miércoles, 22 de junio de 2022

La pérdida de la universidad por el Régimen de FRANCO: la supresión del SEU

La pérdida de la universidad por el Régimen: 
la supresión del SEU
Por Toribio 
 22/6/2022


Coincidente con la celebración en 1964 de los “Veinticinco años de Paz”, éxito incuestionable del gobierno del Caudillo, máxime teniendo en cuenta la hasta entonces reciente historia de España, así como con el desarrollo económico ya a pleno rendimiento, comenzó a extenderse entre no pocos de los que venían siendo destacados prohombres del Régimen una insana tendencia a desligarse de él creyendo que su existencia iba a ser corta desde el momento en que perdiera el favor del Vaticano; y es que la Iglesia ya daba señales claras de querer alejarse de él. Un ejemplo, entre varios, fue el de José María de Areilza, conde de Motrico, que venía desde hacía dos décadas ostentando cargos en el Régimen, el cual dimitía como embajador de España en París en Septiembre de 1964, no teniendo escrúpulo en iniciar sus actividades contra Franco publicando una biografía elogiosa del ideólogo separatista vascongado Sabino Arana.


Así pues, y con el fin de desacreditar el incuestionable éxito citado, se prepararon una serie de acciones coordinadas, cuya traca final debía ser una gran huelga en la universidad, con revueltas callejeras incluidas, que consiguiera expulsar de ella toda influencia de parte de los profesores y estudiantes favorables al Régimen; la manipulación de la juventud, y sobre todo la estudiantil, ha sido siempre herramienta predilecta para tal clase de fines.

Como preparación y forma de “calentar” el ambiente, fueron varios los actos organizados desde sectores tan alejados unos de otros como eran los católicos, democristianos, liberales, monárquicos –todos sus representantes siempre estuvieron integrados en el Régimen al cual además se lo debían todo– con los comunistas, unidos circunstancialmente sólo por su inquina contra el “enemigo común” a batir que era Franco y el Régimen

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Gil Robles en 1964

Principal protagonismo iba a tener Gil Robles –líder de la extinta CEDA antes de la guerra–, quien en Diciembre de 1964 regresaba a España después de haber permanecido en el extranjero voluntariamente durante un año y medio tras su participación en el «Contubernio de Munich»; como en otros muchos casos nadie le impidió el regreso, nadie le molestó y nadie le iba a impedir que volviera a implicarse en actividades contra el Régimen, una muestra más de la «terrible dictadura franquista» que hoy se pretende. Para sus actividades contra él utilizaría dos instituciones que funcionaban sin cortapisa alguna de parte de las autoridades como eran la Asociación Española de Cooperación Económica y el Club de Amigos de la UNESCO.

Tierno Galván en 1964

Utilizando dicho club –no pocos de cuyos miembros evidenciaban ya una marcada tendencia filo-marxista–, Gil Robles auspició el 19 de Noviembre de 1964 una conferencia sobre Unamuno de Enrique Tierno Galván, catedrático de la Universidad de Salamanca –por la que ni aparecía, pues residía en Madrid, aunque sí cobraba de ella–, y cuya ideología marxista ya no iba a ocultar por más tiempo, la cual aprovechó Tierno para exaltar el separatismo vascongado y atacar al Régimen. A pesar de que la Policía estaba informada de la deriva política que iba a tener el acto, no fue prohibido.

Jiménez de Parga en 1964

Pocos días después, el 28 de Noviembre, le tocó el turno a la Asociación Española de Cooperación Económica que organizó un coloquio sobre integración en Europa, cuyo objetivo era, una vez más, abogar por que se impidiera el ingreso de España en el Mercado Común. El acto estuvo presidido por Gil Robles, actuando como moderadores y ponentes los catedráticos Tierno Galván y Manuel Jiménez de Parga. Nuevamente, a pesar de que la Policía estaba puntualmente informada del objetivo del acto, no se prohibió. El 10 de Febrero de 1965, la Asociación cargaría de nuevo otra vez contra el Régimen en un acto de pretendido homenaje a Churchill.

