La desamortización y otros expolios
18/08/2019
Olavide
La persecución contra la Iglesia Española a través de expropiaciones de sus bienes materiales empezó en 1768 con la Reforma de Olavide (detrás de la cual estaban los también masones Aranda y Campomanes); ya antes el masón Roda, Ministro de Gracia y Justicia de Carlos III, la noche del 31-III al 1-IV-1767, expulsó a los jesuitas de España y Las Indias y se confiscaron sus tierras , coincidiendo con el aniversario del Edicto de los Reyes Católicos (expulsión de los judíos, de 31-III-1492.
Según algunos cálculos, a mediados del siglo XVIII la Iglesia española poseía el 15% de las tierras, el 10% del ganado, el 44% de los ingresos netos, el 76% de los censos y el 2% de las rentas procedentes del comercio, la industria y los salarios.
Por la desamortización del masón Godoy, antes del inicio de la Guerra de la Independencia, se confiscaron los bienes de hospitales, hospicios, casas de misericordia y cofradías, casi todos organismos de la Iglesia.
José Bonaparte
En diciembre 1808 el masón Emperador de los franceses e invasor de nuestra patria, Napoleón I, ordenó la supresión de algunas órdenes religiosas regulares, lo que las redujo en dos terceras partes, y la desamortización de sus bienes. José I Bonaparte, el primero de nuestros reyes masones, siguiendo la pauta de su hermano en 1809 ordenó la extinción de las órdenes religiosas y confiscó los bienes eclesiales.
Las Cortes de Cádiz, en 1813, prohibieron la reconstrucción de los conventos destruidos durante la guerra y suprimieron aquellos en los que el número de religiosos no llegaban a 12; en resumen, decretaron la supresión de dos terceras partes de los monasterios y conventos.
Fernando VII, en 1814, derogó aquellas disposiciones, las cuales fueron de nuevo implantadas, e incluso ampliadas, durante el Trienio Liberal -1820/23-. La intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis permitió que el rey, por otra parte impresentable e indigno, devolviera a la Iglesia parte de sus bienes, permitiendo la vuelta de los exclaustrados y el desarrollo de sus actividades.
Martínez de la Rosa
La Regenta Maria Cristina (1833-40), ante la necesidad que sentía del apoyo de los liberales, conservadores y progresistas, frente a los partidarios de Don Carlos, se entregó a ellos. En 1834, el Ministro Martínez de la Rosa ordenó el cierre de los conventos en los que algún fraile se hubiera pasado a los carlistas, o hubieran colaborado de alguna forma con ellos. Prácticamente, las relaciones España-Vaticano se interrumpieron durante la Primera Guerra Carlista (1833-40)
Conde de Toreno
Al año siguiente, con Toreno como Ministro de Estado, la desamortizaciónde los bienes eclesiales alcanzó tintes trágicos. Recordemos que se entiende por desamortización el que el Estado, por medio de leyes, primero se incautaba, simple y llanamente, sin pago de justiprecio, y luego ponía en el mercado, mediante subastas, los bienes amortizados, es decir, los activos, en su mayor parte propiedad de la Iglesia, que no podían ser enajenados ni fraccionados; este fenómeno, que no fue único de España, pero que fue aquí donde mayor proporción y trascendencia tuvo, se justificaba, teóricamente, con que los bienes “improductivos” o “amortizados”, los que eran propiedad de “manos muertas” que no los podían vender (Iglesia, Corona, nobleza, etc.), mediante este proceso jurídico se hacía posible su venta y se les ponía en ocasión de producir y, también, por que los beneficios se iban a emplear para enjugar la deuda pública. La desamortización no dejó de ser un mero desfalco bautizado con ese neologismo encubridor.
Álvarez Mendizábal
El masón Álvarez Mendizábal (su nombre real era Juan Álvarez Méndez, y era de origen judío, de Niza) fue uno de los militares que encabezaron la masónica sublevación de Riego (el del himno “republicano”), la que dio paso al ya citado Trienio Liberal e impidió la recuperación de los Virreinatos americanos. Fue nombrado nuevo Ministro de Estado, y de Hacienda, en septiembre de 1835. Un mes después un Decreto suprimió todas las comunidades de órdenes monacales (colegios, congregaciones, casas de comunidades, las cuatro Ordenes Militares y la de San Juan de Jerusalén; menos, en teoría, algunos monasterios especialmente significados histórica o culturalmente); al año siguiente se pusieron a la venta todos los bienes de los afectados, a la vez que se suprimían definitivamente todas las órdenes religiosas confiscó todas las propiedades de monjes y frailes y parte de las del clero secular. Aunque algunos monumentos fueron teóricamente protegidos, las perdidas del patrimonio cultural fueron demoledoras, y mucho más lo fueron para el de la Iglesia (y el de muchos bienes comunales); con triste razón su mal hacer ha pasado a la historia, pues, además, muchos de los bienes fueron mal vendidos a la naciente burguesía, siguiendo igual de improductivos, o más, que antes y no sirviendo lo recaudado para apenas nada. También se desamortizaron ciertos bienes de la nobleza y de los mayorazgos, y los bienes comunales de los municipios.
