Antes, durante –y después– de las últimas elecciones del 23-J ha planeado sobre todos nosotros el temor a un pucherazo electoral; máxime si recordamos aquella sentencia de ese demócrata de toda la vida que es Pablo Iglesias cuando afirmó que «La derecha no volverá a gobernar nunca en España» o el precedente de cuando el PSOE largó con viento fresco de sus primarias al autócrata Sánchez, que ya apuntaba maneras, al pillarle metiendo subrepticiamente papeletas a su favor en la urna o los incuestionables antecedente en tal arte del pucherazo por parte del PSOE desde cuando menos el 16 de Febrero de 1936. Y es que si la cosa se presentaba, a priori, cuando menos escamante, a posteriori aún más ante la existencia de varios resultados difíciles de creer: pérdida de decenas de miles de votos del PP en Madrid –el recuento bien exigido por Díaz Ayuso ha demostrado cantidad de irregularidades–, la radical desaparición de pequeños partidos como Teruel Existe o el PACMA y otros, el exponencial incremento de Bildu incluso por encima del PNV y otros casos por el estilo. A día de hoy no pocos ciudadanos, y no precisamente de los considerados como conspiranóicos, siguen preguntándose si en lo ocurrido el pasado 23 de Julio hubo mano negra, si no generalizada, al menos sí puntual aquí o allí, pero al fin y al cabo múltiples pucherazos pero suficientes para alterar los resultados electorales globales que parecen abocarnos a un nuevo periodo de autocracia chulesca sociata –el «sanchismo» no existe, es el PSOE de siempre–, en esta nueva ocasión todavía más bajo el ordeno y mando de comunistas y, pero aún si cabe, de separatistas prófugos y otros de su misma ralea.
Desde luego, es muy difícil demostrar esos pucherazos, sobre todo el de nivel monumental, como también los múltiples más pequeños. Pero dados los avances tecnológicos que no siempre nos benefician, la ley electoral toxica que nos somete desde 1978 y algunos hechos ocurridos durante el periodo autocrático actualmente en funciones, hemos considerado provechoso invertir algún tiempo, que esperemos no haya sido malgastado, en escarbar en el fango burocrático electoral para ver si, como ocurre tantas veces en la vida, no veíamos lo que a lo mejor teníamos delante de nuestras narices, es decir, si no las pruebas, al menos los firmes indicios de la existencia de ese pucherazo o de esos otros purechacitos.
Pues bien, el resultado, sin ser tajante, es lo bastante como para afianzarnos en la fundada sospecha de que efectivamente las elecciones del 23-J –y nada extraño es que también algunas anteriores– no fueron como nos dicen y que muy probablemente hubo fraudes a distintos niveles. Que alteraran total o sólo parcialmente los resultados ya es otra cosa, pero lo que nos ha quedado claro es que no podemos seguir como estamos, o sea, con un sistema de recuento de votos que, además de incumplir la ley electoral, ya de por sí penosa, está diseñado para que quien quiera pueda interferir en los resultados de próximas elecciones. En resumen, que o se cambian los principios de nuestra actual ley electoral, que es de las peores, y así nos va, porque no consigue que se represente la voluntad mayoritaria del pueblo teóricamente soberano, y también se cambia el sistema de recuento de votos, tanto provisional como final, o en España tendremos siempre serias dudas de si el proceso electoral de turno fue realmente limpio.
Para saber si en España son posibles los pucherazos, repetimos que generales o puntuales, pero siempre suficientes, hemos leído con detenimiento varios documentos oficiales, así como artículos de personas cuya solvencia consideramos más que acreditada. Y he aquí los resultados más significativos.