Por parte de los sectores católicos sería Joaquín Ruiz-Jiménez el encargado de llevar la voz cantante. En Febrero de 1965, amparándose en su condición de catedrático de Derecho Natural de la Universidad de Madrid –cátedra de la cual, y a pesar de sus ya para entonces públicas actividades contra el Régimen, no había sido apartado–, quien solicitar autorización para realizar un ciclo de conferencias en principio sobre la encíclica «Pacem in Terris» de Juan XXIII. Pero al conocerse que de lo que se trataba, con la excusa de reclamar por parte de Tierno Galván «…un régimen liberal parlamentario para España…», llamar a la huelga universitaria, el acto no fue esta vez autorizado.

Ruiz-Jiménez en 1965

En Marzo de 1965, Ruiz-Jiménez de nuevo –a pesar de haber sido recibido recientemente en audiencia privada por Franco y de que seguía siendo Procurador–, escenificaba en las Cortes, de forma un tanto teatral, su ruptura definitiva con el Régimen del que había sido incluso ministro, dimitiendo, aprovechando para ello la polémica surgida en la sesión de debate de un proyecto de ley de asociaciones con el que el Régimen pretendía aumentar la representatividad y participación del pueblo en las instituciones, siempre dentro del Movimiento. En sus varias y abruptas intervenciones en contra de dicho proyecto de ley, Ruiz-Jiménez se explayó de forma premeditada llevando el asunto al terreno que le interesaba que no era otro que el de reclamar la sustitución del Régimen –y abolición de los Principios Fundamentales sobre los que se sustentaba– por otro sistema político de corte liberal; el hecho de que Ruiz-Jiménez —«observador» seglar del Concilio Vaticano II– fuera tenido por prominente y avanzado representante de la Iglesia, daba a su postura una fuerza especial ya que muchos consideraron que lo que él expresaba era la opinión de la Santa Sede, lo que era verdad.

En coordinación con los hechos anteriores, que en realidad, y como se ha dicho, no tenían otro objeto que preparar el ambiente necesario para las revueltas estudiantiles que se estaban organizando, el 16 de Febrero de 1965 –significativo aniversario del acceso al poder en 1936 del Frente Popular–, se celebraba en el salón de actos de la Universidad de Madrid una «asamblea», manifiestamente ilegal según los propios estatutos de dicho centro educativo, en la que participaron varios catedráticos y profesores de la misma. En el acto se solicitó la reposición en sus cátedras de los profesores que habían sido apartados de ellas en 1943 por su adscripción al Frente Popular y la elección de los rectores y decanos por la junta de catedráticos y no por el ministerio de Educación; también se protestó por la suspensión del ciclo de conferencias de Ruiz-Jiménez.

José Luis López Aranguren

Una semana después, el 23 de Febrero, eran los profesores, declaradamente marxistas, Agustín García Calvo y José Luis López Aranguren, los que dirigían otra tumultuosa «asamblea», esta vez de estudiantes, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, en la que se «eligió», en realidad se impuso, un «comité de huelga» formado en su totalidad por miembros de la comunista y clandestina Federación Universitaria Democrática de Estudiantes (FUDE). A su término, Aranguren intentó iniciar una manifestación que impidió la Policía teniendo que cargar contra los estudiantes, al tiempo que detenía durante algunas pocas horas a los catedráticos que marchaban a su cabeza. Es curioso señalar que a pesar de que los Servicios de Información de la Presidencia del Gobierno, dirigidos por el Almirante Carrero Blanco, reconocían en un informe confidencial que la «asamblea» tenía por objeto «hacer ambiente al nuevo sindicato estudiantil planeado por el Partido Comunista para derrocar al Régimen español», estos mismos Servicios, que actuaban sólo como observadores de lo que pasaba sin implicarse dejando a la Policía cumplir con su función, criticaron la intervención de ésta al considerar que al golpear a algunos estudiantes para disolverlos habían «creado mártires», al igual que al detener, aunque hubiera sido durante muy poca horas, a los catedráticos citados, dejando con ello patente la voluntad de las más altas autoridades del Régimen –estamos hablando de Carrero Blanco, Subsecretario de la Presidencia– de no reprimir con dureza a los que se oponían a él incluso cuando provocaban altercados. Es también curioso señalar que conforme las algaradas se prolonguen en el tiempo, como veremos, la Policía emitirá un informe en el que expresará a sus jefes el malestar que causaba entre los guardias la duración de los servicios porque impedía a muchos de ellos asistir a sus varios pluriempleos, por lo que pedían un pronto incremento de los efectivos, muestra de que las Fuerzas de Seguridad de esa «dictadura» ni eran tan numerosas, ni tan bien pagadas, ni tan omnipotentes como hoy se nos quiere hacer creer.