La Ley el 29 de Julio de 1837 añadió la prohibición de ostentar en público el hábito y suprimió su fuero. El Arzobispo Monseñor León Meurin, Obispo de Port-Louis, en su obra Filosofía de la Masonería, dice: “el judío Mendizábal había prometido, como Ministro, restaurar las precarias finanzas de España, pero, en corto espacio de tiempo, el resultado de sus manipulaciones fue el terrible aumento de la deuda nacional, y una gran disminución de la renta, en tanto que él y sus amigos amasaban inmensas fortunas. La venta de más de 900 instituciones cristianas, religiosas y de caridad, que las Cortes habían declarado propiedad nacional a instigación de los judíos, les proporcionó magnífica ocasión para el fabuloso aumento de sus fortunas personales. Del mismo modo fueron tratados los bienes eclesiásticos. La burla imprudente de los sentimientos religiosos y nacionales llegó hasta el punto de que la querida de Mendizábal se atrevió a lucir en público un magnífico collar que hasta poco tiempo antes había servido de adorno a una imagen de la Santa Virgen María en una iglesia de Madrid”.
General Espartero
Durante el periodo de la Regencia del progresista General Espartero (1840-43), este “espadón” aplicó la desamortización al clero secular, en 1841; en este año se acabó también el diezmo y la dotación de culto y clero. Aquella ley fue derogada por Narváez al comienzo de la Década Moderada (1844-54), devolviéndose los desamortizados por Espartero y Bravo Murillo firmó, con el Papa Pío IX, el primer Concordato (1851) de amplio contenido, el cual trataba, entre otras cosas, de reparar parte de los atropellos y detracciones de más de medio siglo: se devolvieron los bienes incautados al clero regular.
Pascual Madoz
Tras “La Vicalvarada” llegó El Bienio Progresista (1854-56) del General Espartero, con un nuevo impulso desamortizador. El objetivo de la Ley Pascual Madoz, en 1855, pasando por encima del Concordato, fueron las propiedades “del clero, tanto regular como secular, de las órdenes militares, de las cofradías, obras pías y santuarios, de la beneficencia e instrucción pública”, así como las de las demás “manos muertas”, incluso los bienes comunales de los pueblos. La vuelta al poder de Narváez (Segundo Periodo Moderado, entre 1856-68) suprimió todas las ventas y volvió al Concordato.
Este Periodo terminó con la revolución conocida como La Gloriosa, la cual trajo el Sexenio Democrático o Revolucionario (1868/74); este lapso de tiempo comprendió el destronamiento de Isabel II, un régimen provisional, una regencia, la monarquía democrática de Amadeo I y su abdicación, una república federal, una república unitaria, tres guerras civiles a un tiempo, un nuevo régimen provisional, un nuevo intento de regencia, y finalmente la restauración de la anterior monarquía. Durante el mismo, el General Serrano suprimió todas las casas religiosas fundadas después de 1837, pasando al Estado los edificios, bienes raíces, rentas, derechos, acciones, etc., acarreando nuevas y gravísimas pérdidas en el patrimonio de la Iglesia y de todos los españoles. De nuevo quedó clara la intención de los liberales progresistas, ante la que nada valían los tratados internacionales, ni las consideraciones culturales.
Incautaciones y profanaciones frentepopulistas
Esas deudas del Estado con la Iglesia son las que se trataba de pagar con los Concordatos. Con la vuelta de la monarquía se trató de paliar los expolios anteriores.
Comprenderá el lector que en este “rigodón” de incautaciones y restituciones, expulsiones y vueltas, se fueron quedando por el camino muchas infraestructuras, religiosas y civiles, y no pocas instituciones, nunca reparándose, ni por asomo, el mal anteriormente hecho. Todas las desamortizaciones, y medidas similares, de inspiración y factura masónica, quitaron a la Iglesia Española ingentes cantidades de bienes; ya he mencionado anteriormente los bienes imputados a la Iglesia a mediados del siglo XVIII. Las confiscaciones nunca beneficiaron a los pobres, contribuyendo a enriquecer aun más a la burguesía urbana y rural; casualmente, muchos de esos bienes fueron a parar a los “hermanos” de las logias, mientras otros se perdieron para siempre por ruina o mala utilización.