Empecemos por el documento más importante que son las condiciones firmadas por la ínclita INDRA, empresa pública/privada adjudicataria del recuento provisional de votos que, dicho sea de paso, no tuvo en la licitación del contrato rival alguno, lo cual ya es sospechoso, además de sufrir, como otras instituciones claves, el asalto del autócrata Sánchez, lo cual ya no es sospechoso, sino prueba. Las condiciones a las que se obligó INDRA (AQUÍ) son en algunos casos para mear y no echar gota. También hemos leído los dos Manuales para Participar en una Mesa Electoral que se facilitan a los componentes de las mismas en versión, una, reducida y muy plástica para que la lean (AQUÍ), y, otra, extendida y menos atrayente, pero más importante, para que no la la lean (AQUÍ). Téngase en cuenta que dichos documentos proceden de Otoño de 2022, fecha en la que todo hacía aguas para el autócrata y sus huestes sociatas, cuando los escándalos se reproducían como champiñones en esa misma estación climatológica, y cuando se acercaban a marchas forzadas las previstas elecciones autonómicas y municipales que todos, incluso él, veía írsele de las manos.
Todo el proceso de recuento provisional de votos está en manos de INDRA y de unos «Responsables de la Administración» (¿?) que en realidad nadie sabe quiénes son, ni de dónde salen, que se presentan en las mesas electorales con autoridad del Ministerio del Interior para recabar los datos del recuento provisional, no se olvide, en el instante en que se finaliza por las mesas a fin de trasmitirlos instantáneamente a… INDRA, utilizando unos móviles suministrados por… INDRA, que sólo pueden comunicarse con el Centro de Proceso de Datos de… INDRA. Y ello, por lo tanto, sin esperar siquiera a la preceptiva formalización de las actas con los datos finales que son el documento por el que los miembros de una mesa electoral dan fe del recuento final, y menos aún a que dichas actas sea trasladadas a las Juntas Electorales Provinciales correspondientes, convenientemente custodiadas según está establecido, ni tampoco a que una copia de ellas sea recogida por un funcionario de Correos a los mismos efectos; ni mucho menos esperar a que se hayan resuelto las quejas o denuncias que se hayan podido interponer sobre dicho recuento. Pero es que además, tales móviles, como hemos dicho, no sólo son suministrados por INDRA, claro, así como que su software lo pone también INDRA, no la Administración, sino que tal medio de trasmisión es «supervisado» por el Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o sea del Servicio de Inteligencia, supuestamente para asegurar la fiabilidad de dichas trasmisiones, pero que en realidad no sabemos muy bien qué pinta en este asunto si todo debe supervisarlo el Ministerio del Interior. Es decir, que todo el proceso de recuento provisional, y su consiguiente publicación a los medios y de éstos a nosotros, está en manos de… INDRA sin garantía alguna a excepción de la que supuestamente asegura dicha empresa.
En la página 76 de las condiciones de INDRA se lee algo que llama especialmente la atención. Y es que es INDRA quien en una especie de extraña y sospechosa viceversa, suministra los datos así recabados, que siguen siendo provisionales, no lo olvidemos, a las Juntas Electorales Provinciales para que estás hagan su recuento oficial y definitivo y… los certifiquen como finales; es decir, que el notario, que son dichas Juntas, formadas por jueces y abogados, no lo olvidemos, en vez de abrir las actas de las mesas que les han debido llegar en sobres cerrados y custodiadas, contar los votos que en ellas figuran para elaborar su recuento propio y final, y entonces dar fe sobre dicho recuento de los datos finales, lo que en realidad hacen es dar fe como resultados finales ¡¡sobre los datos, provisionales, que les pasa… ¿quién? pues INDRA!!
