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viernes, 11 de febrero de 2022

Adolfo Suárez y la Tra(ns)ición

Adolfo Suárez y la Tra(ns)ición
13/4/2019 
Adolfo Suárez, figura controvertida, sigue inscrito en el santoral de la “Transición”, pero su trayectoria tiene más que ver con la traición que con cualquier otra cosa.
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Hipólito Suárez y Sánchez Albornoz
Su padre, Hipólito Suárez Guerra, era procurador de tribunales en La Coruña, de ideas republicanas, afincado en Ávila. Era jugador y mujeriego. La guerra 1936-39 le sorprendió en Ávila, donde era Secretario del Juzgado tras haberse casado poco antes del estallido de la contienda, en Cebreros, con Herminia González Prados, mujer muy devota e hija de pequeños empresarios avulenses. Hipólito Suárez mantenía una estrecha relación amistosa con Claudio Sánchez Albornoz, elegido diputado en las elecciones de febrero de 1936, había sido Ministro durante la Segunda República y después sería Presidente de su gobierno en el exilio entre 1962 y 1971. Cuando el 23 de Abril de 1976, Sánchez-Albornoz regresó a España, se reencontró con el padre de Adolfo Suárez.

Tras la guerra, el padre de Suárez fue sometido, como todos los funcionarios, al habitual proceso de depuración de resposanbilidades del que salió bien parado porque no tenía en su haber delitos ni de sangre ni graves de otra naturaleza, pudiendo seguir ejerciendo como procurador.

Suárez en el Deportivo Juvenil
Inicios
 Suárez nació en Cebreros por decisión de su madre, pues allí tenía ésta sus raíces familiares. Sin embargo, su residencia ya estaba establecida en Ávila. Suárez nunca destacó como estudiante ni como lector, pasó por varios colegios y sus aficiones fueron las fiestas y los juegos de cartas. Tenía un gran arrastre entre las mujeres. En La Coruña pasó muchos veranos y hacia los 14 años pasó allí una larga temporada con sus abuelos –al parecer por una crisis matrimonial de sus padres–, durante la cual llegó a jugar en el equipo juvenil del Deportivo.

Suárez mostró por aquella época cierta religiosidad, fundando y presidiendo diversos organismos ligados con Acción Católica. Tenía dieciocho años cuando se convirtió en Presidente del Consejo Diocesano de Acción Católica de Ávila, al unísono, fundó una asociación con inquietudes sociales que llamó “De jóvenes a jóvenes”. La rivalidad entre Acción Católica y Falange solía llegar al desprecio recíproco, y no faltaron entonces enfrentamientos físicos.

En el libro “Los que le llamábamos Adolfo”, del periodista Luis Herrero, se puede leer como Suárez pensó durante años que estaba marcado con una equis por no tener pedigrí pilarista en su currículum. Cuando sintió la decepción de no ser nombrado Ministro por primera vez, achacó su funesto sino a dos razones: “Por no haber estudiado en el exclusivo colegio de El Pilar y por no vivir en la urbanización de Puerta de Hierro: no ser pilarista era para él una fatalidad irremediable, pero a lo de no vivir en Puerta de Hierro le puso solución”.
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La mujer de Suárez es la primera por la izquierda
Colegio Mayor Francisco Franco
Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, titulándose con bastantes dificultades. A comienzos de 1955, consiguió su primer trabajo remunerado como oficial interino en la Beneficiencia de Ávila, año en que su padre huyó de casa debido a un escándalo de negocios.

Inicia su carrera política al cruzarse en su camino con dos figuras decisivas, Mariano Gómez de Liaño y Fernando Herrero Tejedor. Gómez de Liaño, Magistrado de la Audiencia Provincial, lo recomendó como secretario personal al Fiscal Herrero Tejedor, al cual conoce en Agosto de tal año. Herrero, falangista vinculado al Opus Dei acababa de ser nombrado gobernador civil y Jefe Provincial del Movimiento en Ávila, convirtiéndose de inmediato en su tutor político por la influencia de la esposa de Tejedor, cautivada por el don de gentes de Suárez.

A comienzos del curso 1958-1959 Suárez entró en el Colegio Mayor Francisco Franco, en la Ciudad Universitaria de Madrid, con el objeto de empezar a preparar oposiciones. El rector del centro, Eduardo Navarro Álvarez, miembro de la Centuria XX de Falange, aseguraba que se trataba de un recomendado de Fernando Herrero Tejedor, ahora Delegado nacional de Provincias en la Secretaría General del Movimiento, tras dejar Ávila. Suárez y Herrero habían perdido el contacto en la breve etapa de éste como gobernador civil de Logroño, pero al poco de ser destinado a Madrid, Herrero Tejedor lo incorporó a su equipo de colaboradores como secretario personal, un cargo modesto, hecho a medida de aquel joven sin oficio ni beneficio, al que nada retenía en Ávila tras la marcha de su protector.
En la Secretaría General del Movimiento, en Alcalá, 44, Adolfo prestaba pequeños servicios a su valedor. Recibía a las visitas, las llevaba a la sala de espera y, si la demora se alargaba en exceso, les daba conversación, con esa simpatía y ese don de gentes que le caracterizaba. Atendía las llamadas de teléfono y se ocupaba de la correspondencia. Era una forma de ir tirando, mientras resolvía su futuro que pasaba por aprobar unas oposiciones. De momento, había que encontrarle alojamiento, porque Adolfo había llegado a Madrid con lo puesto y la esperanza, de hacer carrera como su padre, siendo procurador en los tribunales. Tras tomarle bajo su protección, recordando los buenos servicios que le había prestado en Ávila, Herrero Tejedor le buscó acomodo en el Colegio Mayor Francisco Franco, donde su hermano José Luis tenía una habitación amplia. Fernando habló con José Luis y éste a su vez con el rector al que le preguntó si habría inconveniente en colocar otra cama en su habitación para que pudiera dormir allí el protegido de su hermano.
Navarro accedió a ello, como no podía ser de otra forma, viniendo de un alto cargo del partido, y porque el favor en realidad lo hacía José Luis Herrero al prestarse a compartir su habitación.

Política, falange y espías
Suárez desempeñó diferentes cargos dentro de las estructuras del franquismo siempre de la mano de Herrero Tejedor. En 1958, pasó a formar parte de la Secretaría General del Movimiento ascendiendo, en 1961, a Jefe del Gabinete Técnico del Vicesecretario General, procurador en Cortes por Ávila en 1967 y gobernador civil de Segovia en 1968. En 1969 era designado Director General de Radio Televisión Española, donde ya había desempeñado otros cargos entre 1964 y 1968. Adolfo tenía muy claro lo que tenía que hacer, el entonces Príncipe, pronto sería el Rey de España, por lo que había que apoyarle al ser el futuro y además a no tardar mucho. Hizo que el pueblo español conociera a la figura del futuro Rey, realizando entrevistas y demás propaganda como cuando por ejemplo, a Juan Carlos le dieron el título de piloto. Por otra parte, en esta etapa también se dedicó a realizar escuchas para los Servicios Secretos. Permaneció en este cargo hasta 1973.
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En un discurso de Herrero
Torcuato Fernández Miranda
En abril de 1975, nuevamente de la mano de Herrero Tejedor, y con el consenso de Juan Carlos, es nombrado Vicesecretario General del Movimiento, cargo que ocuparía hasta la muerte de su mentor el 12 de junio de ese año en un accidente de automóvil. El 11 de diciembre de 1975, Suárez entró a formar parte en el primer gabinete de Arias Navarro formado tras la muerte de Franco, recomendado por el Rey. Por sugerencia de Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez fue nombrado Ministro Secretario General del Movimiento. Recordemos que Torcuato Fernández Miranda ejerció el cargo de Vicepresidente con Carrero Blanco, como Ministro de Gobernación en el momento del atentado, y fue criticado por su incompetencia, incluso llegó a la presidencia de forma interina tras el asesinato del almirante. A la muerte de Franco, el príncipe Juan Carlos es coronado Rey el 22 de noviembre de 1975 lo primero que hizo fue entregar Marruecos a los americanos, nombrar Presidente de las Cortes a Fernández Miranda, y confirmar a Carlos Arias como Presidente del Gobierno, ya que éste no estaba dispuesto a abandonar.
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Director de RTVE
Poco después de la proclamación de don Juan Carlos, aparece un personaje pintoresco, Arnaud de Borchgrave, subdirector de la revista Newsweek, quien, según el General Fernández Monzón: “Esta revista ha sido siempre el órgano de comunicación oficioso de la CIA. (…) Borchgrave es quien le dice al Rey, con la coartada de hacerle una entrevista para Newsweek, que, para seguir adelante con lo pensado, no puede mantener de Presidente de Gobierno a Carlos Arias Navarro”. Es cuando el Rey llama a Arias y le dice que se acabó. El sucesor natural hubiese sido Fernando Herrero Tejedor, entonces Ministro y Secretario General del Movimiento, que había apoyado, junto a López Rodó, la maniobra sucesoria encarnada en el príncipe. Pero Herrero murió en un accidente impactando contra un camión que se saltó un ceda el paso y había que buscar otro candidato.
Manuel Fraga
Descartando candidatos
Sin duda había varios candidatos para sustituir a Arias Navarro provenientes del franquismo dispuestos a comandar la Transición. Los dos más fuertes eran José María de Areilza, Ministro de Asuntos Exteriores, y Manuel Fraga, Ministro de la Gobernación. Ambos mantenían estrechos vínculos con Estados Unidos. Es entonces cuando el SECED hace un retrato robot del personaje necesario, al que dan su visto bueno los norteamericanos. Debería ser un hombre del Movimiento, que no haya participado en la guerra y sea de familia humilde, preferiblemente de provincia pequeña o del medio rural, que no tenga fortuna personal. Al final salen tres nombres: José Miguel Ortí Bordás, que es en esos momentos Vicesecretario del Movimiento con Solís; Rodolfo Martín Villa, Gobernador de Barcelona, y Adolfo Suárez
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José María de Areilza
Andrés Cassinello
Para desbancar a Areilza y a Fraga, hicieron falta los Servicios Secretos y la manipulación informativa. Fraga queda eliminado de la carrera tras su desastrosa actuación en las matanzas de Vitoria y Montejurra, que se encargaron de propagar los medios, y Areilza, por su parte, decidirá apartarse de la competición. Según Alfredo Grimaldos en su libro “La CIA en España”–historia corroborada por otras fuentes–: “Los hombres de Cassinello colocaron un micrófono en la mesa del despacho de Areilza, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y comenzaron a grabar. Entre las cintas registradas quedaba constancia de la íntima y cálida relación que el Ministro mantenía con su secretaria; (la esposa de Areilza estaba paralítica desde hacía tiempo). Se le sugirió la existencia de las cintas y decidió pasar a un discreto segundo plano”. Andrés Cassinello era Capitán del SECED, y llegará a Teniente General. Personaje muy vinculado a los servicios de información norteamericanos, se integra en la Organización Contrasubversiva Nacional, embrión del SECED, tras haber realizado un curso de contrainsurgencia en el Centro de Guerra Especial de Fort Bragg. Casinello conocía a Adolfo Suárez desde los tiempos en los que el político abulense, tras terminar la carrera de derecho, hacía las milicias universitarias, en el mismo cuartel donde estaba destinado su hermano, el capitán José Cassinello. A principios de 1976, los intereses de Suárez y Andrés Cassinello coinciden plenamente. Adolfo Suárez, muy aficionado a las escuchas y los dossiers desde su época de Director General de RTVE (Radio Televisión Española), manejó los hilos locales de la trama desde la trastienda. Cassinello con Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno llegaría a ser el último director del SECED, desde 1976 hasta noviembre de 1977, cuando se reestructuran los servicios de información españoles y se creó el CESID.
Carlos Arias Navarro
Tras la dimisión de Arias Navarro, forzada por el Rey en el verano de 1976, Torcuato coincide con Juan Carlos I, que ya era un hombre a las órdenes de Kissinger, en que el elegido para presidir el Gobierno fuese Adolfo Suárez González, un tipo joven, sumiso, dócil, con dotes de palabra y con ambiciones políticas, que había sido apadrinado dentro del régimen por el Ministro franquista Herrero Tejedor y que, al igual que Fernández-Miranda y el propio Herrero, había pasado por la Secretaría General del Movimiento. Para ello, Torcuato mueve los hilos del Consejo del Reino a fin de que entre los candidatos se encuentre Suárez, tal y como planificaron el SECED y la CIA.