Demófilo de Buen Lozano
En 1931, le quedaban 11.921 fincas rústicas, 7.828 predios urbanos y 4.192 censos, de las que fue despojada en parte. Entre los primeros actos legislativos de la República se disolvió la Orden de los jesuitas y se creó un Comité de incautación de sus bienes, dirigido por el masón y antiguo Gran Maestre Demófilo de Buen Lozano; la misma suerte siguieron la Congregación de Nuestra Señora del Buen Consejo y la de San Luis Gonzaga. El Concordato estuvo vigente hasta poco después del comienzo de la Segunda República, quien abolió muchos “privilegios” e impulsó una política descaradamente anticatólica.
Con el estallido de la guerra, la revolución dio pié a la total confiscación y a la mayor persecución de toda la historia de la Iglesia Católica, no solo en España, sino en todo el mundo a lo largo de dos milenios: en solo tres años se produjo la mayor cosecha de mártires. Gracias a la victoria de aquellos que, muriendo por Dios y por España en lo que Roma denominó “Cruzada”, hicieron posible que España volviera a ser católica durante cuarenta años, a la Iglesia española le fueron devueltos sus bienes (los que no acompañaron al “oro de Moscú” o al “tesoro del Vita”), sus templos y conventos fueron reconstruidos, recibió un trato fiscal favorable, se le dio la responsabilidad de la censura moral en espectáculos, prensa, vida social, y, en gran medida, de la educación de la juventud …
Concretamente, en cuestión de infraestructuras, tenemos un singular testimonio: Franco dijo, el 2 de octubre de 1961, en la inauguración del Seminario Conciliar de Burgos, “las cantidades invertidas por el Estado en edificios eclesiásticos, desde el 1 de abril de 1939 a igual fecha de 1959, suman 3.106.718,51 pesetas”.
Pero no es que aquel denostado estado confesional fuera manirroto con la Iglesia, por más que actuando en conciencia la favoreciera (cosa que las diversas CEE quieren olvidar), es que quería reparar una deuda de estricta justicia. Como dijo en 2006 el Obispo de Tarazona, Demetrio Fernández: “Había una deuda histórica por todos los bienes incautados injustamente en las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX” (incautados y destruidos en ese siglo y en el XX, concretamente hasta 1939, permítaseme añadir).
Cómo condenar un patrimonio de siglos
de la IGLESIA a la destrucción y el olvido
Antonio Miguel Jiménez
21 de septiembre de 2018
Las desamortizaciones en España, especialmente frecuentes en el siglo XIX, provocaron una importante pérdida de patrimonio cultural y el enriquecimiento de unos pocos. Un asunto, el de los bienes de la Iglesia, que vuelve a la actualidad.
DESAMORTIZACIONES
La desamortización fue un largo proceso histórico-económico iniciado en España a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado ya muy entrado el siglo XX (16-XII-1964), y consistió en poner en el mercado, mediante subasta pública, las tierras y bienes que estaban amortizados, es decir, que no se podían comprar ni vender. Estas tierras estaban en manos de la aristocracia, la Iglesia católica o las Órdenes religiosas y los municipios y el Estado.
Los beneficiarios de la desamortización serán los campesinos ricos y acomodados, la burguesía urbana especuladora y absentista, y la aristocracia terrateniente. Las tierras se subastan y se adjudican al mejor postor, con lo que su venta no implicó un cambio en las estructuras de la propiedad, aunque sí en la titularidad de la tierra y en su condición de bien vendible. Estas medidas suponen la desaparición de régimen señorial en el mundo rural, para lo que se hace un pacto tácito entre la burguesía y la aristocracia terrateniente. La abolición de los señoríos no significó un cambio en la titularidad de la tierra, pero sí implicó la supresión de las servidumbres a las que estaban sometidos los señoríos. Hay un «perfeccionamiento» de la propiedad las tierras, se podían comprar y vender. Se perdían los derechos señoriales, pero se suprimían las cargas jurisdiccionales, y se obtenía la tierra como indemnización por la abolición de los derechos. Todo un negocio para la aristocracia. La desvinculación era otra medida de «perfeccionamiento» de la propiedad, al hacerla un bien libre.
En España hubo tres grandes desamortizaciones:
La desamortización de Godoy
La desamortización eclesiástica promovida por Mendizábal
La desamortización civil y general promovida por Pascual Madoz