De acuerdo con la declaración de derechos humanos universales de la ONU, el estado democrático pretende salvaguardar la libertad y privacidad de las comunicaciones y de las grandes bases de datos confidenciales.
El gobierno socialmasónico español explota con fines partidistas dos sistemas SITEL (Policía Nacional y Guardia Civil) que graban todas las comunicaciones móviles inalámbricas sin control político, legislativo y judicial (CNI dispone de un sistema más potente).
La regulación de SITEL no se soluciona con una ley orgánica porque el sistema es incontrolable debido a su enorme capacidad tecnológica y a la dificultad de evitar el acceso a SITEL de piratas informáticos (interiores o exteriores) al servicio de intereses ocultos supranacionales que persiguen en "nuevo orden mundial".