Según Gregorio Morán, en una entrevista llamada “Los padres de la Transición eran absolutamente impresentables” publicada en el Clarín, Torcuato manipuló las votaciones. Hay uno de los miembros del Consejo que manifiesta extrañado que el nombre de Suárez sale continuamente en las votaciones. Pero no es hasta la tercera votación cuando se mosquean, cuando se comienzan a dar cuenta de que los están llevando al huerto. Porque además se van eliminando los nombre fundamentales. La trampa la hace Torcuato y en esencia es sencillísima: Torcuato tiene que conseguir que al menos uno de los quince miembros del Consejo no incluya en su terna a Federico Silva Muñoz, que era el más cualificado de entre los treinta y dos candidatos iniciales. Ahí es donde aparece la trampa. Porque, claro, ¿cómo iban a nombrar a Suárez si había unanimidad acerca de otro nombre? Tiene que romper esa unanimidad. Y eso es lo que hizo, organiza una trama que le sale perfecta. Engañó mediante esta maniobra a todos los miembros del Consejo del Reino. Por eso las enigmáticas palabras que pronunció Fernández Miranda cuando, a la salida de la última sesión del Consejo del Reino, y con los tres nombres ya decididos dijo: “Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido”. Torcuato dimitiría de su cargo antes de que se celebraran las primeras elecciones legislativas de la democracia, el 15 de junio de 1977.
Suárez Presidente
En julio de 1976 el Rey encargó a Suárez la formación del segundo gobierno de su reinado y la consiguiente adaptación de las estructuras franquistas a la nueva democracia, para que acabe de destruir del todo lo que quedaba del régimen anterior y prepare el debilitamiento de España para que deje de ser un obstáculo en los objetivos de EEUU y Alemania, recordemos a Carrero reunido con Kissinger el día antes de su muerte, hablando de la bomba atómica española y de la prohibición a los americanos de seguir utilizando nuestras bases en ayuda de Israel, y de la inversión del alemán socialdemócrata de la CIA Willy Brandt con Felipe González, en Suressnes en 1974. Suárez era un perfecto desconocido para una mayoría del pueblo español, pero como buen encantador de serpientes, supo reunir, junto a falangistas conversos como él, a socialdemócratas, liberales, democristianos, etc. Para supuestamente desarbolar el régimen franquista con la complicidad de las fuerzas antifranquistas como el PSOE y, especialmente, del Partido Comunista de España y su líder, Santiago Carrillo, que calificó a Suárez de anticomunista inteligente. En esta tarea contó con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda, entre otros, que también le sacó adelante el Proyecto de Reforma Política ante una recelosa oposición democrática y con la colaboración inestimable del Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado encargado de controlar en las sombras a las altas esferas militares proclives al régimen franquista mediante el CESID sin Director, gracias a los allí colocados por el mismo Gutierrez Mellado, los comandantes Calderón y Cortina, cerebros fundadores de Alianza Popular y artífices del plan del 23F.

En septiembre de 1976 tuvo lugar una famosa reunión con los altos mandos militares para comentarles su políticas. Suárez en su discurso habla de asentar la democracia y consolidar la Corona. Se trata de adaptar la España de Franco a los nuevos tiempos. Entre los militares existe la preocupación de legalizar ciertos partidos, en especial el Partido Comunista. Suárez respondió: “Debéis rechazar cualquier recelo o duda al respecto. Tendremos partidos políticos que irán desde la derecha hasta la izquierda moderada. El techo está en la socialdemocracia y como mucho en el Partido Socialista. Desde luego que el Partido Comunista nunca será legalizado. Vosotros me conocéis bien. Yo también soy un hombre de lealtades. Sabéis de dónde vengo y éste es mi firme compromiso. Tenéis mi palabra de honor.” Los militares le felicitaron efusivamente y el Teniente General Gutiérrez Mellado se le fundió con un fuerte abrazo. Pero en abril de 1977 Suárez tomó la decisión consensuada previamente con el Rey, Gutiérrez Mellado, Martín Villa y Calvo-Sotelo entre otros, de legalizar el Partido Comunista. Los militares se sintieron traicionados y comenzaron a hablar por primera vez de una intervención militar.
Gutiérrez Mellado y Suárez
El 15 de junio de 1977, se celebraron elecciones generales en España. Adolfo Suárez se proclamaba vencedor, al frente de un conglomerado de formaciones de centro, aglutinadas en torno a su persona, bajo las siglas UCD (Unión de Centro Democrático). Las Cortes salidas de aquellas elecciones aprobaron la Constitución que el pueblo español refrendaba el 6 de diciembre de 1978.

El 11 de enero de 1977, tuvo lugar una reunión entre cuatro representantes de la oposición democrática, Antón Cañellas, Felipe González, Julio de Jáuregui y Joaquín Satrústegui, con el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en la que se expuso y se solicitó al presidente del Gobierno una amnistía total para todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976. El 15 de octubre de 1977 Suárez aprobó la Ley de Amnistía, entrando en vigor dos días después, y siendo apoyada por casi todos los grupos parlamentarios: Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, la Minoría Vasco-Catalana y el Grupo mixto, con la abstención de Alianza Popular. En total, 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. Esta ley incluía la amnistía de los presos políticos, así como un amplio espectro de delitos que incluían actos políticos, rebelión, sedición y denegación de auxilio cometidos.

El 3 de marzo de 1979, Adolfo Suárez ganaba por segunda vez unas elecciones generales, e iniciaba su tercer mandato como Presidente del Gobierno. Sin embargo, el triunfo en las elecciones generales quedó muy en segundo plano tras el acceso de la izquierda a los principales ayuntamientos del país después de las elecciones municipales de abril. El acuerdo entre el PSOE y el PCE permitió que las grandes ciudades españolas fueran gobernadas por alcaldes de partidos de la oposición. Suárez designó por vez primera como Ministro de Defensa a un civil. A las pocas semanas de tomar posesión, Sahagún visitó la sede del CESID, donde le informaron de las actividades del centro y, entre otras, de la Operación De Gaulle. Sahagún creía que estaba ante el diseño de un golpe trazado por el servicio de inteligencia, y en junio, ordenó la salida de los autores del estudio –el comandante Faura, con el tiempo JEME– y el relevo del Director del centro, pensando que así quedaría todo concluido. Como ya sabemos, la operación siguió adelante con Armada como protagonista principal. En mayo de 1980, Felipe González anuncia una moción de censura, con el único fin de desgastar a Suárez.
Dimisión
En ese momento la situación de Suárez, era muy delicada. La previsible llegada de Reagan a la presidencia de EEUU y la puesta en marcha de sus nuevas políticas con objetivos estratégicos militares como el escudo antimisiles, no era compatible con Suárez y suponía un importante obstáculo. Otro punto importante que molestaba a Kissinger, era que Suárez se mostró reacio a que España entrara a formar parte de CEE y de la OTAN. Aquí fue cuando perdió del favor del Rey, en la segunda mitad de 1980. Suárez era un hombre puesto en el poder por los norteamericanos con la inestimable ayuda del Rey y Torcuato, pero una vez en el poder, se desvió del camino marcado. Para rematar la faena, se reunió con Fidel Castro en la Cumbre de Países no Alineados en Cuba, habló bien en público de Gadaffi y le llamaban tercermundista por preocuparse por Guinea Ecuatorial. Adolfo se les había ido de las manos a los norteamericanos tratando con los países no alineados y con enemigos declarados de los EEUU, además no estaba muy dispuesto a quitarse de en medio. Entonces comenzaron las presiones desde Washington, apliadas en Madrid con las de Calderón y Cortina del CESID sobre Suárez, al que convencen de que como ascendió al poder de la mano del Rey, debía distanciarse de este cuanto antes, para no provocar su caída. Tanto el CESID, como la CIA, como el Rey, propusieron esta operación en la que todo el mundo estuvo de acuerdo, incluso sus Ministros. Además tenemos otras controvertidas decisiones del Presidente, entre ellas las autonomías y su poca palabra para con los militares en el tema de la legalización del PCE, unido todo al creciente índice de paro y la cada vez más importante violencia en las calles.
El primer Presidente, puesto para ser elegido por los ciudadanos en la nueva democracia española, pronto se quedaría solo y así los planes de recambio para España podrán activarse fácilmente en el momento que se materialice la victoria electoral de Reagan. El sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, afirma en sus memorias que él tenía claro desde 1977 que era necesario incorporar a España en la CEE y en la OTAN, aunque quien materializó finalmente la obra sería Felipe González. Finalmente, el 29 de enero de 1981, Suárez optó por presentar su dimisión tanto como Presidente del Gobierno como de Unión de Centro Democrático. En su mensaje afirmó: “Mi marcha es más beneficiosa para España, que mi permanencia en la presidencia, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España.” Parece que además de las presiones de la CIA, el CESID, los militares y demás controversias que le rodeaban, sabía que se avecinaba un Golpe de Estado.

El 25 de febrero de 1981, dos días después del Golpe de Estado, el Rey creó el Ducado de Suárez, un título nobiliario español con Grandeza de España otorgado a Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981, en reconocimiento a su labor durante la transición a la democracia. En 1996 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su importante contribución a la Transición española a la democracia, de la que se le considera el gran artífice.
Deja la política y contrae alzheimer.
Poco después de su dimisión creó junto a otros ex dirigentes de UCD el partido Centro Democrático y Social (CDS), con el que se presentó a las elecciones del 28 de octubre de 1982, siendo elegido diputado por Madrid. Revalidó su escaño en las elecciones de 1986 y las de 1989, pero en 1991 dimitió como Presidente del CDS tras los malos resultados de su formación en las elecciones municipales y abandonó definitivamente la política.

En 2003, en Albacete, Suárez hizo su última aparición pública con motivo de la candidatura de su hijo, Adolfo Suárez Illana, a Presidente de Castilla la Mancha por el Partido Popular, para apoyar su candidatura. En 2007 Suárez Illana, deja la política y le sustituye en el cargo María Dolores de Cospedal. Desde aquella aparición en 2003, Suárez no volvió a aparecer públicamente, siendo precisamente su hijo Adolfo quien en el transcurso de una entrevista en Televisión Española en 2005, hizo público que su padre tenía Alzheimer desde hacía dos años, por lo que ni siquiera recordaba haber sido Presidente del Gobierno.

