José Antonio Méndez
El Doctor Muerte que escandalizó a Europa
(7/2/13)
Su cruel actividad fue destapada
por periodistas ingleses y daneses:
2004: tras un reportaje del Sunday Telegraph, el Gobierno de Blair investigó el dinero público con que se financiaron abortos ilegales de británicas en la clínica de Morín, donde mataban a bebés sanos de hasta 7 meses.
2006: una televisión danesa volvió a denunciar este caso sanguinario, lleno de irregularidades: abortos de 30 semanas, trituradoras para deshacerse de los cuerpos, informes médicos sin ver al paciente...
2007: la fiscalía y un juzgado de Barcelona solicitaron el arresto de Morín
Algunos medios rebautizaron al médico peruano Carlos Guillermo Morín Gamarra como el Doctor Muerte, después de que el Sunday Telegraph y la televisión pública danesa destapasen sus prácticas sanguinarias, y se iniciase así el llamado caso Morín.
Todo comenzó el año 2004, cuando dos periodistas del Sunday Telegraphdesvelaron que más de 1.200 embarazadas británicas habían sido derivadas por el Sistema Nacional de Salud, el British Pregnancy Advisory Service (BPAS), a la clínica Ginemedex de Barcelona, dirigida por Morín, para abortar a bebés sanos de más de 24 semanas de gestación (de no haber sido bebés sanos, podrían haber abortado en su país, a menor precio). El BPAS pagaba con dinero público el viaje a Barcelona, y allí, aduciendo el supuesto de riesgo físico o psíquico de la madre previsto por la ley española, Morín practicaba abortos de niños de hasta 30 semanas, con los que ganaba casi 6.000 euros.
El hecho llevó al Gobierno de Tony Blair a investigar y sancionar esos gastos del BPAS, pues, en el reportaje, una reportera embarazada de un bebé sano de 26 semanas fingía querer abortar, mientras otro periodista, que fingía ser su novio, grabó con cámara oculta a un médico de la clínica de Morín, diciéndole que no había problemas en perpetrar ese infanticidio, por 3.200 euros.
Trituradoras e informes falsos
Dos años después, en 2006, la televisión pública danesa DR emitió un reportaje con cámara oculta, en el que aparecía el propio Morín -que no es ginecólogo, sino «médico especializado en cirugía», como reconoce la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona- dando el visto bueno al aborto de un bebé sano de siete meses de gestación, a cambio de casi 6.000 euros, y explicando a una reportera embarazada, que fingía querer abortar, que debía firmar un formulario en el que se aducía, falsamente, un trastorno mental de la madre.
El reportaje constató la presencia de trituradoras y licuadoras industriales para deshacerse de los cuerpos, así como la falsedad de los informes psicológicos exigidos por la ley. El programa se emitió en Dinamarca, Holanda y Alemania, pero la catalana TV3 rechazó la oferta de emisión que les hizo la DR.
Tras el reportaje, E-Cristians, el Centro Jurídico Tomás Moro, AES, y el Colegio de Médicos de Barcelona se querellaron contra Morín, lo que dio pie a una investigación policial y judical, que constató cómo las trituradoras habían sido retiradas tras el escándalo televisivo, aunque se encontró ADN humano en las cañerías.
En sucesivos juicios e investigaciones se recogieron testimonios de mujeres que abortaron y ex trabajadores de las clínicasGinemedex y TBC, ambas de Morín, que fue detenido en 2007, a petición de un Juzgado de Barcelona. El caso llegó a la Audiencia de Barcelona, que no aceptó como prueba los reportajes periodísticos y que ha exculpado al médico, en una sentencia que E-cristians recurrirá ante el Supremo.
En lugar de perseguir estos hechos, la respuesta del Gobierno de Zapatero fue la Ley Aído, que convirtió el aborto en un derecho. Ahora, uno de los mayores temores de los grupos pro vida es que la nueva ley que prepara el PP contemple un coladero similar al que, bajo el supuesto del riesgo para la salud física o psicológica de la madre, permitió a Morín matar impunemente.
