Fernando Grande Marlasca+Javier Gómez Bermúdez |
HO-Hazte Oir (8/1/2014): Quiero expresar mi apoyo a la querella que presenta HazteOir.org contra los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por incumplir las leyes procesales y poner en libertad a terroristas etarras en aplicación de la derogación de la doctrina Parot.
La legislación española prohíbe aplicar sentencias redactadas en lenguas extranjeras sin traducción al español previa, por lo que la resolución de estos jueces cuando solo existía una versión en inglés y otra en francés de la sentencia de Estrasburgo, incumple la ley española.
Hemos estado haciendo muchas consultas a juristas de reconocido prestigio y nos han indicado el que puede ser el talón de Aquiles del proceso de excarcelación de etarras tras la derogación de la doctrina Parot.
Podemos tratar de sentar en el banquillo a los jueces de la Audiencia Nacional que empezaron a soltar etarras a toda velocidad.
La clave que nos va a permitir presentar una querella contra los 18 miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, protagonista de este episodio lamentable, es la inexistencia de una sentencia en el idioma español en el momento de emitir el primer autor de excarcelación de etarras. Según las leyes españolas, en nuestro país no se puede aplicar directamente una sentencia extranjera: es preciso que esté traducida debidamente al español antes de que la Justicia se pronuncie.
Sin embargo los jueces del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que empezaron a poner en libertad a los etarras más sanguinarios no cumplieron con lo dispuesto en las leyes procesales y aplicaron la sentencia de derogación de la doctrina Parot cuando no existía más que una versión en inglés y otra en francés de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero ninguna en español.
Esta infracción de la ley posiblemente permitirá sentar en el banquillo a los 18 jueces de la Audiencia Nacional y pondrá patas arriba todo el proceso de excarcelación de asesinos etarras.
Tu firma no implica que debas personarte en esta causa. Es decir, firmar esta alerta no supone para ti ninguna obligación jurídica, ni tiene para ti ninguna consecuencia jurídica.
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