El 8 de junio de 2007 y con motivo del trigésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la Dictadura, el Rey Juan Carlos, lo nombró Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro por su importante actuación en la Transición española, el cual le fue entregado el día 16 de julio de 2008. Al no poder asistir por su estado de salud, recogió el premio Adolfo Suárez Illana, que leyó un discurso en nombre de su padre. Adolfo Suárez murió en 2014.
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domingo, 27 de octubre de 2019

Pío Moa: Las 13 ROSAS fusiladas por el franquismo en 1939, grupo de mujeres de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), comunistas del sector más fanático y estalinista del PCE, que había intervenido en multitud de asesinatos

Trece rosas y muchas jetas
Pío Moa
9-8-2009

Como es sabido, el fusilamiento de trece mujeres en 1939, hecho sin precedentes ni continuaciones en el franquismo, ha sido explotado inmensamente por la propaganda comunista, en primer lugar, y luego por la izquierdista en general. Como he expuesto en Años de hierro, creo que sin que nadie haya podido rebatirlo, se trataba de un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), en realidad comunistas, y precisamente el sector más fanático y stalinista del PCE, que había intervenido en multitud de asesinatos.

En este caso, el hecho concreto por el que fueron fusiladas –junto con 42 hombres de los que nadie se acuerda– fue el asesinato a sangre fría de un militar, su hija adolescente y un soldado conductor en la carretera de Extremadura, un atentado típicamente terrorista. El fusilamiento fue, desde luego, un crimen legal, pues la mayoría de los encausados no estaba implicado de manera inmediata en el triple asesinato de las JSU, aunque sí en los aledaños del núcleo que lo perpetró. El motivo de tan inusual reacción del régimen fue aplastar de raíz aquel tipo de actividad y, sobre todo, destruir la esperanza de reorganización comunista. Así venía a explicarlo la nota oficial:

Todo esfuerzo contra este país puesto en pie a través de horribles sacrificios; todo esfuerzo encaminado a perpetuar los hábitos de la criminalidad política (...) apenas se haya producido quedará inexorablemente aplastado (...) Terrible ha sido el fallo (...) Cada vez que se produzca un hecho semejante al de la carretera de Extremadura, la decisión de la justicia (...) será tan implacable como en esta ocasión (...) Nadie, y por ningún motivo, podrá volvernos a la tragedia y al espanto que exigieron una guerra.

Típicamente, la izquierda ha cultivado una tremenda sentimentalidad personalista en torno al caso, lo que puede admitirse. Pero con la inadmisible trampa habitual, ha presentado a las víctimas no como estalinistas –es decir, insertas en la ideología y el aparato político que mayores genocidios ha cometido en el siglo XX–, sino como campeonas de la libertad, de la democracia, etc.: "la constante mentira comunista" de la que hablaba Marañón.

La trampa ha sido doble por parte de los (y especialmente las) sinvergüenzas del PSOE que, con su mentalidad, al parecer indesarraigable y tan reiteradamente demostrada, de simples chorizos, han querido apropiarse una bandera que no es suya. No está mal que estos señoritos y señoritas rojos y rojas explayen su identificación con el estalinismo; sirve como una de tantas señas de identidad. Pero con razón han protestado los comunistas y otros: lo que hacían aquellas células de las JSU era exactamente lo contrario de lo que hacían los jefes socialistas de entonces, que era pelearse en el exilio por los inmensos tesoros que habían robado a todos los españoles y que habían llevado consigo en su fuga, mientras abandonaban en el interior a sus sicarios, expuestos a la venganza de Franco.

Por mucho que haya llegado a repugnarnos el estalinismo y sus crímenes, no hay duda de que seguir reorganizándose dentro de España, expuestos a una terrible persecución, tiene algo de heroico, o al menos de respetable. La actitud del PSOE nunca ha tenido ese rasgo: todos sus actos, sin faltar los terroristas, abundantes en su historial, los ha cometido desde una posición de fuerza o en la esperanza de la impunidad y en medio de una enorme corrupción. Impunidad que se cumplió para sus dirigentes huidos, a quienes nada importó el destino de los suyos dentro de España.

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miércoles, 16 de octubre de 2019

Traspaso de la EDUCACIÓN a las autonomías (González) y Ley de MEMORIA histórica (Zapatero): responsables de la Rebelión revolucionaria actual en Cataluña. El Poder masónico supranacional controla también la derecha liberal del PP hacia el Nuevo Orden Mundial. España Católica y Unida es el mayor obstáculo. El Federalismo y derribar la Cruz del Valle de los Caídos son los verdaderos objetivos de los siervos de Satanás


son responsables de la Rebelión en Cataluña 
y de la que seguirá en Vascongadas y Navarra
Santiago Clavijo
15.10-2019
Resultado de imagen de golpe 1-O y rebelion 14-O
Golpe del 1-O-2017 y  Revolución del 14-O-2019
La constitución, la descentralización 
y especialmente la educación traspasada, 
han conseguido una mayoría 
de votantes partidarios de la rebelión 
y una minoría de activistas revolucionarios

¿por qué la condena por sedición y no por rebelión?
14-10-19 
 Los magistrados del Alto Tribunal analizan los episodios de violencia registrado durante el golpe: "La existencia de hechos violentos a lo largo del golpe...
Resultado de imagen de Traspaso de la educación a cataluña
Pablo Molina
2012-04-13
Un día, mientras terminaba su cuarta serie mañanera de tres mil quinientos abdominales colgado del último listón de la espaldera ante la atenta mirada de su perrita Gufa, José María Aznar López decidió que en España no podía haber nadie más progre que él. "Si el carca de González empezó a transferir competencias a las autonomías –pensó–, yo las traspaso todas de golpe pase lo que pase". Y así comenzó nuestra tragedia.
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La inmersión lingüística en la escuela
A pesar de la ampliación de horas en castellano en algunos municipios propuesta por Bargalló, un documento demuestra la imposición de la lengua catalana en la vida diaria de los centros.
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Traspaso de la educación a las autonomías
El mayor traspaso de competencias a las comunidades lo ...
13 ago. 2015 - Para 1983, todas las autonomías habían adoptado sus propios estatutos. ... descentralizaron competencias como la educación no universitaria ...

Los dos mayores errores que se han cometido en la ...
18 may. 2017 - Transferir competencias en Educación fue aprovechado por ... a ir mejor en las autonomías, si se transferían las competencias educativas.

Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de ...
... que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. ... de las Comunidades Autónomas, en la Conferencia Sectorial de Educación.

Pablo Molina - La verdadera historia de las transferencias ...

13 abr. 2012 - ... a transferir competencias a las autonomías –pensó–, yo las traspaso ... técnicos de los ministerios de Sanidad y Educación comenzaron las ...

Especial "La España de las Autonomías" - elmundo.es

Estatutos de autonomía en España y sus reformas. ... PSOE y PP pactan el traspaso de nuevas competencias a las comunidades de 'vía lenta'. ... incluida la de Educación, en un intento de igualar a las comunidades de 'vía lenta' con las ...

El traspaso de competencias en el sector público - CEOE

traspaso de competencias del Estado a las Comunidades. Autónomas desde una ... •En el caso de Sanidad y Educación, que concentran en media más del ...

La regulación del derecho a la educación en las ...

La regulación del derecho a la educación en las reformas de los Estatutos de Autonomía posteriores a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación.

el reparto competencial en materia de educación en españa
R Peris Hevia - ‎2014 - ‎Artículos relacionadoslegislativo», «artículo 27», «ámbito educativo», «Estatuto de Autonomía», ...... Decretos sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado.

José Antonio Escudero: «El Estado nunca debió transferir la ...
17 abr. 2012 - Una: la transferencia de la Educación a las comunidades autónomas, .... Y cortar las cosas superfluas de las autonomías, la caricatura de que...

La autonomía escolar en españa: un proceso abierto
Profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de ... El traspaso de competencias educativas a las Comunidades Autónomas no ha ..
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Separatismo catalán
De la Sedición a la Rebelión, 
del golpe de Estado a la Revolución
Enrique de Diego
8-9-17
La nación, empezando por el Gobierno, está demostrado una completa incapacidad para el análisis de lo que está sucediendo en Cataluña y de ahí deviene que la respuesta esté siendo inadecuada y a remolque de los acontecimientos. Los separatistas catalanes también parecen por completo inconscientes de las fuerzas que están desatando, escondiendo su responsabilidad tras frases hechas de contenido meramente emotivo: votar no es delito, tsunami de democracia contra tsunami de querellas, etc.
En términos penales, los separatistas catalanes han pasado de la sedición a la rebelión, habiendo quedado ambos gravísimos delitos por completo impunes.
En términos políticos, han pasado del golpe de Estado -por el que reclaman todo el poder en Cataluña- a la revolución, por la que todo el marco legal ha quedado abolido.
La revolución francesa, modelo comparativo, se inicia cuando el tercer Estado se constituye en Asamblea Nacional y reivindica para sí, en nombre del pueblo toda la soberanía, y como fecha el 20 de junio de 1789, en el Juramento del Juego de Pelota, cuando se conjuran a permanecer unidos hasta dotar a Francia de una Constitución. La toma de La Bastilla fue una magnificada anécdota sangrienta.
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El mayor traspaso de competencias a las comunidades lo hizo Felipe González
Las reformas de los estatutos en los 90 impulsaron el proceso de descentralización
Jaime G. Mora
13/8/15
Una vez superada la prioridad de «evitar la quiebra y el rescate», Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a discutir una reforma de la Constitución que termine de cerrar el desarrollo territorial de España. De abordarse, el nuevo texto constitucional no «contentará» a los nacionalistas, según el presidente del Gobierno, sino que delimitará las competencias estatales y autonómicas, después de un proceso de descentralización que ha convertido el Estado de las autonomías en un Estado federal de facto.
Por la distribución del poder en el nivel central y regional, el reparto de competencias y el desarrollo de mecanismos de interlocución entre las distintas unidades del Estado, el funcionamiento de España se parece mucho al federalismo que propone el PSOE para hacer frente al desafío de la Generalitat de Cataluña. La vía federal de Pedro Sánchez, de algún modo, la inició Felipe González, después de la constitución de las comunidades autónomas, y la remató José Luis Rodríguez Zapatero, con el último proceso de reformas estatutarias.
Adiós a la «vía rápida»
González firmó en 1981 con Leopoldo Calvo Sotelo, entonces presidente del Gobierno, el primer gran pacto para el desarrollo territorial: los llamados «Acuerdos Autonómicos». La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, torpedeada en los tribunales por los partidos nacionalistas, pretendía homogeneizar la distribución de competencias después de que Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía accedieran a la autonomía por la «vía rápida», que otorgaba inicialmente un mayor nivel de autogobierno. La España simétrica de hoy, con la excepción de los fueros, nació como un Estado asimétrico.
La presencia de los nacionalistas catalanes y vascos en el Parlamento, así como la vocación autonomista del PSOE, posibilitó una primera interpretación nacionalista de la Constitución. Los estatutos de Cataluña y el País Vasco se tramitaron de forma preferente en 1979 y se dificultó el proceso en Galicia. Estaba previso que el resto de comunidades se unieran de forma progresiva y con menos competencias. La ratificación por parte de los andaluces de su autonomía en un referéndum cerró el camino de la «doble velocidad».
Los «Acuerdos Autonómicos» de 1981 fijaron como objetivo generalizar el proceso de descentralización «para lograr en un plazo razonable una distribución homogénea del poder». Para 1983, todas las autonomías habían adoptado sus propios estatutos. Entre 1981 y 1984, la administración estatal transfirió 486 funciones y servicios a las regiones, según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. El Estado de las autonomías era una realidad.
Entre 1984 y 1992 tuvo lugar la segunda fase del desarrollo territorial, en la que las nuevas autonomías se armaron con los organismos institucionales previstos para las comunidades «especiales»: presidentes, gobiernos, parlamentos y la progresiva aparición de órganos auxiliares que reprodujeron a escala regional los órganos de poder del Estado. También se crearon en el ámbito regional defensores del pueblo y consejos consultivos y económicos.
Fue un proceso lento, con distintos ritmos de asunción de responsabilidades y no exento de conflictividad. En 1985 se plantearon hasta 131 conflictos de competencia al Tribunal Constitucional, cuando diez años antes solo se habían registrado ocho.
En esta segunda etapa, no obstante, se produjo un parón en el proceso. En 1988 o en 1991 solo se realizaron seis transferencias del Estado a las comunidades. Cataluña, con cinco, fue la que más servicios asumió.
Pacto González-Aznar
En 1992 se firmó el segundo gran pacto autonómico. El PSOE de González acordó con José María Aznar transferir 32 nuevas competencias a las comunidades que se acogieron a la «vía lenta» y se definió un modelo de cooperación entre entre los dos niveles de gobierno. El último paso para igualar a todas las regiones incluía una ronda de reformas estatutarias con el fin de incorporar las nuevas funciones. Con González como presidente se transfirieron 1.368 competencias.
La victoria del PP en las elecciones generales de 1996 puso en manos de Aznar la culminación de este proceso. Con el PP en el Gobierno, ya se habían reformado once estatutos y se descentralizaron competencias como la educación no universitaria y sanidad. Hasta las comunidades reacias tuvieron que aceptar. Si bien el apoyo de los nacionalistas a los gobiernos en minoría de González y Aznar presionó para estas transferencias, con la mayoría absoluta del PP se aprobaron preceptos como la financiación autonómica.
Estatutos de Zapatero
Zapatero, con su adhesión inicial al estatuto de Cataluña, impulsó en 2005 un nuevo proceso de descentralización, que llevó el Estado de las autonomías al límite. Lo hizo sin consenso. PSOE y PP pactaron los nuevos estatutos de Baleares, Aragón, la Comunidad Valenciana o Castilla y León, pero no el de Cataluña. Con un recurso al Constitucional de por medio, la Generalitat incluyó una referencia a la «nación», asumió el control de Cercanías y más medios en justicia. Entre 1978 y 2014 el Estado traspasó 1.994 competencias a las comunidades. La más beneficiada, con 189 funciones y servicios, ha sido Cataluña, seguida de Andalucía.
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lunes, 24 de junio de 2019