Lo descubierto, choca de plano también no sólo con la lógica y lo estipulado, sino que incluso podemos considerarlo alegal, cuando no manifiestamente ilegal (ver AQUÍ un interesantísimo artículo de nuestro colaborador José Piñeiro Maceiras), en virtud de lo que dicta el artículo 10.2 del Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica la estructura orgánica del Ministerio del Interior sobre que el sistema de indagación informática debe estar controlado por la Subsecretaría del Interior, a través de la Dirección General de Política Interior «En particular, corresponden a la Dirección General de Política Interior las siguientes funciones: a) La gestión de las competencias del Ministerio respecto a los procesos electorales y a las consultas directas al electorado, y el mantenimiento de las relaciones necesarias con la Administración Electoral, en particular, con la Junta Electoral Central. b) La coordinación de la gestión y desarrollo de los procesos electorales, así como de las funciones que corresponden a las Unidades dependientes de otros ministerios con competencias en materia electoral y la coordinación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en este ámbito. c) La dirección y coordinación de los desarrollos informáticos y de comunicaciones para la gestión de los procesos electorales. d) La dirección y coordinación de las actuaciones en materia de ciberseguridad en el ámbito de los procesos electorales. e) La puesta a disposición de la información relativa a los procesos electorales, excepto los datos relativos al censo electoral, así como la custodia y difusión pública de los resultados electorales provisionales. f) La participación en las reuniones de los organismos nacionales, internacionales o supranacionales con competencias en materia electoral. g) La gestión de las relaciones con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía en materia electoral…».
Otra circunstancia que el sistema puede manipular sin que se note es el caso en que las diferencias para adjudicar escaños sea pequeña, es decir, que el resultado esté muy ajustado, porque no hay contraste, como hemos dicho, entre resultados provisionales de INDRA y el recuento final sobre las actas. Hace unos días, ese personaje más que siniestro de apellido Bolaños, mamporrero preferido del autócrata, ha puesto el grito en el cielo y ha anunciado que recurrirá ante el Supremo la negativa de la Junta Central Electoral de revisar los 30.000 votos declarados nulos en Madrid, donde el PSOE ha perdido un escaño por tan sólo 1.749 votos, lo que viniendo de él es prueba de que el sistema de recuento de votos no ofrece garantías suficientes. En cambio, Bolaños no quiere hacer lo mismo cuando se trata de Lérida o Albacete que están en el mismo caso sólo que al revés, porque en la primera el PSOE aventajó al PP en tan sólo 3.503 votos, y en la segunda VOX se quedó sin representación en favor del PP por sólo 1.287 votos; claro que todo hay que decirlo: ni PP, ni VOX se han puesto manos a la obra para impugnar por todos los medios una gran cantidad de resultados ajustadísimos y además más que extraños, y es que en ésto como en otras muchas cosas, la por ahora oposición sigue en la idiotez ¿o será connivencia? más incomprensible.
Pero volvamos a INDRA, porque es la pieza clave de todo este sistema, cuando menos chanchullero, del recuento provisional de votos. INDRA es una empresa de capital público/privado, participada, entre otros, por PRISA a través de su buque insignia Amber Capital (o sea, la propietaria del tan tendencioso El País, el «Pravda» español desde hace décadas) –hay sospechas de que también pueda estar participada por el enigmático George Soros–, la cual tiene en su Consejo de Administración, formado por 14 personas, a Juan Moscoso, exdiputado del PSOE de Navarra, al exministro Miguel Sebastián y al exdiputado del PSOE Antonio Cuevas, habiendo «liquidado» a los consejeros independientes que existían hace unos meses cuando fue asaltado por el autócrata en funciones… blanco y en botella. Otra cosa a tener en cuenta es que desde el punto de vista comercial los beneficios que deja a INDRA este contrato son nimios, por lo que también levanta sospechas que una empresa, en la que debe primar el lucro, se meta en harina de este costal por amor al arte cuando, además, tanta polémica levanta y consiguiente desprestigio le está causando en España y fuera de ella.
