miércoles, 25 de enero de 2023

52 años de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. Un experimento neomodernista en la Iglesia española, antecedente de la Transición política española (2/2)

52 años de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes. 
Un experimento neomodernista en la Iglesia española, 
antecedente de la Transición política española (2/2)
 24/01/2023 


La rebeldía contra Roma

La opinión pública se encontró con tres documentos (el texto de la Congregación, la carta de la Secretaría de Estado, y unas manifestaciones atribuidas al Papa), más toda clase de versiones polémicas. Unos reclamaban la corrección de los errores señalados por la Congregación, otros atacaban a ésta y entendían las palabras del Papa como una desautorización; algunos, exultantes ante la manera en que la CEE se desentendió de la cuestión, clamaban por el inicio de una independencia del aparato romano 143.

El padre Alba, uno de los máximos exponentes de la HSE

La HSE denunció como numerosos medios de comunicación, especialmente católicos, habían restado valor, escandalosamente, al documento de la Sagrada Congregación del Clero sobre la desautorización de buena parte de las conclusiones de la Asamblea Conjunta 144. La Santa Sede utilizó fórmulas de cortesía con esa parte del Episcopado español que había quedado desacreditada ante el pueblo de Dios por su apoyo incondicional a las conclusiones de la Asamblea. Se buscaba una salida airosa para estos obispos, pero se imponía la corrección de los errores señalados por la Sagrada Congregación.

Según el CIC vigente entonces (canon 250), era falso que la Sagrada Congregación no tuviese autoridad si el Papa no conocía antes sus decisiones, puesto que este Dicasterio tiene asignada una función específica desde Pío IV en el siglo XVI. Tiene potestad para velar por la ortodoxia de los clérigos y la catequesis, y tiene autoridad sobre parroquias, catedrales y conferencias episcopales.

La Secretaría de Estado sólo es competente en las relaciones de la Santa Sede con los poderes civiles (canon 165 y 255). Es falso por lo tanto que el texto debiera pasar antes por la Secretaría de Estado. Las Congregaciones son instrumentos para el Gobierno de la Iglesia con autoridad de Magisterio Ordinario, y con la fuerza obligatoria que el texto exija 145.

Pese a que el texto iba firmado por el Cardenal Prefecto, algunos autores insisten en que no tenía aprobación del Papa, ni carácter normativo, al tiempo que señalan que fue utilizada por el Gobierno, como si ello le restase valor 146. En una extraña maniobra, desde algunos sectores de la curia romana se intentó disminuir el valor del texto de la Sagrada Congregación para el Clero. El propio cardenal Villot, Secretario de Estado, redujo su valor en carta al cardenal Tarancón, contradiciendo los términos del propio texto 147. El obispo de Segovia, monseñor Palenzuela, llegó a calificar el texto romano como endeble desde un punto de vista teológico y conciliar. La Congregación fue acusada de reaccionaria 148. Juan María Laboa atribuye al documento de la Sagrada Congregación para el Clero un episodio de «crónica negra eclesial» 149.

La revista Vida Nueva se rebeló contra el texto, negó su valor, y se dedicó a buscar desesperadamente a los responsables, encontrando siempre motivaciones políticas 150. El sacerdote Martín Descalzo corrigió a monseñor Cantero, asegurando que el texto no tenía valor normativo. Siendo director de Vida Nueva 151 desautorizó, desacreditó e intentó refutar el texto de la Santa Sede 152.

La prensa afecta al progresismo religioso pretendió al unísono burlar la relevancia del texto apelando a la teoría de la conspiración, como si ese hipotético complot desautorizase su contenido. El documento de Roma que desaprueba las conclusiones de la Asamblea habría sido una trama urdida por los obispos de extrema derecha apoyados en la influencia del Opus Dei en la Curia 153.

Martín Descalzo en ABC, comentando un artículo en el Diario Vasco del padre Orbe Garicano, miembro de la HSE, intentaba en vano disminuir la importancia del texto, dejando al Cardenal Prefecto y la Congregación en valor cero 154.