Derogar la LEY de Memoria Histórica es MUY importante porque pretende imponer a la sociedad una versión partidista del pasado español. Es una seria amenaza para las libertades de expresión, investigación y cátedra, garantizadas por la Constitución


Derogar la ley de Memoria Histórica
13 junio 2019
La ley de memoria histórica pretende imponer a la sociedad una versión partidista del pasado español y por ese mero hecho adquiere carácter antidemocrático y totalitario, compatible solo con regímenes del tipo de Corea del Norte, la Cuba castrista o China. Constituye en sí misma una seria amenaza para las libertades de expresión, investigación y cátedra garantizadas por la Constitución.

El tema central de dicha ley es una valoración negativa del régimen anterior a la democracia y de su principal figura, Francisco Franco. Quizá es demasiado pronto para tener una perspectiva histórica ecuánime sobre ambos, pero no debe ocultarse que las valoraciones hoy predominantes y a menudo subvencionadas, proceden de puntos de vista y propagandas elaborados y sostenidos por el antiguo Partido Comunista –única oposición real al régimen de Franco, que no tuvo ninguna oposición democrática significativa– y por los partidos separatistas. No debe olvidarse tampoco que el comunismo ha impuesto, allí donde se ha establecido, la privación de las libertades más básicas junto con hasta cien millones de víctimas. Estos meros datos permiten entender la solvencia de sus críticas y valoraciones, que en cualquier caso no deben convertirse bajo ningún pretexto en dogmas impuestos.

Hemos podido comprobar en estos años los efectos de dicha ley, con la que recientemente ha querido darse un paso más persiguiendo con multas y cárcel a los discrepantes, algo nuevamente propio de regímenes como los mencionados al principio. Efectos como la utilización propagandística y emocional de las víctimas de un solo bando y sin discriminar entre inocentes y culpables de crímenes; exigencias de censura en los medios contra la libertad de expresión; típico adoctrinamiento ideológico totalitario en las escuelas; incentivación de odios sociales reminiscentes de los que desgarraron a la república, manifiestos en ataques cada vez más frecuentes a locales, iglesias y sentimientos religiosos de la mayoría de la población; incremento de agresiones, incluso ya algún asesinato, aumento de despotismos e ilegalidades separatistas y ultraizquierdistas y, en general perturbaciones crecientes de la convivencia cívica en paz y en libertad.

Por todo ello, los abajo firmante exigimos la urgente derogación de una ley incompatible con la libertad y la igualdad de todos los españoles. Es hora de acabar con esta peligrosa anomalía, hija de una propaganda totalitaria y que perturba seriamente la democracia.

Propongo este breve manifiesto, que puede ser firmado por gran número de personas reconocidas, para recoger firmas cuanto antes. Creo que VOX puede hacerlo suyo. Es necesario que partidos y políticos y periodistas se retraten de una vez en relación con una ley totalitaria que amenaza a toda la sociedad.

lunes, 13 de mayo de 2019

Los 3 secretos de FÁTIMA: Visión del INFIERNO + Profecías sobre la expansión del COMUNISMO y la II guerra mundial + Visión de un obispo vestido de blanco al que identificaron como el Papa que era asesinado. Régimen masónico de PORTUGAL (1910-1917). PELÍCULA completa

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Virgen de FÁTIMA: Los 3 secretos 
13-mayo-2019
Durante las apariciones de Fátima en 1917, la Virgen Marí­a confió tres secretos:
  1. El primero fue una visión del infierno que conmocionó profundamente a los pequeños. Desde entonces rezaron intensamente por la conversión de los pecadores. Duró un instante pero fue suficiente para no olvidarla jamás. La mayor de los videntes lo recuerda así­: "Habí­a demonios y almas sumergidas en un gran mar de fuego (...) entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hací­a estremecer de pavor".
  2. El segundo secreto fue profético. La Virgen dijo a los pastores que si los hombres no dejaban de ofender a Dios comenzarí­a la II Guerra Mundial. También anunció la expansión del Comunismo y las consecuentes persecuciones a la Iglesia y al Papa. Para evitar estos males la Virgen pidió que se estableciera en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y que el Papa en persona le consagrase Rusia. Juan Pablo II lo hizo en marzo de 1984.
  3. El tercer secreto de Fátima consistió en otra visión. Los pastores vieron cómo un obispo vestido de blanco al que identificaron como el Papa morí­a asesinado junto a religiosos, sacerdotes y seglares de diversas clases sociales. Este secreto se podrí­a interpretar como las persecuciones que sufrió la Iglesia durante el siglo XX, sobre todo a manos del Comunismo. El mismo Juan Pablo II se reconoció en esta visión en el atentado que casi le cuesta la vida. A pesar de que gran parte de los secretos hablan de eventos pasados en todos ellos hay un hilo conductor: la llamada a la conversión de los pecadores, porque su mala conducta es la principal causa de los males del mundo. Esta es la actualidad perenne del mensaje de Fátima.
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jueves, 25 de abril de 2019

Independencia de Cataluña: Masones fueron Maciá, Companys y Carod-Rovira (ERC), y algunos autores aseguran que lo es Oriol Junqueras, el “cerebro gris” de la desconexión

