"40 años de la CONSTITUCIÓN" por Pío Moa

El PARTO de la CONSTITUCIÓN

de las AUTONOMÍAS en 1978

fue el suicidio de la NACIÓN

40 años de la Constitución

Cómo se hizo

Pío Moa

5/12/2018

youtube.com/watch?v=S5F-sK0YF_k

Cuando Zapatero comenzó su labor de formación de un tercer Frente Popular para destruir el estado de derecho, por tanto ,a democracia y por tanto la Constitución, empezando por rescatar a la ETA y recompensar políticamente sus crímenes y siguiendo por sus leyes tiránicas, denuncié el hecho y llamé a una defensa de la Constitución que no hizo ni secundó ninguno de los partidos, ya convertidos en mafias. Tiene mucha gracia que a estas alturas se hable de “partidos constitucionalistas. No hay ninguno. Y se ponen ese nombre para evitar hablar de defensa de la nación española. 

En fin, da grima repetir las cosas a estas alturas… En mi libro La transición de cristal dediqué dos capítulos al modo como se hizo la Constitución y al análisis de la misma. He aquí el primero:

Así como el año 1976 fue el de las reformas de Fraga y de Fernández-Miranda y el 77 el de la Reforma de Suárez y las primeras elecciones de­mocráticas, el 78 lo sería de la Constitución, en torno a cuya elaboración giraría la actividad política. Para elaborarla se nombró una ponencia de siete personas de diversos partidos; a su vez, una Comisión Constitu­cional parlamentaria examinaría las propuestas de la ponencia antes de que se votara el proyecto definitivo por las Cortes y luego por referéndum, ya en diciembre. En el último tercio de 1977, la ponencia había elaborado un anteproyecto que generó mucha polémica. Los puntos en disputa se referían a la educación y la cuestión religiosa, al significado o alcance del derecho a la vida, al carácter de las autonomías, a la inclusión del término «nacionalidades», y a cuestiones menores. Un sector de la Iglesia criticaba la ausencia de toda mención de la divinidad.

A fines de enero del 78, AP celebró su congreso y afirmó en sus mítines que no votaría la Constitución si esta mantenía el punto de las nacionali­dades y algunos otros. Pronto cuajó en la ponencia una alianza informal, mayoritaria, entre UCD y AP, que pareció solventar problemas como los citados, pero bajo cuerda «Suárez y Gutiérrez Mellado» optaron por «no dar esa capital batalla». Aquel pacto tácito, al frenar a la izquierda y a los separatistas, disgustó al PSOE hasta el punto de que su ponente, Peces-Barba escenificó una retirada espectacular el 6 de marzo, por discrepar sobre la libertad de enseñanza. Era un movimiento calculado para asustar a la UCD y romper la que llamaba su «mayoría mecánica» con AP, mientras Roca y Solé Tura profetizaban la catástrofe si no se satisfacían sus exigencias. La presión fue efectiva, aunque la ponencia continuó sin Peces-Barba, pues Suárez y Abril Martorell, buscando una imagen «progresista», pasaron a una alianza de hecho con los separatistas y la izquierda. Fraga lamentaba: «Los ponen­tes de UCD siguen haciendo concesiones injustificadas e innecesarias a los nacionalismos, que aprovechan bien el chantaje socialista». Aun así, Fraga pesaba mucho, por ser el más experto en Derecho constitucional: «Suárez me da su versión de la crisis y de sus posiciones constitucionales; dudo que las tenga, para él todo es negociable». El 16 de marzo terminaba la labor de la ponencia admitiendo las nacionalidades, término preñado de peligros, abanderado por el comunista Solé, el nacionalista Roca y el ucedeísta He­rrero de Miñón1.

El proceso seguía en medio de la crisis económica y de un terrorismo rampante. Los atentados peores del trimestre, pero de ningún modo los únicos, fueron, el 15 de enero, el incendio del teatro Scala, de Barcelona, con cuatro muertos; diez días después, el asesinato de Joaquín Viola y su esposa en Barcelona; el 17 de marzo una bomba contra la central nuclear en construcción de Lemóniz, en Vizcaya, con dos obreros muertos y otros heridos, y graves daños materiales; y el 22 de marzo, el asesinato del di­rector general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad. Se produjo asimismo un sospechoso incendio del histórico pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco.

El ataque al Scala provino de la reconstituida FAI (Federación Anarquis­ta Ibérica), ligada a la CNT. Pareció volver el viejo pistolerismo ácrata, pero los autores fueron pronto detenidos y la CNT perdió crédito e influencia, al ser trabajadores las víctimas. El matrimonio Viola fue asesinado por el terrorismo separatista catalán del mismo modo que lo había sido Bultó, adhiriéndoles un explosivo al cuerpo; Viola había sido alcalde de Barcelona durante un año largo, hasta diciembre de 1976. La bomba de Lemóniz fue obra de la ETA, que, al revés que la CNT-FAI, no perdió prestigio por haber matado a varios obreros. El asesinato de Haddad lo realizó el GRAPO.

