de Suresnes sentían por el nuevo Artículo 27 en el que tres ucedistas, un nacionalista, un comunista y Manuel Fraga, ninguno de ellos masón, se pusieron de acuerdo en asegurar que la Constitución reconociera la libertad de los centros a tener su propio ideario y la de los padres a elegir la educación moral de sus hijos de acuerdo a sus convicciones.
Para los socialistas, que llegaron a abandonar la ponencia, que jamás firmaron aquel Artículo 27 y sólo volvieron para hacerse la foto, su ideal era el de que la Constitución de 1978 hiciera defensa cerrada de la libertad de cátedra, es decir: del supuesto derecho de cada profesor a impartir la enseñanza que desee al margen del ideario del centro. Esta libertad de cátedra es la que Constitución republicana consagró: una enseñanza laica que no buscaba la neutralidad confesional en el aula, sino la educación anticlerical y atea.
Para los socialistas, el Estado debe tener el derecho exclusivo a crear conciencia sociopolítica en las aulas
Esta libertad de cátedra es masónica desde la A hasta la Z y fue el caballo de batalla de la Liga de Enseñanza, una organización que se fundó en 1925 en España y que salió de las entrañas mismas de la Gran Logia Española. Esto lo prueba una carta firmada del gran maestre de la Logia en la que destaca a la Liga “entre todas las instituciones profanas fundadas y regidas por masones como la que quizás merezca una mayor colaboración por parte de todos los hermanos”.
En 2001, los herederos masones de aquella Liga, agrupados en torno a la Asociación Pi i Margall (en homenaje al presidente de la Primera República y masón), suscribieron el llamado Manifiesto de Motril en el que se exigía, por primera vez desde la Segunda República, la ruptura del Concordato, el cese de la financiación estatal a cualquier institución religiosa, la eliminación de la asignatura de religión como enseñanza curricular y la eliminación de cualquier tipo de ‘adoctrinamiento’ religioso en el ámbito escolar.
En esa estela, y tras la victoria de Zapatero en 2004, el ideólogo de cabecera del presidente, Gregorio Peces-Barba, el que abandonó la ponencia constitucional y que jamás firmo el Artículo 27, urdió la decisión de acabar con la Ley de Calidad de Educación del último Gobierno de Aznar. Los socialistas, agrupados en torno a Peces, llegaron a la conclusión de que el problema educativo no es un asunto de centros, padres o incluso de claustro, sino que es una cuestión política y así debe ser tratada, exactamente tal y como lo pensaron los masones de la Liga de Educación.
Para los socialistas, el Estado debe tener el derecho exclusivo a crear conciencia sociopolítica en las aulas. A eso, el Gobierno de Zapatero lo llamó “Educación para la Ciudadanía”.
Como primera medida para implantar ese modelo de escuela racionalista, el Gobierno de Zapatero se acogía a otra idea masónica: negar a los centros que puedan optar libremente por la educación diferenciada ya que los masones consideran que la coexistencia en el aula de ambos sexos es garantía de igualdad futura.
La segunda medida es la de minusvalorar la presencia de lo religioso. Para la masonería, el educando debe rechazar cualquier verdad dogmática, la moralidad objetiva y las instituciones dogmáticas. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba advertía de que “los obispos tendrán asignatura de Religión, pero no la que ellos quieren”, estaba asentando en su ideario uno de los pilares fundamentales de la actividad masónica: la consagración de la llamada “moral civil, independiente, libre y racional” compatible con cualquier religión pero que en la práctica las excluye a todas, sobre todo a la religión católica, es decir, a “la de los obispos”.
Por último, el tercer gran pilar de la masonería que es el desplazamiento de Dios o la promoción activa del laicismo. Esto implica la reclusión de lo religioso y de las religiones concretas en los templos y, sobre todo, en lo más hondo de la conciencia de cada cual de donde no deberá salir para exponerse en público. Y ese “público”, en el aserto masónico y ahora en el socialista, es cualquier espacio educativo. Sin eufemismos: la escuela concertada católica.
Los asesores de Wert informaron al ministro de que todo esfuerzo de consenso con la izquierda en materia educativa es inútil
Esa idea era la base de la Ley de Libertad Religiosa que iba a ser el proyecto estrella del Gobierno Zapatero en su último tramo de legislatura pero que ante la inminencia de la llegada al poder del Partido Popular de Mariano Rajoy —que fue ministro de Educación en el primer Gobierno de Aznar en 1996— fue encerrada en un cajón a la espera de que “ya toque”. Y ya toca.
La mayoría (desaprovechada) de Rajoy supuso el desembarco en la Cartera de Educación de José Ignacio Wert. Un hombre de la socialdemocracia del Partido Popular, con magníficos contactos en los medios de comunicación progresistas y que se empeñó en elaborar una nueva Ley de Educación más o menos profesional y moderada, que enlazara con la LOCE que fue diseñada por el Gobierno de Aznar y que contara con el respaldo de la comunidad educativa.
Los asesores de Wert y los funcionarios que trabajaban desde hacía décadas en el Ministerio de Educación informaron al ministro de que todo esfuerzo de consenso con la izquierda en materia educativa es inútil. Literalmente se le dijo que lo iban a destruir ad hominem, pero Wert desoyó y desechó las advertencias, asegurando —muy ufano y confiado— en que el era un hombre con un prestigio incuestionable en la izquierda. «Yo vengo de Prisa» (grupo mediático y cabecera ideológica del socialismo desde la Transición española), decía el ministro a todo el que le quisiera escuchar, que no oír.
Instalado ya el Gobierno socialcomunista, en plena pandemia de virus chino, con más de 65.000 muertos extraoficiales y sin consulta alguna con la comunidad educativa, se ha repetido el guion
Wert fue destruido. Podría haber presentado el manual de instrucciones de un ciclomotor y hubiera sido destruido. La campaña mediática y política lanzada contra él fue de exterminio. Al cabo de dos años, ya era el ministro con la calificación mas baja en las encuestas de popularidad. La izquierda, su Prisa, le distinguió con una cacería formidable que lo convirtió, en una sociedad desinformada como la española, que se mueve por impulsos mediáticos, en el enemigo público número uno.
A trancas y barrancas, Wert logró sacar adelante su Ley de Educación —profesional aunque muy mejorable, muy en el punto medio tibio moderado socialdemócrata y con errores palmarios en los temas universitarios—, y fue relevado por Rajoy. Tanta gloria lleves, etc.
Cuatro años después, instalado ya el Gobierno socialcomunista, en plena pandemia de virus chino, con más de 65.000 muertos extraoficiales y sin consulta alguna con la comunidad educativa, se ha repetido el guion de la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, el mismo guion del PSOE de Felipe González y su infame LODE, el mismo guion de aquella fracasada Segunda República: derogación de cualquier ley educativa de la derecha, incluso de la derecha moderada, incluso del centro-moderado-progresista, y su sustitución por una ley contraria al principio rector constitucional de libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Es decir, contraria a la excelencia, a la cultura del esfuerzo, al respeto por la cultura cristiana y a la educación especial para alumnos con necesidades especiales. Una ley igualitaria por abajo y por los costados.
Como dirían Les Luthiers, el temato davía da para más (España ha sufrido ya ocho leyes educativas en cuarenta años y los resultados son desoladores. Al trivium y al quadrivium ni se le esperan) pero confío en que se haya entendido mucho mejor con qué tradición laicista-masónica entronca la recién aprobada Ley Celaá. Que nadie entienda que esta Ley se ha redactado en una logia masónica, no sólo por su irrelevancia actual, sino porque ya no hace falta. La Gran Logia son ellos.