Una sentencia de la Audiencia de Barcelona
evidencia la impunidad del aborto
La sentencia apremia al PP a cambiar la ley
La Audiencia de Barcelona ha exculpado de todos los cargos (89 abortos ilegales, falsedad documental y asociación para delinquir) que se imputaban al abortista Carlos Morín y a su equipo, con una sentencia que ha sido calificada de «escandalosa y llena de incongruencias» por las asociaciones provida. La sentencia, que será recurrida ante el Supremo, evidencia la impunidad legal del aborto en España, y ha removido las filas del PP, donde no se entiende que Justicia no haya presentado aún la reforma del aborto
«El caso Morín ha dejado claro que, en España, el aborto ha estado cubierto por un manto de impunidad total, y que la ley no sólo no ha protegido la vida en los supuestos que tenía que haberla protegido, sino que ampara cualquier tipo de violencia contra la vida gestante.
Es como si tuviésemos una ley del aborto libre e impune, y que ese manto de impunidad y de silencio tuviese que cubrir también a los medios de comunicación y a los partidos, para hurtar el debate a la sociedad. La nueva ley tiene que acabar con esta situación como sea, porque es escandaloso que uno pueda delinquir ante la inacción de la Justicia y del poder político, sobre todo cuando hablamos de eliminar la vida humana».
Ésta es la denuncia realizada por miembros del Partido Popular, tras la sentencia que la Audiencia Provincial de Barcelona dictó, el pasado 31 de enero, para absolver al doctor Carlos Morín y a sus colaboradores de las clínicas Ginemedex y TBC, en Barcelona, de los delitos que se les imputaban: 89 abortos ilegales, falsedad documental y asociación con fines delictivos.
La sentencia ha removido las filas de los núcleos provida del PP, que no entienden «por qué el Gobierno se atreve a hacer reformas y recortes polémicos, pero retarda cada vez más la reforma de la ley del aborto», según fuentes del PP consultadas por Alfa y Omega. «Desde el Ministerio -indican las mismas fuentes-, nos dijeron que la nueva ley estaría para octubre; luego, para enero; y ahora, que falta tiempo. El ministro Gallardón está muy receptivo, así que los diputados, senadores y gente de la casa que están contra el aborto no entienden quién está retardando la ley, ni por qué ni siquiera hay un borrador sobre la mesa: ¿es alguien por encima del ministro, como el Presidente o la Vicepresidenta, o técnicos por abajo? Porque, si tenemos en cuenta los plazos para estudiar el borrador, realizar enmiendas, y aprobar la ley en el Congreso, en el Senado, y otra vez en el Congreso, podríamos agotar la legislatura sin tener la ley. Y si el PP no gana las elecciones, el PSOE haría lo que hizo con la LOCE: derogarla y radicalizar el aborto».
Esta polémica ha sido una de las consecuencias de la sentencia emitida por la Audiencia de Barcelona, que, en opinión de don Josep Miro i Ardevol, Presidente de E-cristians (asociación que se personó como Acusación popular contra Morín) «crea escándalo y deja en total indefensión a los no nacidos, porque incluso en aquellos casos en que, de una manera evidente, se han realizado abortos al margen de la legalidad, los márgenes interpretativos resultan tan amplios que la condena nunca puede concretarse». Desde E-cristians han anunciado que recurrirán ante el Supremo, pues, según explica su Presidente, «la sentencia cuestiona el tratamiento que la Justicia viene aplicando sobre el aborto, y constituye un claro aviso de cómo debe ser la nueva legislación, que, para ser útil, no ha de dejar resquicios para que se condene aquello que merezca ser condenado».
También el Centro Jurídico Tomás Moro, que se querelló contra Morín, ha denunciado «las incongruencias» del fallo, entre las que destacan que «reconoce que la mayoría de las mujeres que abortaron bajo el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la madre no fueron exploradas personalmente por ningún psiquiatra» (requisito obligatorio por ley); que algunas madres firmaron el consentimiento en un papel en blanco, que fue rellenado después por el personal de Ginemedex y TBC (incluso personal administrativo y no sanitario, lo que sería ilegal); justifica la licitud de todos los abortos, fuesen del tiempo gestacional que fuesen, por ser voluntad de las madres llevarlos a cabo; y argumenta que «todo embarazo no deseado supone una situación de evidente riesgo para la salud psíquica de la embarazada», lo que «es tanto como reconocer el aborto libre».