Por lo que respecta a los partidos, la UCD aplazó las elecciones munici­pales por tener todavía poca organización a esos niveles. Y se resentía de los personalismos de los llamados «barones», políticos con poder en las regio­nes o en el aparato, a quienes trataba de meter en vereda Abril Martorell, mano derecha de Suárez. En marzo, Abril sustituía al dimisionario Fuentes Quintana al frente de la economía, y al propio Suárez en las comparecen­cias parlamentarias comprometidas, pues el Presidente, de oratoria poco brillante, prefería los acuerdos personales al margen de las Cortes.

AP sufría problemas aún mayores, por la decepción electoral y la incer­tidumbre sobre la vía a seguir. Unos, sugestionados por el éxito de UCD, querían migrar «al centro», y otros lo consideraban una claudicación. Hubo algún contacto con Torcuato, muy decepcionado de Suárez. Fraga expresaba un «europeísmo» algo mendicante: «Para España, la integración europea es algo más que un problema de política exterior o una cuestión económica; es la liquidación de una polémica histórica y una condición básica de la consolidación de un sistema político». Se trataba de pura au­tosugestión.

El PSOE, mejor aglutinado en torno a Felipe González y disciplinado por Alfonso Guerra, tomó la línea de descalificar moralmente al Gobierno, a los empresarios y a la Administración, suponiéndolos a todos más o me­nos corruptos e indignos de confianza. Se presentaba como paladín de la honradez: una auténtica osadía, habida cuenta de la trayectoria del propio PSOE, pero le produjo pingües rentas políticas.

Peor le iba al PCE. La línea moderada y razonable de Carrillo chocaba con las tradiciones del partido y encontraba oposición interna o desanima­ba a muchos antiguos y nuevos militantes. Carrillo, más realista, percibía claramente que mostrarse al viejo estilo reduciría mucho más sus votos. El PSUC, igualmente estalinista, se mantenía con mayor ánimo gracias a su considerable éxito electoral y, de acuerdo con la tendencia inaugurada por los separatismos resurgentes, ampliaba su autonomía con respecto a la dirección general del PCE.

* * *

El 17 de abril se publicaba el proyecto de Constitución, y el 5 de mayo la labor constitucional pasó a la Comisión Parlamentaria, que debía exa­minar y discutir el proyecto de la ponencia. Volvió la mayoría derechista: diecinueve votos de ucd y ap sobre diecisiete contrarios. En la mecánica parlamentaria, la izquierda y los nacionalistas podían discutir y hacer ad­mitir algunas de sus propuestas, pero tendrían que aceptar su minoría. Tal aceptación no ocurrió. Aprovechando una propuesta de ucd sobre posible suspensión de libertades públicas en casos excepcionales de lucha contra el terrorismo, el PSOE amenazó, el 18 de mayo, con abandonar la Comisión, afirmando, por boca de Guerra, que iba a ser «la Constitución más reac­cionaria de Europa, obra de UCD y AP». Ello crearía un nuevo escándalo y suponía un verdadero chantaje para desarticular la mayoría de centro-derecha. Jugada arriesgada, pues Suárez podía aceptar la automarginación socialista y enfrentarla a un referéndum final como en 1976. Pero tras la dimisión de Peces-Barba de la Ponencia (luego entró en la Comisión), el PSOE conocía bien la debilidad de una UCD ideológicamente insegura y atenazada por la necesidad autoimpuesta de «vender imagen» progresista, de centro-izquierda.

Y Suárez volvió a claudicar. Propenso a evitar el debate y a los tratos personales semisecretos, encargó a Abril Martorell entenderse con Alfonso Guerra a espaldas de la Comisión, y llevar a esta los artículos a votar ya listos y acordados, e imponerlos por disciplina de partido. Así, la elabora­ción constitucional pasó a una fase sólo a medias parlamentaria, pues los asuntos principales se acordaban en almuerzos y cenas entre Abril y Gue­rra. El arreglo fue aceptado por comunistas y nacionalistas, a fin de evitarse la enojosa dialéctica de Fraga. Se produjo un reagrupamiento de hecho de la UCD con los socialistas, nacionalistas y comunistas, aislando a la derecha conservadora.