En el logo de ERC figura un triángulo masónico
Masones: la mano que mece 
la cuna del secesionismo catalán
8/10/2017
Aunque dicen no meterse en política y en religión, los masones no han hecho otra cosa desde el siglo XVIII. Se han metido en política para activar procesos revolucionarios y secesionistas.
Francesc Macià y Lluis Companys
Y se han metido contra la religión, para perseguir al catolicismo -y a los católicos-. Incluso físicamente: ahí están los 2.500 sacerdotes y religiosos asesinados en el debe de Lluis Companys, que proclamó el Estat Catalá, en 1934, el modelo de Puigdemont, el ícono de la Declaración de Independencia.
Esas dos constantes confluyen en la actual crisis catalana: que desafía a la unidad de España, y a la legalidad constitucional; y que, a la vez, tiene un sesgo laicista y anticatólico.
Aunque entre los nacionalistas catalanes ha habido políticos de todas las tendencias -derecha e izquierdas, democrata-cristianos como los de Unió, o cristianos de base como los del PSC e incluso Esquerra-, el factor laicista ha estado presente desde comienzos del siglo XX (con la anticristiana Fundación Ferrer Guardia) en una línea que va desde Macià y Companys hasta la CUP o la actual ERC.
Masonería e independentismo: 
vasos comunicantes
Los masones han apoyado la independencia catalana, como apoyaron la independencia de las provincias española de América Latina a principios del siglo XIX. La independencia de la Corona española en el Nuevo Mundo hubiera sido impensable sin la masonería.
A ejemplo de George Washington, los también masones Bolívar y San Martín hicieron lo propio en Venezuela-Colombia y Argentina-Chile respectivamente. Y esa influencia, incubada en el Cádiz de 1812, se propagó posteriormente en la política española.
Singularmente Cataluña se convirtió, ya en el siglo XIX, en un foco de políticos masones, con personajes tan relevantes como el general Juan Prim.
En la Barcelona del primer tercio del siglo XX, los masones copan las formaciones socialistas, anarquistas y de ERC (Esquerra Republicana).
Esta última se fraguó en las logias barcelonesas. Resulta significativo que el logo del partido fuera un triángulo (masónico) que contenía las cuatro barras de la bandera catalana.
No por casualidad, masones fueron los principales dirigentes de ERC, empezando por su precursor, el abogado de familia con posibles Francesc Layret, y posteriormente los dos políticos más emblemáticos de Esquerra: Macià y Companys.
Durante la II República, catorce consejeros de los distintos gobiernos de la llamada Cataluña autónoma eran masones, y singularmente los que proclaman el Estat catalá, primero Francesc Maciá (1859-1933); y después Lluis Companys (1882-1940).
Este último fue iniciado en la logia Lealtad número 6 en 1922. En 1929 recibió el grado 2º -aunque no se conoce su nombre simbólico-.
Companys proclamó el Estat catalá, el 6 de octubre de 1934, y un 6 de octubre era la fecha simbólica que barajaron inicialmente los golpistas para declarar la independencia.
Y es el ícono de Puigdemont, Junqueras y los golpistas, al que citan constantemente. El gran mártir del independentismo, condenado a muerte por un consejo de guerra franquista en 1940.
Aunque Companys fuera, a su vez, un mártir un tanto sanguinario. En coalición con con las fuerzas anarquistas inició una persecución religiosa en Cataluña que se saldó con el asesinato de 2.500 sacerdotes y religiosos.
Él mismo firmó en persona penas de muerte y otras las firmaron por delegación suya, tal como revela Javier Barraycoa en el libro Los (des)controlados de Companys. (editorial LibrosLibres).
De los más de 8.000 asesinados en Cataluña, casi 400 fueron sometidos a juicio bajo la autoridad de Companys. El resto fueron asesinados sin juicios o pasando por burlescos tribunales populares.
Posteriormente, los masones, perseguidos durante el régimen de Franco (que puso en marcha el Tribunal de Represión de la Masonería) han apostado por el nacionalismo y muchos de ellos lo han hecho abiertamente por el secesionismo de Cataluña.
Las logias tienen "longa manus" especialmente en el Partido Socialista de Cataluña -con su doble juego entre el federalismo y la complicidad con el secesionismo- y en ERC, pero están en representados en casi todos los partidos importantes, como afirma Javier Barraycoa.
Eso puede explicar por qué la Generalitat ha sido la única institución del Estado español que ha hecho una declaración institucional reconociendo la masonería como colectivo injustamente perseguido con el régimen franquista.
Quien fuera conseller y vicepresidente del Tripartito (2004-2010), José Luis Carod-Rovira (ERC) presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para pedir que se devuelvan a las logias masónicas los bienes que les incautó el régimen franquista al término de la Guerra Civil.
El líder de Esquerra Republicana de Cataluña Carod Rovira
 se burla de Cristo con una corona de espinas.
Carod-Rovira recordó que no sólo en su partido había masones en los años 30, sino que también pertenecían a estas organizaciones destacados dirigentes republicanos y de izquierdas, pues la masonería se asociaba con el progresismo.
Carod se distinguió por pactar con ETA una tregua sólo para Cataluña en 2004 y por mofarse de los cristianos burlándose de la corona de espinas
El dirigente de Esquerra se distinguió por pactar con ETA una tregua sólo para Cataluña en 2004 (tras una reunión con los terroristas en Perpignan). Y también por hace escarnio público del cristianismo al ponerse una corona de espinas en un viaje a Jerusalem y hacer bromas sobre la Pasión de Cristo.
Complicidad con el terrorismo, ataques a la religión, persecución del castellano (criticó que se usara en el pregón de las fiestas de la Mercè, porque el castellano no es lengua propia de Cataluña). Eso era Carod. Y, por supuesto, apuesta por la desconexión. “Los catalanes, incluso para morirnos, necesitamos un Estado” llegó a decir cuando se produjo el accidente del vuelo de GermanWings.
Gestiones ante el primer ministro de Escocia a través de las logias.
No es extraño que, en 2007, la Gran Logia de España hiciera gestiones para Carod ante el primer ministro escocés, Alex Salmond, con el fin de analizar las posibilidades de independencia de Cataluña y Escocia.
Salmond había anunciado, con motivo del 300 aniversario de la unificación del Reino Unido, que convocaría un referéndum en 2010 para la separación de Escocia, y Carod analizaba la posibilidad de convocar un referéndum en Cataluña en 2014, 300 aniversario de la derrota de los Austrias y la llegada de los Borbones.
El gran maestre de aquella logia, José Carretero, se dirigía por carta al responsable de la Gran Logia de Escocia para conseguir la entrevista y decía textualmente “me gustaría aclararle que el Gobierno de Cataluña protege a la masonería: algunos hermanos forman parte de él”.
Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña
Entre esos hermanos, la Generalitat ha tenido a destacados dirigentes como el socialista Pasquall Maragall (presidente), o el republicano (de ERC) Josep Bargalló, que primero tuvo la estratégica e ideológica cartera de Enseñanza y luego fue vicepresidente de la Generalitat (2004-2006). Algunos autores como Vicente Guillamón (autor de Los masones en el Gobierno de España) sostiene que también es masón Oriol Junqueras, actual líder de ERC y personaje clave en el procés.
Y al revés, un destacado independentista ha tratado de llegar a ser Gran Maestro de la Logia de España. Se trata de Ramón Viñals, masón catalán que en los años 80 fue diputado por ERC.
Viñals, candidato a Gran Maestro de la Gran Logia de España, era uno de los firmantes del ‘Manifiesto por el Estado propio’ para Cataluña, auspiciado por Artur Mas
Viñals era una de las figuras de distintas ideologías con las que contaba Artur Mas para impulsar el proyecto separatista y la consulta popular del 9-N de 2014.
Fue uno de los firmantes de un manifiesto de 2012, titulado Per l’Estat propi, la cohesió i el progrés social. Manifest de suport al President Mas (Por el Estado propio, la cohesión y el progreso social. Manifiesto de apoyo al Presidente Mas).
Viñals fue candidato contra el abogado Oscar de Alfonso para sucederle como Gran Maestro de la Gran Logia de España, en 2014, pero finalmente fue reelegido éste último.
Significativamente y a sólo unas semanas del referéndum ilegal del 1-O, la Generalitat de Cataluña acogió el acto de conmemoración del 300 aniversario de la masonería, el pasado septiembre.
Carmen Forcadell, ex líder de Asamblea Nacional Catalana 
y presidenta del Parlamento Catalán en rebeldía
Presidido por Carmen Forcadell, presidenta de la Cámara autonómica, contó con la presencia del catedrático francmasón Joan-Francesc Pont, miembro de la Gran Logia de Cataluña y de Baleares / Gran Logia Simbólica Española; y con Patricia Planas, psicóloga y miembro de la Gran Logia Femenina de España; Se trata de dos corrientes irregulares de la masonería. De hecho, la Gran Logia se desmarcó.
Pont es Gran Comendador del Supremo Consejo Masónico de España y además presidente de la Fundación Ferrer i Guàrdia, uno de los más importantes movimientos laicistas, fundado en 1987 como un ariete específicamente anticatólico.
La Fundación se llama así en honor del francmasón Francisco Ferrer Guardia, cómplice del atentado contra Alfonso XIII en 1906; y uno de los instigadores de la Semana Trágica de Barcelona, en julio de 1909, que costó 78 muertos; medio millar de heridos y 112 edificios incendiados (80 de ellos religiosos).
El humo de los templos asaltados y quemados en la Semana Trágica
 de Barcelona (1909) cubre la ciudad /Wikimedia
Ferrer Guardia fue condenado a muerte por un consejo de guerra acusado de ser uno de los causantes de la Semana Trágica. La Fundación que lleva su nombre ha disfrutado de generosas subvenciones públicas por parte de instituciones, como la Diputación Provincial de Barcelona, con la finalidad de que promueva la apostasía de la Iglesia Católica, en otras actividades que atentan directamente contra la libertad religiosa.
En su comité de honor figuran destacados políticos catalanes de izquierda, sobre de todo del PSOE –como Pasquall Maragall o Josep Borrell, y de Esquerra como Carod Rovira.
Y varias logias se han significado a favor de la desconexión de Cataluña. Aunque tienen por norma evitar la discusión política, representantes de cuatro logias dijeron recientemente que si Catalunya deviene un estado independiente, se adaptarán a la nueva realidad política.
Así lo subrayaron Anna Garcia, antigua Venerable Maestra de la Lògia Icària, federada a la Gran Logia Simbólico Española; Ernest Ruiz, Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya; Rosa Elvira, exGran Maestra de la Gran Lògia Femenina de España y Miguel Ángel López, miembro del Comité Federal de la Orden Internacional Mixta del Derecho Humano.
No son los únicos. También apuestan por el secesionismo, los agrupados bajo el nombre de Ágora Masónica, encabezado por Jaime Salinas, un masón de grado 33 y que llegó a ocupar el cargo de Venerable Maestro de la Gran Logia de España. El propio Salinas dijo en una entrevista que objetivo de esta asociación es “ayudar, desde el diálogo y la reflexión, a lograr una Cataluña independiente”.
Y otro grupo, el Gran Oriente de Cataluña, ha tomado partido claramente por Puigdemont y los golpistas al condenar al Gobierno central tildando sus actuaciones de “fascistas” y de practicar con Cataluña “un despotismo tiránico”.
En un comunicado reciente, el Gran Maestro del Gran Oriente de Cataluña, Ernest Ruiz, junto con su Consejo de Gobierno, criticaba la operación de la Guardia Civil del pasado mes de septiembre contra quienes organizaron el referéndum, que se saldó con 14 detenciones. Llamaba a la Guardia Civil “policía militarizada del Gobierno español”; aseguraba que la Generalitat es “una institución de gobierno independiente”, y que la catalana era “una nación con lengua, tradiciones y leyes propias existente mucho antes de que se creara el Estado Español”, frase disparatada, falaz y carente del más mínimo rigor histórico.
Y llegaba a comparar la actuación del Estado central ante el desafío secesionista con la persecución sufrida por los francmasones por parte de regímenes totalitarios.
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martes, 9 de abril de 2019

Víctimas de la GUERRA Civil, CRUZADA de Liberación del Comunismo y la Masonería. WIKIPEDIA al servicio de la Ley de "MEMORIA HISTÓRICA": 114.000 republicanos desaparecidos y 50.000 ejecutados en la posguerra. Pío Moa: 22.000 sentencias de muerte en juicio a chekistas y asesinos complicados en crímenes terribles, la mitad conmutadas por FRANCO. "La izquierda historiográfica y la necesidad de un genocidio" por Ángel David Martín Rubio

WIKIPEDIA al servicio de la Ley socialista
de "MEMORIA HISTÓRICA"
Santiago Clavijo
9-4-2019
Víctimas de la guerra civil española
La gran MENTIRA
50.000 republicanos ejecutados en posguerra
114.000 republicanos desaparecidos
De nuevo a vueltas 
con las”víctimas del franquismo”
8-abril-2014
Siempre se olvida que las personas ejecutadas fueron en su mayoría chekistas y asesinos complicados en crímenes terribles, y que habían sido abandonados por sus jefes políticos, los cuales huyeron al exterior llevándose enormes tesoros robados. En ningún caso se trataba de “honrados demócratas republicanos”, como se presentan.
El número de fusilados en la posguerra nunca se ha investigado debidamente. Ahora se ha abierto el archivo de las sentencias de muerte enviadas a Franco (debían serle enviadas obligatoriamente) para que diese el enterado o las conmutase por cadena perpetua. Según ese archivo, el número de sentencias de muerte entre 1939 y 1955 fue de 22.000 en números redondos, de las que aproximadamente la mitad fueron conmutadas.
Resultado de imagen de JOSE ANTONIO FUSILAMIENTO
un asesinato que algunos querrían enterrar en el olvido
Víctimas de la Guerra Civil
Ángel David Martín Rubio
31-julio-2015 
Con razón se ha dicho que la verdadera importancia de la Guerra Civil Española en la historia del siglo XX no es tanto geopolítica o estratégica como ideológica y cultural. Estos dos últimos conceptos resultan especialmente apropiados si los ensanchamos hasta poder considerar la guerra española de 1936 como un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la occidental y cristiana y las nuevas formas del totalitarismo que, procedentes de la Unión Soviética, comenzaban por entonces a expandirse. El final de la Segunda Guerra Mundial dio paso al deterioro del gravoso acuerdo de las potencias occidentales con la Unión Soviética y, tras la reordenación de las alianzas durante la Guerra Fría, España quedó definitivamente incorporada al mundo libre consolidándose así una trayectoria que se había iniciado en julio de 1936.

Esta circunstancia no podía dejar de tener su repercusión en las propias manifestaciones del conflicto y la honda brecha que se manifestó entre los españoles en los más diversos terrenos (religioso, político, social, de identidad nacional…) hace que, a las lógicas pérdidas humanas ocasionadas por las consecuencias directas e indirectas de las operaciones militares, se unieran, y en número muy elevado, las causadas en ambas retaguardias por las represalias, asesinatos y ejecuciones que se prolongaron durante los primeros años de la posguerra.

Pero un correcto análisis no puede olvidar que las muertes debidas a la represión se sitúan en un contexto bélico y que, incluso si les sumamos las ocasionadas como consecuencia de las operaciones militares, no son las únicas con trascendencia en el terreno demográfico pues el aumento de la mortalidad (por diversas causas) va acompañado de la disminución de la natalidad.