Además, llaman la atención hechos como que casi el 100% de las mujeres que abortaron aducían riesgo físico o psíquico para la madre, que casi todos los abortos se realizaban el mismo día en que la madre iba por primera vez al abortorio; o que el fallo afirma que Morín no tiene «antecedentes penales conocidos», a pesar de que fue condenado en 1989 por practicar abortos ilegales en Alicante. Además, al exculparle del delito de asociación ilícita, se argumenta que no hay pruebas «de que la estructura empresarial médica» creada por Morín «tuviera como finalidad principal la comisión de abortos ilegales», a pesar de reconocer «que la actividad principal de las clínicas»eran los abortos, la mayoría en tan avanzado grado de gestación que sólo podían acogerse al supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la madre, lo que servía de reclamo para embarazadas, de toda Europa, con más de 20 semanas de gestación.
Un contexto singular
La sentencia se ha producido en un contexto, cuanto menos, singular: tras pasar por varios Juzgados catalanes, el caso acabó en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, (una de las 6 Secciones penales), en la que los tres magistrados que la componen habían manifestado afinidad a los postulados progresistas.
Así, doña Carme Domínguez Naranjo, que sentencia que el aborto no es delito, pues la voluntad de la mujer es suficiente para acabar con la vida de su hijo (sin mencionar que la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen bajo presión de su entorno, como ha confirmado la revista Medical Science Monitor), firmó, en noviembre de 2011, un artículo sobreviolencia de género en el que defendía que, si un hombre condenado a pena de alejamiento por maltrato, se acerca a la mujer porque ésta accede a ello, la voluntad de la mujer no le exime a él del delito, por la dependencia emocional de la mujer con su agresor.
Don Eduardo Navarro Blasco ha participado como ponente en actos de la asociación Jueces para la Democracia, afín al PSOE.
Y doña María Dolores Balibrea Pérez firmó un manifiesto ante las elecciones generales de 2008, elaborado por las asociaciones progresistas de la judicatura, crítico con propuestas electorales del PP, y que fue investigado por el Consejo General del Poder Judicial por su ingerencia en política. Manifiesto que concluía con una frase de Gaetano Filangieri, reconocido anticlerical del siglo XVIII, que definió «como objetivo irrenunciable para la mejora social: la superación de un sistema punitivo confesional en las prohibiciones, feroz en los castigos, vejatorio en las imputaciones, y arbitrario en las decisiones».
«Un aborto de 30 semanas es más
grave y urgente que cien Bárcenas»
La presunta corrupción en el PP, que implicaría a su ex tesorero, Luis Bárcenas, y a toda la cúpula del partido, incluido el Presidente del Gobierno, hace que «ahora, las preocupaciones se centran en demostrar la inocencia de los miembros del partido, no en sacar leyes polémicas», explican fuentes cercanas al Ejecutivo.
Sin embargo, los miembros provida del PP no ocultan su inquietud: «Que en España se pueda abortar a un bebé de 30 semanas es más grave y urgente que cien casos como el de Bárcenas. La reforma del aborto tendría que haber sido una prioridad, porque hay vidas en juego, y la legislación es un coladero».
Un coladero posibilitado no sólo por la ley Aído, sino por la ley de 1985, y en especial por el supuesto del riesgo físico o psíquico de la madre, que ahora quiere recuperar el Gobierno, aunque fuese el que hizo posible el caso Morín y el 98% de los abortos en España.
Foro de la Familia
Vida y bioética
(06/02/2013)
"Los tribunales se rinden ante el aborto"
"La sociedad española reacciona
cada vez con más fuerza en defensa de la vida"
La reciente sentencia de la Audiencia de Barcelona que absuelve a todos los inculpados por abortos ilegales en el 'caso Morín' ha provocado indignación entre todas las asociaciones provida. En ese sentido, el Foro de la Familia ha emitido un comunicado en el que desgrana en ocho puntos sus consideraciones al respecto.
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, a la luz de la sentencia, considera que "mientras los tribunales se rinden ante el aborto, la sociedad española reacciona cada vez con más fuerza en defensa de la vida".
Para la Audiencia provincial del Barcelona, "las violaciones, en materia de acreditación del supuesto de hecho que teóricamente haría no punible el aborto, son detalles administrativos irrelevantes", denuncia Blanco.
"El tribunal catalán no ha tenido reparo alguno para afirmar que, si de aborto se trata, todos los límites y restricciones legales son ‘pelillos a la mar’", añade.