Ni Abril ni Guerra eran expertos en Derecho constitucional, al revés que Fraga o, en menor medida, Peces-Barba. Abril había estudiado Inge­niería agraria y Ciencias políticas, y en 1969 había presidido la diputa­ción provincial de Segovia, con Suárez de gobernador civil. Guerra había estudiado peritaje industrial y algunos cursos de letras. Su noción de las leyes iba poco más allá de pretender el entierro de Montesquieu, pero dijo audazmente de su socio: «En cuanto a formación jurídica, Abril Martorell es un patán». En tan peculiares circunstancias avanzó el proyecto consti­tucional.

Estas maniobras indignaban a AP. Silva y Fernández de la Mora ame­nazaron con dejar la Comisión, y finalmente AP se retiró, el 24 de mayo, y también la abandonó el pnv. Esta preocupó a los demás menos que la del PSOE, y tuvo poca repercusión. A los cinco días, Fraga conseguía la vuelta de su partido a la Comisión, condicionada a la discusión artículo por artículo «con luz y taquígrafos». Condición que no se cumpliría, pues, reconoce el mismo Fraga, siguió actuando el «consejo gastronómico» de Abril y Guerra, sólo «de modo menos indiscreto». AP había logrado en la Ponencia facilitar los referéndum y otras formas de democracia más o menos directa, pero la Comisión echó abajo tales iniciativas, tomando un giro más partitocrático.

Los partidos continuaban la dinámica anterior. Abril trataba de meter en cintura a los «barones» de UCD. Aunque la ejecutiva dimitió para facili­tar la reorganización del partido, la mayoría se habían apuntado al partido por sus ventajas prácticas, y ni respetaban mucho a Suárez, ni Abril tenía autoridad para imponerse. El poder y sus expectativas atenuaban las di­ferencias entre sus sectores democristiano, socialdemócrata y «azul», pero dificultaban mantener una línea precisa.

AP, falto de poder, sufría más duramente las tensiones disgregadoras, aumentadas por el centrismo de un Fraga ansioso de ganar imagen «tole­rante», por más que la izquierda y UCD mostrasen poca tolerancia hacia su partido. Silva, Fernández de la Mora y otros exteriorizaban su disgusto, y el partido amenazaba disolverse en taifas.

Areilza volvió a la política fundando «Acción Ciudadana Liberal», que no llegaría a alzar el vuelo. Fuerza Nueva realizaba mítines que solían ser contestados con violencias. El Partido Liberal celebró su II Congreso sin pena ni gloria.

Tampoco el PCE se serenaba. En su IX Congreso, realizado en abril, Ca­rrillo dispuso la supresión del término «leninista», dejándolo en «marxista». El cambio significaba muy poco doctrinalmente, pero constituía una mu­tilación en el orden simbólico e identitario. Stalin había impuesto la expre­sión «marxista-leninista» y la mantenían también los partidos maoístas. La medida provocó cierta crisis interna y numerosas expulsiones, siendo las secciones catalana y asturiana las más reacias al abandono. Carrillo calcula­ba que la supresión delleninismo le ganaría votos.

Mucho mejor le iba al PSOE, cuyos políticos estaban más que satisfe­chos con los cargos logrados en las elecciones pasadas y las expectativas de controlar pronto el poder. En abril recibían el refuerzo del PSP de Tierno Galván, cuyos atribulados líderes prefirieron ahorrarse una «travesía del desierto» y se sumaron a sus rivales. La fiesta del 1 de mayo fue unitaria de los sindicatos y partidos de izquierda, con profusión de banderas rojas, también republicanas, puños en alto y tono muy marxistizado. A los pocos días, González habló de abandonar el marxismo, se levantó una polvareda, y Guerra aclaró que el partido seguía fiel a Marx. Pujol, en Cataluña, resentía la moderación y el prestigio de Tarradellas, quien expondría ideas muy irritantes para él: «No creo en lo que llaman paí­ses catalanes»; «Tenemos la obligación de hacer de España un gran país»; «Mi patria es España». Trataba de calmar los extremismos en Cataluña y de convencer a Ajuriaguerra de participar en las tareas constitucionales. El PNV exigía la inclusión de Navarra en lo que llamaba Euskadi, y el PSOE estaba de acuerdo, contra la voluntad de la mayoría de los navarros. Algunos socialistas navarros, encabezados por Víctor Manuel Arbeloa harían volverse atrás al PSOE. Tarradellas, de todas formas, terminaría fracasando en Vascongadas y en Cataluña. El semiseparatista Roca hablaba de España como «nación de naciones», un contrasentido lógico, jurídico y político: una na­ción de naciones sólo puede ser un imperio.