En efecto, en tiempo de guerra se muere más pero también hay menos nacimientos. Por otra parte, la sobremortalidad no afecta exclusivamente a quienes mueren habitualmente (en aquel momento ancianos y niños) sino a hombres jóvenes, no tanto a gente inactiva e infecunda cuanto a aquellos que se encuentran en edad óptima para el trabajo y la paternidad. Además, la guerra separa a los cónyuges, retrasa los matrimonios y hace abandonar sus tareas habituales a la población activa, situaciones que suelen prolongarse en la posguerra, especialmente para los derrotados. Por último -y esta enumeración no es exhaustiva- los avatares del frente originan unos desplazamientos de población cuya expresión máxima es el exilio definitivo.

Sin embargo, un sector de la historiografía que se caracteriza por su animadversión hacia los vencedores, se ha centrado exclusivamente en la violencia desencadenada en las retaguardias y en la posguerra insistiendo en que hay que reducir de manera muy notable las víctimas atribuidas al terror en zona republicana mientras que multiplican exponencialmente las causadas por sus oponentes, al tiempo que no otorgan valor a las cifras que se deducen a partir de las estadísticas oficiales.

El necesario final de un largo debate historiográfico
En varias ocasiones hemos calificado de “falso” el debate acerca de las víctimas de la Guerra Civil en el estado actual de la investigación. Y no porque no puedan existir discrepancias en torno a la mayor o menor exactitud de cada uno de los conceptos en que se descompone la cifra global o, sobre todo, acerca de las raíces históricas y manifestaciones de la violencia en cada una de las retaguardias o en la posguerra. Lo que cuestionamos, ante todo, es que el baile de cifras del que hemos dado apenas una impresión en el anterior apartado, y que no es sino la consecuencia de la carencia de rigor en el manejo de los datos por la izquierda historiográfica, podría llevar a la impresión equivocada de que todavía hoy no disponemos de una valoración fiable acerca de las pérdidas de población directa o indirectamente relacionadas con el conflicto que dividió a España en la década de los años treinta y cuarenta del pasado siglo.

Nada más lejos de la realidad. Si hoy podemos afirmar que estamos muy cerca de conocer los valores reales del total de víctimas causados por la represión, no se debe a otra cosa que a un largo proceso en el que la historia ha desplazado a las afirmaciones exageradas e interesadas de la propaganda y en el que los trabajos sucesivos han permitido llegar al actual estado de la cuestión. Las referencias básicas son una temprana investigación acerca de las repercusiones demográficas de la Guerra Civil del doctor Villar Salinas [1] y la obra del general Salas Larrazábal [2], el primero en abordar la mortalidad de la Guerra Civil con una base estadística sólida y en conseguir lo que se había propuesto: rescatar el tema de un terreno beligerante y devolverlo al campo de la investigación histórica. A pesar de sus limitaciones hay que hablar de un antes y un después del libro de Salas. Así, J. Díez Nicolás, basándose en las tasas de mortalidad de las defunciones inscritas, estimaba que entre 1936-1941 habían muerto violentamente unos 300.000 varones, cifra muy similar a la obtenida por Salas Larrazábal y a la que se deduce de las oficiales por causa de muerte [3].

En la valoración de estas cifras (en las que se incluye tanto a los caídos en acción de guerra como a los que fueron objetos de represalias en ambas retaguardias y en la inmediata posguerra), compartimos la opinión que las considera esencialmente correctas aunque no por ello dispensadas de análisis y de precisión pues, tanto las cifras utilizadas como las hipótesis acerca de los que hubieran sido valores normales (y que son las que permiten hacer cálculos de sobremortalidad), encierran necesariamente márgenes de error. Una oscilación, incluso de varios miles, no tiene mayor relevancia en una proyección demográfica sobre una población de veinte millones de personas aunque, naturalmente, una sola muerte violenta tenga un gran impacto desde el punto de vista humano. No olvidemos, además, que -calculando la natalidad que se hubiera producido de continuar la tendencia de 1926-1935 y deduciéndola de la natalidad real del período 1936-1945- pueden estimarse los “no-nacidos” en torno a los 550.000 [4]. Hay una coincidencia general en que a este capítulo se debe la mayor pérdida de población achacable a la Guerra:

«El demosistema español resultó más afectado por la reducción de los nacimientos que por el aumento de las defunciones. Los instrumentos básicos del análisis demográfico, las curvas de movimiento natural (natalidad, mortalidad, crecimiento natural) y las pirámides de edades detectan con mucha más claridad las anomalías relacionadas con lo primero (desnatalidad) que con lo segundo (sobremortalidad)» [5].

Únicamente la elaboración de un muestro suficientemente representativo de estudios de ámbito regional o provincial podría acabar de decidir esta cuestión. Lamentablemente en la mayoría de los publicados hasta ahora se observa cómo el prejuicio que acabamos de describir condiciona de tal manera el empleo de las fuentes que, o bien se basan en estimaciones, misteriosos informes y las exageraciones de la opinión pública, o cuando se presentan relaciones nominales elaboradas a partir del Registro Civil se atribuyen a la represión causada por los sublevados, numerosas víctimas que en realidad se deben a acción de guerra o se trata de caídos del bando nacional por lo que los balances finales de cifras no pueden aceptarse. Basta referirnos en esta línea a los trabajos elaborados por autores como Francisco Moreno, Julián Casanova y Francisco Espinosa para Córdoba, Aragón y Badajoz, respectivamente [6].

Los ejemplos que citamos a continuación ―y otros que pudieran aducirse― son lo suficientemente significativos como para demostrar que estamos ante una manipulación consciente y, por tanto, para cuestionar recuentos globales basados en dichas cifras. Por el contrario, cuando estas investigaciones se han hecho con rigor se define una tendencia a confirmar las cifras de los registros oficiales: Miguel Ors (Alicante), Rafael Quirosa (Almería), Vicente Gabarda (región valenciana) y Juan Antonio Ramos Hitos (Málaga) y José María Solé y Juan Villarroya (Cataluña), entre otros [7].

Los estudios regionales y la distorsión de los datos
En el caso de Aragón, ya Carlos Engel llamaba la atención acerca del sistema empleado en el estudio promocionado por Julián Casanova para atribuir a la represión nacional víctimas debidas a otras causas:

«El sistema de Solé Sabaté y Joan Villarroya fue, y es, profusamente imitado, pero mientras algunos autores lo hicieron con éxito, en algunos casos, como en el estudio de la represión en Aragón “El pasado oculto”, de varios autores, se han llegado a contabilizar como fusilados por los nacionales los defensores de Codo y de Belchite, los heridos en acción de guerra y los muertos ¡por septicemia!» [8].

Llevando a cabo una exploración más detenida de las relaciones nominales que aparecen al final de la obra citada hemos podido comprobar cómo entre las que se presentan como víctimas de la represión nacional en la provincia de Teruel hay 65 que, con toda seguridad, perdieron la vida como consecuencia de la represión republicana o de operaciones militares y otras 105 presentan serias dudas. Esto supone reducir una relación nominal de 1030 a 860, porcentaje muy significativo (16,5%) si se tiene en cuenta que se trata de una segunda edición revisada. En el caso de Zaragoza capital, podemos comprobar lo que ocurre si aplicamos el mismo criterio a las muertes que se atribuyen al mes de julio; son un total de 113, de ellas no aparecen identificadas nominalmente 35, por lo que cabe pensar en la existencia de una contabilidad duplicada y 12 son en realidad nacionales fusilados o caídos en acción de guerra. En los meses siguientes se repiten casos semejantes y lo más curioso son 19 vecinos del Barrio de Santa Isabel que aparecen al mismo tiempo en esta presunta lista de represaliados por los nacionales y en una relación de Caídos de la provincia de Zaragoza entregado por la delegación provincial de Falange Española Tradicionalista a la Causa General [9]. Si a todo ello añadimos los republicanos que pueden aparecer en estas listas y que en realidad no fueron fusilados sino muertos en acción de guerra y que resultan difíciles de identificar a partir de otras fuentes, cabe poner un serio interrogante sobre las cifras atribuidas a la represión nacional en Aragón por el equipo dirigido por Casanova.

Para Andalucía y Extremadura, Francisco Moreno Gómez y Francisco Espinosa Maestre, no son más escrupulosos a la hora de incrementar sus balances numéricos. El primero de ellos suele basarse en cálculos, misteriosos informes, o en las exageraciones de lo que él llama la “opinión pública” para atribuir más de nueve mil muertos a la represión nacional en la provincia de Córdoba [10] mientras que Espinosa mezcla las continuas invectivas y juicios peyorativos hacia cualquiera que no comparte sus radicales puntos de vista con unas listas en las que (como hemos demostrado cumplidamente en otro lugar [11]) se mezclan con las verdaderamente causadas por la represión nacional, muertos con anterioridad a la fecha en que se ocuparon las poblaciones, víctimas izquierdistas como las producidas en Azuaga y Monesterio durante los enfrentamientos sostenidos el 19 de julio entre los revolucionarios y fuerzas de orden público, bajas de bombardeos y explosiones, asesinados por los frentepopulistas, miembros del Ejército nacional muertos en acción de guerra, nombres repetidos con ligeras variantes y, por último, en localidades donde hubo combates de relieve, las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a causa de la represión; esto nos llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita ninguna baja ocasionada en acción de guerra… Basta citar el caso de Juan Blanco Platón, una de las víctimas de la represión que añade Espinosa Maestre para incrementar las cifras de la capital [12] aunque un Edicto del Juez de Instrucción de Badajoz permite comprobar que falleció «a consecuencia de las lesiones que se originó al caerse de un carro» y por eso se cita a sus más próximos familiares «al objeto de prestar declaración y ofrecerles el procedimiento de dicha causa». El hecho de que el carro de Juan Blanco colisionara con un camión del Ejército no es suficiente -a mi juicio- para considerarle una víctima de la represión franquista [13].

En la estela marcada por Espinosa, las instituciones públicas y privadas que promueven la llamada recuperación de la memoria histórica (entre ellas la Universidad, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y la propia Junta de Extremadura) hicieron públicos en diciembre de 2008 unos listados en los que se presentaba como víctimas de la represión franquista, entre otros muchos que no lo fueron, a un sacerdote fusilado por los milicianos en Badajoz, a una mujer asesinada por unos bandoleros en Monterrubio de la Serena, a un combatiente voluntario en las banderas de Falange o al citado Juan Blanco Platón.

Javier Rodrigo ha tratado de sustentar tesis muy similares a las que venimos exponiendo sobre afirmaciones de este género:

«Cuando señalaba que «la represión republicana causó menos víctimas en números absolutos pero la cifra fue, proporcionalmente, mayor que la de la represión nacional [sic]». Martín Rubio defiende esa idea señalando que paulatinamente los territorios republicanos fueron menores con las conquistas territoriales franquistas, lo que incrementaría el porcentaje de víctimas en relación con la población total. Pero no tiene en cuenta que la gran mayoría de las muertes ocurrieron en los primeros meses de conflicto, antes de las grandes conquistas territoriales. Otro argumento, por otra parte, que descalifica sus conclusiones radica en que mientras da por buenas las cifras aportadas por las investigaciones regionales (como en los casos de Huesca o Teruel), a la hora de contrastar las cifras de muertos con los totales de población utiliza las del Instituto Nacional de Estadística aportadas por Salas Larrazábal, lo que evidentemente reduce los índices de incidencia de la represión, al ser estas considerablemente menores» [14].