En resumen. Como hemos visto, el sistema de recuento de votos en España está, cuando menos: a) viciado de origen porque las normas por las que se debe realizar tienen más agujeros que la en otro tiempo afamada «ruta Ho Chi Min» lo que permite el mamoneo subsiguiente; b) los que asumen la máxima responsabilidad del proceso, es decir, las autoridades políticas, para qué decir, pues su imparcialidad y respeto a las normas democráticas brilla por su ausencia; c) los que asumen el siguiente nivel, y aún siendo magistrados, se conforman para cumplir con su trascendental función de elevar el recuento provisional a definitivo con los datos que les suministra… INDRA, en vez de proceder como tienen encomendado; d) los que forman las mesas electorales, se pliegan a esos «Responsables de la Administración» que les apremian para que ellos, a su vez, puedan trasmitir a los pocos minutos de cerrados los colegios electorales los datos a… INDRA; e) la citada empresa no sólo está más que bajo sospecha, sino que podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que bajo ningún concepto medianamente decente debería jamás ser la adjudicataria de algo tan sensible como es el recuento provisional de votos; f) en cuanto a los custodios de las actas (policías, guardias civiles y funcionarios de correos), pues no tenemos indicios de que sean, también, parte de la trama, a excepción de los últimos por lo ocurrido con el voto por correo ya en varias ocasiones, máxime cuando al frente de tal institución están también mamporreros del autócrata, se han comprobado los chanchullos en varias provincias y además se contrató a dedo y a lo bestia a miles de… no se sabe qué clase de personas cuya preparación era, sin duda, cero, y de cuya filiación política nada se sabe o… ¿sí?; y, por último, g) hay también que echar los perros a la oposición, sobre todo al PP que en varias ocasiones «tocó pelo» y que nunca quiso, y mira que pudo, cambiar este avieso sistema que hace aguas por los cuatro costados, así como porque, junto con VOX ahora, se tragan todo lo ocurrido sin decir ni mú, lo cual les deja también en evidencia.
Y después de la crítica, creemos que fundada –bien que no agotada en todas sus aristas–, es de rigor aportar una posible solución para garantizar en España un recuento de votos fiable, limpio y transparente:El sistema de recuento de votos provisional debe esperarse escrupulosamente al momento en que la mesas electorales cierran las actas con las firmas de rigor y las mismas parten custodiadas a las juntas electorales provinciales correspondientes. Nunca antes y para nadie; ni siquiera para esos pretendidos «Responsables de la Administración» que, además, no deberían existir. Si eso supone esperar varias horas, pues tampoco es para tanto, ni tienen que ser los medios los que urjan saber dichos datos antes de que de verdad sean firmes.
La trasmisión de esos datos –que por lo tanto son en realidad definitivos, aunque aún provisionales–, debe ser realizado electrónicamente por los componentes de las mesas y además fehaciente, siempre sobre la base de los datos de las actas ya cerradas y enviadas; si eso supone más tiempo, pues da igual.
Los datos deben ser recibidos por un departamento ad hoc de la Administración, no en una empresa externa ni privada, que sería el encargado de presentarlos a los medios, garantizando la discreción absoluta hasta el momento en que se hicieran públicos; se tarde lo que se tarde.
En cuanto al recuento definitivo debe hacerse por las juntas electorales abriendo las actas recibidas y contando lo que en ellas conste todo de forma fehaciente; si se tardan dos o tres días, pues lo mismo.
Bajo ningún concepto deben destruirse los votos a favor de cada partido como se hace ahora en cuanto se cierran las actas –sólo se guardan los nulos–, debiendo quedar archivados y bajo custodia como se hace con los nulos.
El sistema de voto por correo, como el de los residentes en el extranjero, debe garantizar su fiabilidad; en otros países se vienen adoptando desde siempre medidas estrictas para ello.
Creemos, de verdad, que nos es tan difícil. Tan sólo supondría, eso sí, que los resultados no los conoceríamos a los diez minutos de cerrados los colegios electorales, o que incluso se tardarían… ¿cuánto?… ¿un día o como mucho dos? Pues ni es para tanto, ni tendría importancia. Y es que, en cualquiera de las varias elecciones a las que somos convocados es mucho lo que nos jugamos, por no decir todo, por lo que asegurar su limpieza y transparencia es esencial; y, repetimos: si para eso se necesitan dos o tres días, o los que hiciera falta, pues vale la pena