Aunque el derecho a la Libertad Religiosa
está recogido en la Constitución Española,
nuestro país sigue sufriendo
ataques a esta libertad primordial
A continuación mostramos un recopilatorio de ataques a la Libertad Religiosa que el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha denunciado durante el 2012. Se evidencia así la necesidad que hay en nuestra sociedad de establecer unos principios morales y legales para la defensa de este derecho fundamental, que es el de todos, creyentes y no creyentes, y que recoge nuestra Constitución en su artículo 16.
El 22 de Febrero del 2012 el Decano de la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid intentó relegar la capilla de la facultad a un aula de no más de 5 metros cuadrados. Así se intentaba arrinconar a los católicos que libremente querían ejercer su libertad religiosa.
A finales del 2012 esa petición se hizo extensible a todas las capillas de la Universidad pero con la intención de cerrarlas.
El 24 de febrero de 2012 Chunta Aragonesista demandó que se retirara un crucifijo del salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el alcalde Juan Alberto Belloch, del Partido Socialista, y el PP se posicionaron en contra de esta petición. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón les ha dado la razón en noviembre.
http://libertadreligiosa.es/2012/02/27/el-ayuntamiento-de-zaragoza/http://libertadreligiosa.es/2012/02/24/el-olrc-pregunta-a-cha-por-que-le-molesta-un-crucifijo/
Izquierda Unida (IU) de Cáceres también pidió en marzo que se retirara un crucifijo (que lleva en el mismo sitio décadas) de la Sala de Plenos municipal. El 7 de marzo de 2012 IU pidió que se suprimiera la asignatura de religión católica en la formación universitaria del profesorado.
El 30 de abril saltaba la noticia de que el Partido Popular de Marbella ordenó por escrito a sus concejales ir a misa para captar el voto católico.
En junio, al músico Javier Krahe le salió gratis mofarse de la religión católica: fue absuelto por su corto “Cómo cocinar un crucifijo”, emitido en televisión en 2004. El presentador de La Sexta Wyoming le apoyó en su programa. También ese mes, otro programa de la misma cadena, La Sexta Columna, dedicó un programa a insultar a la Iglesia Católica. Poco antes, en abril, ‘El Follonero’ también había arremetido en su espacio contra esta institución.
El 26 de junio de 2012, el Consejo General del Poder Judicial archivó el expediente contra un juez de Lérida por tener un crucifijo en la sala. El magistrado había recibido un escrito de la Presidencia del Tribunal Superior de Cataluña en el que se le pedía que se abstuviera de colocar símbolos religiosos en la sala de vistas.
El 3 de agosto de 2012, el secretario general del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, demandó evitar por ley que miembros del Opus Dei ocupen cargos públicos. Afortunadamente, la medida no prosperó.
El 17 de octubre, un grupo de 10 jóvenes entre 15 y 17 años asaltaron el Colegio Salesiano María Auxiliadora de Mérida, gritando, entre otras consignas “¿Dónde están los curas, que los vamos a quemar?” o “Más educación pública y menos crucifijos”
Dos días después, en un colegio de Huesca, unos 50 jóvenes protagonizaron un episodio similar.
En octubre, la Iglesia de la Transfiguración de Ibi (Alicante) amaneció con pinturas despectivas e insultantes. Unos meses antes también había sido atacada la figura de los Desamparados, patrona del municipio.
En diciembre, el Teatro Alfil decidió acoger una mofa contra los creyentes a cargo de Leo Bassi, “El Paticano.com”, que presentaba al “artista” disfrazado de pontífice circense ante un pato de goma expuesto en un sagrario. Algunos programas, como ‘El Hormiguero’ de Antena 3, le dieron promoción.