Apenas vamos a perder tiempo en demostrar la afirmación que hicimos en 1997 y que Rodrigo transcribe porque basta con ver un mapa con la división de las dos zonas en los primeros momentos de la guerra para constatar que hubo una buena serie de provincias que no llegaron a ser ocupadas por los revolucionarios en 1936, que su dominio sobre otras fue transitorio y parcial geográficamente y que, por tanto, un importante porcentaje de la población española no pudo ser objeto de las prácticas violentas que los frentepopulistas habían declarado con toda franqueza que iban a aplicar sobre los disidentes como habían ensayado de manera anticipada y frustrada en la Revolución de octubre de 1934. Como, por otro lado, las victorias del llamado Ejército Popular fueron escasas, en pocos lugares pudieron ser aplicados los criterios de depuración y terror de que dicho ejército dio cumplida cuenta en las pocas ocasiones que pudo hacerlo.
Ya en un libro editado con anterioridad, Rodrigo explicita la argumentación que se esconde detrás de esta presunta objeción [15] por eso nos vamos a detener en las cifras que aduce para sostener su tesis. Esto me parece importante, sobre todo, porque me reprocha —creo que de manera injustificada— haber dado crédito excesivo a las cifras aportadas por las investigaciones regionales, citando el caso de Teruel, del que diremos algo más adelante. Estas son algunas de sus referencias numéricas:

«Sobre la falsedad de la violencia sublevada como reacción a la revolucionaria cabe citar casos como los de Guipúzcoa, una provincia donde la violencia antes de la ocupación militar en septiembre de 1936 había acabado con la vida de 343 personas, y que fue después «liberada» a sangre y fuego y «purgada» por la notable presencia política del nacionalismo católico. Hasta 6.000 personas, entre ellos casi 200 sacerdotes, cayeron bajo las balas ocupantes. Y asimismo, cabe citar el caso de Huelva, donde la hidra de la revolución acabó con 145 personas y la supuesta violencia reactiva se llevó por delante a 5.455 en toda la provincia. O el de Cáceres, una provincia donde las cifras son de 130 muertos a manos revolucionarias y 1.680 a manos contrarrevolucionarias» [16].

Argumentaciones semejantes se hacen a partir de datos atribuidos a otras provincias pero basta lo dicho para comprobar la endeble base en que apoya Rodrigo sus elucubraciones. Ignoro dónde fundamenta las cifras que da para Guipúzcoa pero, desde luego superan de manera injustificada a las propuestas por el nada sospechoso Pedro Barruso, quien estima en torno a 500 las ejecuciones para la guerra y posguerra en dicha provincia [17]. Delirante la cifra de 200 sacerdotes que se atribuyen a las balas ocupantes cuando fueron 14 los ejecutados por sentencias de tribunales militares con posterioridad a la toma de Guipúzcoa y más de 60 los que cayeron en la zona de las provincias vascas controlada por el Frente Popular y los nacionalistas.

Las cifras de Huelva proceden de Espinosa, alguien cuyos métodos ya hemos apuntado, y la comparación entre las cifras de Cáceres roza el humor negro: únicamente un municipio de esta provincia (Alía) permaneció en zona frentepopulista desde el verano de 1936 al de 1938 y apenas unas decenas de pueblos del extremo oriental fueron ocupados transitoriamente en los primeros momentos por columnas revolucionarias por lo que cualquier comparación entre las cifras de ambas represiones carece de sentido.

En el caso de Aragón, basta lo que ya hemos puntualizado más arriba no sin precisar que para Rodrigo fueron exactamente 1.005 los arrojados a los pozos de Caudé, en las inmediaciones de la capital turolense, cifra equivalente a los documentados por el equipo de Casanova para el total de la provincia. Su fuente nos dispensa de cualquier comentario: «cifra hoy conocida debido a que un pastor de la zona contaba los tiros de gracia que se disparaban contra los asesinados» [18].

Otros autores recurren a atribuir a represalias “franquistas” las muertes que se produjeron en circunstancias relacionadas con el enfrentamiento militar. Con ello consiguen no solo inflar los datos sino provocar reacciones viscerales. Uno de los ejemplos de esa manera de proceder lo encontramos en un cuadernillo del que es autor Damián Alberto González Madrid [19], quien reiteraba argumentos semejantes en una obra coordinada por Francisco Alía Miranda (La guerra civil en Castilla – La Mancha, setenta años después; UCLM, 2007) con el título Violencia republicana y violencia franquista en La Mancha de Ciudad Real. Primeros papeles sobre los casos de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana (1936-1943). Trabajo, este último, que estaba disponible en julio de 2011 desde la web de Izquierda Unida en Alcázar de San Juan.

En el caso del artículo que estamos comentando, lo que aparentemente sería un recuento de las víctimas causadas por ambos bandos, tarea laboriosa pero posible de llevar a cabo gracias a las inscripciones que se hicieron en el Registro Civil, se convierte en una arbitraria atribución de responsabilidades al bando vencedor. Nada falta en la escenografía diseñada por Damián Alberto González Madrid: represalias, crueldad, ahorcamientos… ¡hasta una “víctima del franquismo” de diez años!

«Los 27 asesinados en Alcázar se concentran mayoritariamente entre marzo y abril de 1939, aunque he podido documentar hasta 7 casos más entre 1941 y 1943. Respecto a los 20 asesinados poco antes o poco después del primero de abril de 1939, 16 fueron asesinados el 27 de marzo de 1939, la mayoría, doce, muy posiblemente ahorcados en la estación de ferrocarril. Entre ellos había tres mujeres, una niña de 10 años y otro de unos 15. De algunos conocemos su procedencia y todo indica que no eran vecinos de Alcázar, había dos de Andújar, dos de Linares, uno de Cañete de las Torres (Córdoba), otro de Antas (Almería), uno de Albendea (Cuenca) y otro de Cuenca. ¿Quién los mató? ¿Por qué los mataron? Todavía ando buscando quien recuerde algo, pero no cabe duda que se trató del primer acto de represalia franquista protagonizado bien por una vanguardia militar, bien por vecinos ansiosos de venganza».

El problema es que, pasiones ideológicas al margen, falla lo más importante: la realidad. González Madrid reconoce que no ha podido encontrar ningún documento ni testimonio que le permita identificar a las víctimas del 27 de marzo de 1939 con la causa de muerte que él les atribuye pero ello no le impide endosárselas a la “represión franquista”. Para eso “no cabe duda” [20].

Aparenta ignorar González Madrid dos cosas. Que el 27 de marzo, Alcázar de San Juan todavía no había sido ocupado por las tropas nacionales, por lo que mal se les pueden atribuir estas bajas y, sobre todo, que existe un documento en el que se alude a estas muertes que fueron causadas en circunstancias muy diversas a las que su fantasía le permite aventurar. Nos referimos a un informe, fechado en Alcázar de San Juan en 1943, redactado por alguien que debió conocer bien los sucesos y conservado en el Archivo Histórico Nacional y en el que se puede corroborar que los presuntos “ahorcados” no son sino algunas víctimas por asfixia debido a la aglomeración que se produjo en algunos refugios antiaéreos. Menos asumibles aún resultan las conclusiones que el autor establece a la hora de interpretar la violencia desencadenada por ambos bandos en las poblaciones objeto de estudio.

Denunciado el fraude en un artículo publicado por el Foro Historia en Libertad, Damián Alberto González Madrid publicó una versión rectificada de su trabajo, gesto que le honra aunque hubiera sido de agradecer una cita expresa de las “nuevas informaciones” a las que el autor reconoce haber “tenido acceso”.

La necesidad de un genocidio
El recurso a casos que provocan fácilmente el rechazo —como sería el de una niña de diez años ahorcada por los vencedores— demuestra la necesidad que tiene la izquierda de situar la violencia desencadenada en la Guerra Civil en el terreno de un genocidio, concepto meta-histórico, de carácter moralizante que hace innecesario pasar a otro debate. Un presunto holocausto, un genocidio provocado por los vencedores de la Guerra Civil serviría para descalificarlos sin paliativos, mecanismo paralelo al que pretende conectar a la España actual con la auto-proclamada legitimidad republicana.

El camino para alcanzar este objetivo pasa por reavivar artificialmente la polémica sobre el número de víctimas pretendiendo demostrar mediante la abultada disparidad de las cifras debidas a la represión en los dos bandos que el Gobierno republicano se habría visto desbordado por la actividad de grupos incontrolados mientras que en zona nacional eran las propias autoridades quienes dirigían una acción represiva que adquirió caracteres de exterminio. La conclusión, expresada por Reig Tapia para el caso de Badajoz, se impondría por sí misma:

«sangre inocente, ríos de sangre ―en el sentido literal de la expresión― absurdos e inútiles, que empañan todo pretendido idealismo, que enlodan la más sagrada de las causas» [21].

Naturalmente, nunca se concreta el caudal de sangre que necesitan estos autores para sacar semejante conclusión de la derramada por el Frente Popular entre sus adversarios. Como señalaba García Escudero:

«Que yo sepa, niuno solo de los partidarios de la causa republicana que deploraron sus excesos, por muy sinceramente que lo hicieran (y no lo pongo en duda ni por un momento), no la negaron por eso justificación. Ni se les pasó por la cabeza hacerlo ¿Es mucho pedir que sean consecuentes consigo mismos cuando consideran la posición del bando contrario?» [22].

Ahora bien, la importancia del debate acerca de las cifras de la represión es muy relativa. En primer lugar porque inflar unas listas con algunos centenares de víctimas puede demostrar la mayor o menor profesionalidad de quien lo hace, según se trate de una voluntad deliberada de manipulación o de una falta de pericia en el manejo de las fuentes pero, sobre todo, porque la cuestión cuantitativa tiene una importancia relativa y deja intacta la necesidad de llegar a una explicación de aquella tragedia. Nadie puede minimizar lo que supuso la violencia desencadenada con ocasión de la Guerra Civil española. En la zona sublevada y en la controlada por el Frente Popular, varios miles de personas fusiladas como consecuencia de la aplicación de los bandos de guerra y de los procesos judiciales que se iniciaron desde fechas muy tempranas, así como manifestaciones de una represión irregular que se mantuvo hasta fechas muy avanzadas son datos suficientemente expresivos como para plantear con toda seriedad la cuestión.

Menos lícito aún resulta minimizar lo ocurrido en la retaguardia roja porque como afirma alguien «la izquierda carecía de proyecto represivo» [23]. Esto es silenciar los elementos más básicos de las ideologías marxista y anarquista cuya teoría y práctica histórica han ido acompañadas de la eliminación de los discrepantes, aunque fueran los propios anarquistas o comunistas reacios a aceptar el predominio soviético. Con toda claridad había advertido de estos propósitos el diputado comunista Antonio Mije en un mitin que tuvo lugar en Badajoz en mayo de 1936:

«Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo [...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora»[24].

Para no tener proyecto represivo, las anteriores palabras recogidas en la prensa socialista parecen bastante explícitas y adquieren un sentido trágico a la luz de lo que venía ocurriendo en España desde 1931. Naturalmente que los burgueses de Badajoz, y de tantos otros lugares, podían haberse cruzado de brazos para dejar a los encuadrados en los partidos y sindicatos de izquierda que terminaran con ellos pero, afortunadamente, no lo hicieron así. Esto es lo que tiene que explicar un historiador: que fueron las izquierdas quienes destruyeron la legalidad republicana, propiciando con ello el terror que se habría de desencadenar a partir de 1936. Proceso que trabajos como los de Pío Moa y Stanley G. Payne [25] han documentado con toda claridad.