Varios teólogos de Salamanca firmaron un documento de réplica y desaprobación al texto romano. Fueron Fernando Sebastián, Olegario González, Antonio Rouco y José María Setién 155. Dos de ellos llegaron a cardenales; uno, obispo emérito; y otro ha sido catedrático en una universidad pontificia 156. También apoyaron las conclusiones de la Asamblea, Metz, Küng, Schillebeeckx y otros colaboradores de la revista Concilium. Quedaron señaladas la Comisión.


Fdo. Sebastián

Olegario González

Antonio Rouco

S
etien

«Justicia y Paz», el Secretariado Nacional del Clero, la BAC y las revistas Eucaristía de Zaragoza, Yelda (Padres Paúles), Vida Nueva, Ecclesia, Razón y Fe (Compañía de Jesús), Familia Cristiana, y el Boletín Militante del Apostolado Rural 157.

Hicieron panegíricos de la Asamblea Conjunta los monseñores Cirarda, Bueno Monreal, Montero y hasta el cardenal Quiroga, adscrito al grupo de obispos tradicionales, que parecía despistado 158.

Uno de los «teólogos» contestatarios fue el padre Olegario González de Cardedal, cercano al cardenal Tarancón, y personaje clave en la preparación del acontecimiento junto a Fernando Sebastián Aguilar. El padre Olegario, en la revista Iglesia Viva, en 1969 había impugnado la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI 159.

Don Fernando Sebastián 160, entonces rector de la UPS, todavía discrepaba en 2016 de un alto personaje de la Iglesia española que ha dicho que el documento de la Congregación no está derogado. Decía Su Eminencia que eso era falsear los hechos. Que nadie lo ha derogado porque nadie lo promulgó. Y que nadie lo presentó como texto oficial de la Congregación. A los defectos de forma añade que sus instrucciones no merecían tenerse en cuenta porque no tenían fundamento en los textos de la Asamblea 161. Lo cierto es que la Santa Sede descalificó a la Asamblea Conjunta y el cardenal Tarancón forcejeó 162 para darle la autoridad que Roma le negaba.

Pablo VI envió una carta al cardenal Tarancón diciéndole que las conclusiones de la Asamblea eran improcedentes, y que el informe del Vaticano era doctrinal, aunque no del Papa 163. De esta manera, la Conferencia Episcopal podía asumir algunas conclusiones de la Asamblea de 1971, aunque tuviese que apelar a otros documentos para articular una pastoral coherente con el informe de Roma 164. El Papa había pedido claramente al cardenal Tarancón que las enmiendas de las conclusiones fuesen conformes con la doctrina de la Iglesia, realistas y viables 165. Lejos de obedecer 166, los textos de la Asamblea fueron arrinconados y nunca adaptados.

Los obispos acabaron desentendiéndose del asunto entre ruidos de autonomía frente a la Santa Sede, entre equívocos, recelos y abusos. Aquella experiencia frustrante ponía en evidencia la división y la desorientación reinantes en la Iglesia española 167.

La revista CIO se sorprendía de que quienes más hablaron de este documento romano son quienes negaron al principio su existencia, pese a que lo conocían. Luego dijeron que no tenía valor normativo, luego que había sido ocultado por diversas personas, después que había sido redactado por presiones del sector conservador de la Iglesia… Se trataba de distraer la atención sobre el problema de fondo: las desviaciones doctrinales graves de la Asamblea Conjunta 168. Para el padre González Quevedo, la recepción del documento de la Sagrada Congregación del Clero y su valoración por muchos obispos españoles y por la XVI Asamblea Plenaria de la CEE, «constituye una de las páginas más tristes y sombrías de nuestra Historia Eclesiástica» 169.

El cardenal Tarancón vs monseñor Guerra Campos

A juicio de autores como Cárcel Ortí, la valoración que el cardenal Tarancón realiza de la Asamblea Conjunta está idealizada y su crónica de las consecuencias está edulcorada 170, porque pierde de vista el asunto nuclear: Pablo VI le dijo al propio cardenal Tarancón que en la Asamblea se habían producido «defectos y fallos» 171. El cardenal Tarancón decía a propósito de la Asamblea Conjunta que «habíamos perdido al clero». Pero en lugar de sofocar la rebelión de una parte del clero, politizado, se sumó al tumulto 172.