Caso Reig: Se intentó judicializar una homilía en la Semana Santa del 2012 por manifestarse contrario a ciertas tendencias sociales, entre otras las homosexuales. Tras sufrir un verdadero linchamiento político y mediático, el Obispo fue demandado, con sentencia favorable por no encontrar declaraciones homófobas en sus palabras. El consistorio de Alcalá de Henares, que le reprobó en su día, no ha dado marcha atrás ni ha pedido perdón públicamente por estos hechos.
En 2009, el gobierno vasco permitía a los centros educativos sacar la asignatura de Religión del horario lectivo en Bachillerato, lo que, según los obispos, la relegaba “a la marginalidad”.
Sin embargo, en agosto de 2012, el Tribunal Supremo anuló este decreto. A pesar de esta restitución, estos tres años y medio de exclusión de la Religión en los colegios públicos ha provocado que en muchos centros se deje de cursar la asignatura. Además, en febrero de 2012, la televisión pública vasca ETB retiró una campaña publicitaria a favor de la clase de Religión:
En algunas escuelas e institutos públicos de Cataluña la directiva presiona a las familias para que no escojan la asignatura de Religión. Les dicen que si lo hacen “se perderán materias importantes”. En varios colegios se ponen otras asignaturas coincidiendo en horario con ella para que así se convenzan de no cogerla. La normativa del departamento de Enseñanza especifica que en los centros de Educación Infantil, Primaria y de Educación Especial, así como en los institutos, la materia «tiene carácter optativo para los alumnos, pero es de oferta obligatoria para los centros».
El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales señala las obligaciones que tienen las escuelas al ofrecer la materia: “Esta enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, su derecho a recibirla”. “Las familias tienen garantizado el derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa, según sus convicciones, en las escuelas públicas de enseñanza laica”, se afirma además en el artículo 21 del Estatuto de autonomía catalán. Más sobre este tema aquí
En octubre, el Ayuntamiento de Bilbao decidió que los templos de las minorías, como los de los evangélicos, deberían estar fuera de las zonas urbanas.
En cuanto a la libertad religiosa de los musulmanes, en febrero de un juzgado de primera instancia de Madrid desestimó el recurso presentado por la joven española de origen marroquí Najwa Malha contra la decisión del Instituto Camilo José Cela, donde la niña cursaba sus estudios (en Pozuelo de Alarcón, Madrid), de no permitirle la asistencia a clase con hiyab o velo islámico. La sentencia afirma que “no se vulneró la dignidad” de la alumna ni hay “injerencia en su libertad religiosa” porque el centro cumplía con su reglamento. Fue la primera sentencia de este tipo en España. El fallo fue respaldado por el gobierno regional. El juez cita la “jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, que recoge que “la prohibición del velo islámico en el ámbito educativo no implica una vulneración del derecho a la libertad religiosa de los alumnos, siempre y cuando la prohibición esté prevista por la ley y sea necesaria en una sociedad democrática”. Por tanto, alega, “la decisión del centro de prohibir a la alumna el empleo del velo cumple con las exigencias de protección de los derechos humanos y constituye, al mismo tiempo, una medida necesaria para salvaguardar los derechos fundamentales de los demás y del orden público”.
El caso se remonta a febrero de 2010, cuando la joven, que entonces tenía 16 años, decidió ponerse el hiyab, según sus declaraciones, libremente. La estudiante fue apercibida por profesores del centro educativo. El reglamento del instituto prohíbe cubrirse la cabeza en clase. El centro se apoya en la Ley Orgánica 2/2006 para no permitir a Najwa ir a clase con el velo: “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro”. En el instituto Félix Rodríguez de la Fuente, en Burgos, otra niña de 12 años fue sancionada por llevar velo a clase.
Como se ha podido comprobar, católicos, evangélicos y musulmanes han visto atacado su derecho a la Libertad Religiosa a lo largo de 2012 en España. Aunque nuestro país goza de protección hacia este derecho fundamental todavía son numerosos los casos en el que no se protegen suficientemente o son atacados los valores religiosos de los ciudadanos.