Memoria histórica y segunda transición
Entendemos por memoria histórica una ideología que, aplicada al conocimiento del pasado, promueve su utilización al servicio de un proyecto presente de “ingeniería social”, de revolución de las mentalidades y la ética social para conseguir lo que Gramsci llamó “hegemonía cultural” [26].

Se suele decir que la imposición de la Memoria Histórica, significa la ruptura del consenso que se produjo en los años de la Transición y, en última instancia, representa una puesta en cuestión de la propia legitimidad de dicho proceso. Pero no es menos cierto que esta tendencia se inició a finales de los setenta y comienzo de los ochenta por lo que no puede hablarse de un cambio sino de la natural aceleración de un proceso degenerativo.

El paso del Estado de las Leyes Fundamentales al de la Constitución de 1978 se hizo mediante el pacto y la negociación entre los elementos procedentes del Régimen saliente y la oposición rupturista, pero —a pesar de la absoluta incapacidad de estos últimos para imponer sus planteamientos— dicho acuerdo consistió en una cesión práctica por parte de los primeros en todos aquellos terrenos que habían sido materia de conflicto en los años anteriores a cambio de la conservación de algún residuo institucional. Buena prueba de ello fue la renuncia a la confesionalidad católica, a la estructura unitaria del Estado y a las formas alternativas de representación política y sindical que se habían ensayado con anterioridad [27]. Dicho de otra manera, el consenso constitucional consistió en ceder a muchas de las pretensiones de la izquierda y del regionalismo político gravando a la naciente situación con una hipoteca cuyas últimas consecuencias estamos pagando hoy a un precio muy alto.

La “primera transición” desembocó en la restauración de las formas políticas liberales en paralelo a un proceso de desmembración de la unidad de España y de imposición de una cultura dominante de naturaleza esencialmente anticristiana. Desde 2004, cuando el terrorismo logró invertir la política interna y externa de España, se inició una “segunda transición” que tiene como objetivo consumar la ruptura que no fue posible en 1976 convirtiendo al sistema parlamentario en fase temporal hacia una nueva sociedad fácilmente reconocible en aquellos lugares donde ya se han aplicado las consignas del neo-socialismo de inspiración gramsciana.

Al servicio de este proyecto, la versión hoy dominante acerca de la España contemporánea es una auténtica falsificación historiográfica sostenida con millones de euros que sostienen a toda una casta de verdaderos “lisenkos” y respaldada por el aparato pseudo-jurídico de la llamada Ley de Memoria Histórica. Porque la historia se puede concebir como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo o utilizarla al servicio de sus intereses, como viene haciendo en España la oligarquía política.

Quienes actúan así saben que no hay libertad posible cuando el pasado se pone bajo la tutela y la férula de jueces y legisladores que escenifican un fantasmal proceso a los protagonistas del pasado, un juicio sin defensores ni atenuantes, un juicio en el que solo habría acusadores movidos por sus propios rencores, complejos e intereses.

Conocer para explicar y explicar para comprender es la única actitud legítima frente a los hechos históricos en una sociedad madura. Porque no tenemos acceso al pasado con el ejercicio siempre subjetivo y parcial de la memoria sino por obra de la inteligencia. En cuanto disciplina con un peculiar estatuto científico, la Historia no es un simple recuerdo del pasado, es una interpretación o reconstrucción de las huellas que permanecen en el presente.

Por eso, dar respuesta a la memoria histórica se convierte en un alto deber moral porque solo cuando España logre volver a ser dueña de su presente habrá vencido también a los secuestradores de su historia y de su pasado.

Bibliografía: 
[1] Jesús VILLAR SALINAS, Repercusiones demográficas de la última guerra civil española. Problemas que plantean y soluciones posibles, Madrid: Sobrinos de la Suc.de M.Minuesa de los Ríos, 1942.
[2] Ramón SALAS LARRAZÁBAL, Pérdidas de la guerra, Barcelona: Planeta, 1977.
[3] Cfr. Juan DIEZ NICOLÁS, La mortalidad en la guerra civil española, Boletín de la Asociación de Demografía Histórica 1 (1985) 41-55.
[4] Recordemos las cifras propuestas por Villar Salinas (516.602) el Instituto Nacional de Estadística en el Anuario de 1943 (436.328) y Salas Larrazábal (557.182).
[5] Tomás VIDAL BENDITO – Joaquín RECAÑO, Demografía y guerra civil, en La Guerra Civil. 14. Sociedad y guerra, Historia 16, Madrid, s.a., 68. Sobre el reparto de las diversas causas de muertes relacionadas con el período de la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra cfr. Ángel David MARTÍN RUBIO, Las pérdidas humanas en la Guerra Civil: el necesario final de un largo debate historiográfico en Alfonso BULLÓN DE MENDOZA – Luis Eugenio TOGORES (Coords.), La República y la Guerra Civil. Setenta años después, Madrid: Actas Editorial, 2008, 133-169.
[6] Francisco MORENO GÓMEZ, La guerra civil en Córdoba, Madrid: Alpuerto, S.A., 1985; Julián CASANOVA (et all.), El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón, Madrid: Siglo XXI, 1992 y Francisco ESPINOSA MAESTRE, La columna de la muerte (El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz), Barcelona: Crítica, 2003. Una síntesis de estos planteamientos en: Santos JULIÁ (coord.), Víctimas de la guerra civil, Madrid: Temas de Hoy, 1999. Hay ediciones posteriores, la última: Temas de Hoy, Madrid, 2006. Además del coordinador colaboraron en esta obra Julián Casanova, José María Solé y Sabaté, Juan Villarroya y Francisco Moreno.
[7] Josep M. SOLÉ I SABATÉ, La repressió franquista a Catalunya (1938-53), Barcelona: Edicions 62, S.A., 1985; Josep M. SOLE I SABATE – Joan VILLARROYA I FONT, La repressió a la retaguarda de Catalunya 1936-1939 (2 vols.), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989-1990; Vicente GABARDA CEBELLÁN, Els afusellaments al País Valenciá (1938-1956),Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1993; Miguel ORS MONTENEGRO, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945), Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1995; Rafael QUIROSA-CHEYROUZE, Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-1939, Almería: Librería Universitaria, 1997; Vicente GABARDA CEBELLÁN, La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939, Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, 1996; Juan A. RAMOS HITOS, Guerra civil en Málaga. 1936-1937. Revisión histórica, Editorial Algazara: Málaga, 2003.
[8] Carlos ENGEL, Sesenta años, ríos de tinta, Historia y Vida 373 (1999) 49.
[9] Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1023(1).
[10] Sin pretender por ello restar dramatismo a lo ocurrido en Córdoba, el investigador Patricio Hidalgo Luque ha comprobado que se encuentran en el libro de Moreno Gómez fusilados que no son tales sino víctimas de bombardeos, heridos por los frentepopulistas en los pueblos de la provincia y muertos en los hospitales de la capital y otra serie de personas, en fin, muertas por diversas causas y que figuran en los libros de registro como “judiciales”. Por otra parte, las duplicidades en las inscripciones de las víctimas dificultan el cómputo de éstas cuando se quiere hacer a un nivel superior al meramente local. Cfr. Patricio HIDALGO LUQUE, Los bombardeos aéreos republicanos sobre la retaguardia nacional durante la Guerra Civil española: aproximación al caso de Córdoba (Comunicaciones), Madrid: Actas Editorial, 2008, 1163-1179. en Alfonso BULLÓN DE MENDOZA – Luis Eugenio TOGORES (Coords.), La República y la Guerra Civil. Setenta años después
[11] Cfr. Ángel David MARTÍN RUBIO, Los enredos de la memoria histórica, Razón Española 138 (2006) 101-113.
[12] Cfr. Francisco ESPINOSA MAESTRE, La columna, ob.cit., 347.
[13] Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, 3-noviembre-1936.
[14] Javier RODRIGO, “España era una Patria enferma. La violencia de la Guerra Civil y su legitimación en la extrema derecha española: entre historia, representación y revisionismo“, Jerónimo Zurita 84 (2009) 210-211. Para la cita de mi afirmación cfr. Ángel David MARTÍN RUBIO, Paz, piedad, perdón… y verdad, Madridejos: Fénix, 1997, 374-377.
[15] Cfr. Javier RODRIGO, Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista, Madrid: Alianza Editorial, 2008. 42-49)
[16] Javier RODRIGO, Hasta la raíz, ob. cit., 44. El dato de Cáceres y Huelva se repite en la página 71.
[17] Pedro BARRUSO, Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), San Sebastian: Hiria, 2005.
[18] RODRIGO, Javier, Hasta la raíz, ob. cit., 73.
[19] GONZÁLEZ MADRID, Damián Alberto, Violencia y Guerra Civil en la comarca de Alcázar de San Juan (1936-1943), Patronato Municipal de Cultura, Alcázar de San Juan, 2007.
[20] En las provincias de Badajoz y Cáceres hemos documentado niños y niñas asesinados por frentepopulistas en localidades como Siruela, Granja de Torrehermosa y Carrascalejo de la Jara. No conocemos ningún caso equiparable en la retaguardia nacional ni en la posguerra.
[21] Alberto REIG TAPIA, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu, Madrid: Alianza Editorial, 1999. 110.
[22] José María GARCÍA ESCUDERO, Historia política de las dos Españas, Madrid: Editora Nacional, 1976, 1470.
[23] Francisco ESPINOSA MAESTRE, La columna de la muerte, ob.cit., 253. Increíble afirmación que deduce de las cifras obtenidas a partir de una selección de pueblos de la provincia de Badajoz en la que se ha eliminado aquellos en los que las matanzas de los revolucionarios provocaron un número más elevado de víctimas.
[24] Claridad, Madrid, 19-mayo-1936.
[25] Pío MOA, El derrumbe de la segunda república y la guerra civil, Madrid: Ediciones Encuentro, 2001 y Los mitos de la guerra civil, Madrid: La Esfera de los libros, 2014 (última edición actualizada); Stanley G. PAYNE, El colapso de la República (Los orígenes de la guerra civil 1933-1936), Madrid: La Esfera de los libros, 2005.
[26] Cfr. Víctor Miguel PÉREZ VELASCO, Pastoreando conciencias. El adoctrinamiento político en la Transición, Málaga: Editorial Sepha, 2013. A través de sus páginas pueden comprenderse los efectos de agresividad, exclusión y confrontación con los que la izquierda, hegemónica culturalmente hoy en España, impone las consecuencias de su adoctrinamiento ideológico e ingeniería social. Entre las técnicas usadas se cita la “reconstrucción” del pasado.
[27] Dichas fórmulas habían pretendido la superación teórico-práctica del socialismo y de la democracia liberal que ahora regresaban triunfantes. Esta concepción del régimen convivió con otra que lo entendía como un expediente transitorio, nacido de unas circunstancias excepcionales (cfr. Pío MOA, Franco (Un balance histórico), Barcelona: Planeta, 2005, 90 y 169-170). Coincido en que Franco sostenía la primera mientras que la segunda no explica la trayectoria del Nuevo Estado ni su continuidad institucional a la muerte del Caudillo. En el abandono de la primera posición en beneficio de la segunda me parece decisiva la evolución de los representantes oficiales de la Iglesia que tiene su expresión en los textos del Concilio Vaticano II y en la política eclesiástica que promovió su aplicación.