De acuerdo con lo sucedido, probada falta grave de parte de los profesores implicados al incitar a los estudiantes a la huelga, y con el reglamento disciplinario en la mano –el mismo que en su día elaborar precisamente Joaquín Ruiz-Jiménez cuando fue ministro de Educación–, Manuel Lora-Tamayo, ministro del ramo en ese instante, suspendió provisionalmente en sus funciones a los catedráticos y profesores implicados en las algaradas. A pesar de ello, el 25 de Febrero volvía a repetirse la «asamblea libre», esta vez en la Facultad de Letras, con la presencia de dichos catedráticos, a los que se unió Tierno Galván, demostración de la conexión y coordinación que existía entre estas revueltas y los actos de los que ya dimos cuenta previos a ellas. Pero aún más: los días 26 y 27 se celebraron nuevas «asambleas», esta vez en la Facultad de Medicina, en las que García Calvo leyó una carta que Gil Robles había enviado a Aranguren felicitándole por su actuación y animando a los estudiantes a perseverar en su revuelta.

Asamblea en la universidad de Barcelona 
orquestada por la FUDE en 1965

En las «asambleas» celebradas en la Facultad de Derecho sería el propio Ruiz-Jiménez quien tomaría su dirección, elaborando, firmando y presentando ante el decanato un escrito en el que pedía literalmente «la supresión del SEU» –que era el gran objetivo oculto perseguido– y «la reforma de las leyes reguladoras de los estudiantes para otorgarles mayor libertad de expresión»; leyes, por otra parte, que habían sido elaboradas en su día por él mismo, por lo que no podía incurrir en mayor incoherencia. La petición, por haber sido impulsada y presentada por persona tan conocida, provocó una profunda división entre los catedráticos, dejando en minoría a los leales al Régimen, fuera por miedo –la Universidad era presa de la violencia de grupos adscritos a la comunista FUDE– o por interés personal de cara al futuro.

El 28 de Febrero se realizaba la que se llamó «IV Asamblea» de estudiantes durante la cual se conoció la noticia de que la huelga se extendía a las Facultades de Filosofía y Letras de Pamplona y Salamanca. Entre las autoridades universitarias cundía entonces el temor a que las revueltas se extendieran aún más, sobre todo a Barcelona donde podían volverse especialmente peligrosas si eran aprovechadas por los sectores separatistas catalanes

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Gral. Alonso Vega

Como consecuencia de todo ello, el 1 de Marzo surgía entre los ministerios de la Gobernación (Interior), dirigido por el Gral. Alonso Vega, el de Educación, por Lora-Tamayo, y el de Presidencia del Gobierno, por el Almirante Carrero, una fuerte controversia sobre la mejor forma de atajar las revueltas. Carrero propuso aceptar la disolución del SEU como pedían los estudiantes, considerando que poco se perdía pues hacía ya tiempo que su presencia era prácticamente nominal; Alonso Vega era partidario de actuar con contundencia, aceptando la propuesta de la Secretaría General del Movimiento de detener a García Calvo, el más activo de todos los catedráticos implicados, a pesar de lo cual seguía gozando de plena libertad de movimientos; Lora-Tamayo insistía en mantener la Universidad abierta a pesar de que ello daba facilidades a los revoltosos. Carrero logró que se aprobara como primera medida la por él propuesta, encargándose al Vicesecretario General del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor –padre del periodista Luis Herrero–, que negociara en secreto con los estudiantes del SEU más significativos.


El 4 de Marzo las algaradas se contagiaban a las Universidades de Bilbao y Barcelona, mientras que el decano de la de Ciencias de Madrid, Enrique Costa Novella, se sumaba en un escrito a las demandas de los estudiantes.