"Atentado al Estado de Derecho"
El presidente del Foro de la Familia opina que la sentencia del 'caso Morín' "es un objetivo atentado al Estado de Derecho con manifiesto desprecio a la Constitución y a los valores y bienes por ésta protegidos".
"El aborto, se ha convertido así "en una isla de impunidad a la que no se aplica la ley", y una "manifestación muy preocupante de la profunda crisis del Estado de Derecho en España", insiste.
Conviene, pues, "que el ministro de Justicia tenga muy presente esta sentencia a la hora de redactar la nueva legislación que ha comprometido en materia de prácticas abortistas si de verdad quiere hacer una ley seria y que sirva para algo", advierte.
Contrasta lo que dicen los tribunales con la "positiva recuperación en la conciencia social del aprecio a la vida del no nacido que ponen de manifiesto realidades tan estupendas como el despliegue por toda España de la RedMadre de voluntariado de apoyo a las embarazadas", así como "las masivas manifestaciones en apoyo a la mujer, la vida y la maternidad como la celebrada en Madrid en 2009 con más de un millón de personas en la calle", subraya.
"Mientras los tribunales se rinden ante el aborto, la sociedad española reacciona cada vez con más fuerza en defensa de la vida. Confiemos en que el Gobierno se sume a lo mejor del esfuerzo social", concluye.
Benigno Blanco a la luz de la sentencia
1.- La sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona que absuelve a todos los acusados en “el caso Morín” es un objetivo atentado al Estado de Derecho con manifiesto desprecio a la Constitución y a los valores y bienes por ésta protegidos (aunque sea escasa y tímidamente). Del relato de hechos probados que hace la misma sentencia se deduce la expresa y clara violación sistemática de los requisitos que hacían conforme a la ley de 1985 no punible un aborto; y sin embargo para el tribunal esas violaciones en materia de acreditación del supuesto de hecho que teóricamente haría no punible el aborto son detalles administrativos irrelevantes.
2.- La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de darnos una prueba palpable de que -diga lo que diga la Constitución y el Tribunal Constitucional (TC) en su interpretación-, los poderes públicos se han autodesarmado para exigir el mínimo respeto a la vida del no nacido.
3.- El aborto se ha convertido en una isla de impunidad a la que no se aplica la ley; los negociantes del aborto, los que se lucran con su práctica, son los únicos empresarios y profesionales que se pueden permitir en la España de hoy día actuar al margen de las leyes sin consecuencia negativa alguna. Este es el mensaje de la Audiencia Provincial de Barcelona, que no ha tenido reparo alguno para afirmar que -si de aborto se trata- todos los límites y restricciones legales son ‘pelillos a la mar’.
4.- Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona es una manifestación muy preocupante de la profunda crisis del Estado de Derecho en España: las leyes, incluida la Constitución, son algo maleable, adaptable, interpretable según la ideología y la opinión política de los operadores jurídicos y los climas de opinión. Recuerda mucho esta sentencia a la reciente del TC sobre el mal llamado “matrimonio homosexual” .
5.- Cuando en una sociedad fallan los jueces, cuando nadie defiende la ley, estamos en el terreno de la arbitrariedad, de la dictadura del poder, sea éste -¡qué más da!- el ejecutivo o el judicial.
6.- La desprotección jurídica del derecho a la vida está abriendo camino en nuestra sociedad a la destrucción del Estado de Derecho. Y la Audiencia Provincial de Barcelona acaba de aportar su granito de arena a reforzar esta tendencia.
7.- Quizá los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se sientan muy orgullosos de su aportación a la causa ‘progresista’,pero pasarán a la historia como albañiles laboriosos en la obra de destrucción del imperio de la Ley. Leyendo esta sentencia no he podido evitar recordar la película ‘Los juicios de Nuremberg’, interpretada por Spencer Tracy que recientemente una televisión nos permitió volver a ver en España.
8.- Conviene que el Ministro de Justicia tenga muy presente esta sentencia a la hora de redactar la nueva legislación que ha comprometido en materia de prácticas abortivas si de verdad quiere hacer una ley seria y que sirva para algo. No es de recibo que se mantenga una situación en la que la Constitución proclama el derecho a la vida de ‘todos’ y el Tribunal Constitucional dice que el aborto solo puede ser no punible si concurre un gravísimo conflicto entre bienes de igual relevancia constitucional, a la par que luego los tribunales ordinarios dejan impunes cualesquiera abortos con disculpas formales variadas.
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