El 6 de Marzo la revista «Ecclesia» –hecho muy significativo de que una vez más, y como ocurriera con Ruiz-Jiménez, la Iglesia estaba de parte de los agitadores— publicaba antes que nadie –e incluso de que fuera oficial– el acuerdo de supresión del SEU.

Pero el problema de tal solución era doble: mientras los revoltosos y sus instigadores conseguían su más importante reivindicación y podían mostrarse triunfantes, el Régimen perdía la única herramienta, bien que ya muy defectuosa, que le quedaba para organizar y articular a los universitarios dentro del Movimiento, por lo que al suprimir el SEU condenaba definitivamente a la Universidad a ser pasto de los sindicatos estudiantiles que iban a proliferar a partir de ese instante de la mano, cómo no, de los marxistas.

No obstante la importante concesión citada, el 9 de Marzo se producía un asalto general a la Universidad de Económicas de Madrid, que la dejó en un estado lamentable, con la excusa de celebrar otra «asamblea», quedando claro que mantener la Universidad abierta, como era empeño del ministro de Educación, resultaba imposible y contraproducente.


Tras unos días de calma, provocados única y exclusivamente porque muchos de los agitadores comunistas de la FUDE se habían trasladado a Barcelona para impulsar allí las algaradas, el 25 de Marzo, ya de vuelta otra vez en Madrid, estos mismos agitadores organizaban nuevas «asambleas» en varias Facultades, acordando iniciar al día siguiente una manifestación desde la Facultad de Económicas –ubicada en la calle de San Bernardo–, cuyo objetivo era el Ministerio de Educación sito en la calle de Alcalá. El día 26, tal y como se había decidido, la manifestación intentó alcanzar su objetivo obligando a la Policía a intervenir para disolver a los estudiantes, deteniendo, bien que sólo durante algunas horas, a veintiuno de ellos, entre los que figuraba el hijo mayor de Gil Robles.

Entonces, el Ministerio de Educación no tuvo ya más remedio que decretar el cierre de la Universidad hasta después de Semana Santa, al tiempo que abrir expediente disciplinario a los catedráticos Aranguren, Tierno Galván y García Calvo, de resultas de los cuales serían apartados de sus cátedras, mientras que otros dos, Montero Díaz y Aguilar Navarro, serían separados de las suyas por un corto periodo de tiempo; en solidaridad con ellos dimitiría al poco José María Valverde.

El 5 de Abril, el Gobierno publicaba el decreto de disolución del SEU. Sorprendentemente, algunos, sobrevalorando lo ocurrido, creyeron entonces que la caída de Franco y del Régimen estaba cerca –Tierno Galván lo había asegurado en una entrevista concedida el 24 de Marzo a la agencia France Presse, así como el PCE lo afirmaba en un informe que remitía al PCI intervenido por la Policía–, análisis erróneo por ser producto más de sus deseos personales que de la realidad; también, por no haber tenido en cuenta que los estudiantes participantes en las revueltas no habían sido tantos como ellos pretendían, sino sólo los que utilizaban su condición no para labrarse un porvenir profesional, sino uno político.


Y es que, aunque desaparecía el SEU y la universidad quedaba abandonada y lista para ser pasto de la agitación marxista, el Caudillo y el Régimen seguían incólumes, toda vez que contaba con el absoluto respaldo popular, lo contrario que lo pretendido por Gil Robles, Ruíz-Jiménez, Tierno y demás, resultando por ello baldíos sus esfuerzos, exitosos sólo entre una minoría cuya peligrosidad descansaba en que disfrutaban de muy buena posición económica y que muchos de ellos ostentaban cargos en el seno del propio Régimen; lo cual no deja de ser una paradoja que vayan a ser precisamente muchos de los más beneficiados por él los que poco a poco iban a socavar sus cimientos hasta conseguir, sólo a la muerte de Franco, su total destrucción, aliándose incluso con aquellos con los que nada tenían que ver desde el punto de vista ideológico, los marxistas, pero sí mucho en cuanto a la búsqueda de sus ambiciones personales.