Se aprobaron preautonomías en Castilla-León, Extremadura y Balea­res, y luego otras más, hasta trece hasta junio del 78. El PNV exigía transferencias antes de la Constitución y las obtuvo, así como Aragón y Valencia. En esta, nutridas manifestaciones públicas rechazaban la catalanización. El intento de crear un nacionalismo caste­llano reunió en Villalar, sitio de la derrota comunera 457 años antes, a unas quince mil personas, interviniendo comunistas, PSOE y UCD –cuyo representante fue abucheado («¡menos burguesía, más autonomía!»)–. Fue sustituida la bandera del ayuntamiento por otra «republicana». Un grupo de AP con banderas nacionales fue recibido al grito de «Vosotros, fascistas, sois los terroristas», agredido físicamente y quemadas las banderas. Hubo diecisiete heridos, algunos de ellos niños.

También en abril, Antonio Cubillo sobrevivió en Argel a un atentado que le dejó secuelas. Tras el intento parece haber estado el Gobierno espa­ñol, preocupado por las acciones terroristas del MPAIAC y por su constante agitación internacional, instigando a la OUA (Organización para la Unidad Africana) a «descolonizar» las islas Canarias, y tratando de llegar a la ONU con apoyo de varias dictaduras africanas, sobre todo la argelina. Argelia aspiraba a controlar el Sáhara ex español a través del Frente POLISARIO, que mantenía una guerra con Marruecos.

Continuaban los disturbios de presos comunes, con autolesiones. En aquel segundo trimestre, el terrorismo nacionalista vasco asesinó a ocho personas, entre ellas un niño. El caso más publicitado fue el del periodista bilbaíno José María Portell, el 28 de junio, un intermediario en negocia­ciones del Gobierno (Martín Villa) con la ETA. Portell había escrito libros más bien halagüeños para la imagen de los terroristas y propugnaba la negociación, pero los etarras desconfiaron de él y lo mataron. La ETA iba logrando tal poder intimidatorio que sus amenazas bastaron para hacer dimitir a un ayuntamiento vizcaíno en pleno, reseña Fraga.

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En Una hora con la Historia, cómo España, después de un período caótico que auguraba el fracaso final de la Reconquista con la división de la península en cuatro reinos cristianos mal avenidos y uno musulmán, se rehízo y en muy poco tiempo se convirtió en una potencia mundial

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El verano tórrido, «de horno», resultó igual de movido. El 4 de julio co­menzó en el pleno del Congreso un debate constitucional algo ficticio pese a las más de mil enmiendas, pues los artículos llegaban consensuados al margen de las Cortes, que en doce sesiones solventaron el caso. El proble­ma mayor provino del PNV, que exigía una soberanía propia conforme a la idea medieval de un, por lo demás imaginario, «pacto con la corona». Para sortear el escollo, UCD, PSOE y PNV mantuvieron infructuosas reuniones clandestinas al margen del Congreso. El Gobierno y la izquierda rehuyeron el debate sobre un orden público en rápido deterioro. Carrillo afirmó que la derecha había quemado las iglesias en los años treinta «para provocar». El día 21 se aprobaba el texto por doscientos cincuenta y ocho votos a favor, dos en contra, catorce abstenciones de AP y ausencia del PNV. Fraga votó sí. El no de Silva Muñoz levantó expectación, y él lo explicó a los me­dios, pero casi todos silenciaron sus palabras. La ETA saludaba la votación asesinando el mismo día en Madrid al general Sánchez Ramos y al teniente coronel Pérez Rodríguez.

Pasado al Senado el debate, en agosto, Torcuato Fernández-Miranda presentó enmiendas al título VIII, dedicado a las autonomías, y contra las «nacionalidades». Suárez y Abril, enojados, le conminaron a retirarlas y, tras agria discusión, Torcuato dejó la UCD. La cuestión educativa causó también disputas. No menos trascendencia tuvo la inclusión de unos «de­rechos históricos de los territorios forales», eufemismo para admitir una «soberanía originaria» vasca pretendida por el PNV. Se buscaba, en vano, complacer a los nacionalistas. Con todo, no dejaba de ser una victoria de Sabino Arana, setenta y cinco años después de finado. El PSOE procuraba reducir el Senado a una función poco relevante, sin apenas competencias reales, frente a la oposición de AP.

El Gobierno, por su parte, siguió pidiendo sin éxito la admisión en la CEE, y negoció con el Vaticano para sustituir el concordato por acuerdos específicos. La masonería, ya legalizada, se rehacía. El franquismo la había encuadrado entre sus mayores enemigos, como organización conspiratoria y anticristiana, y la había desarticulado. Los socialistas denunciaron que una gira del rey por Hispanoamérica incluía a la Argentina de la Junta militar, aunque los jefes del PSOE habían visitado Moscú y colaborado a la propa­ganda internacional soviética. Se estableció definitivamente la mayoría de edad a los dieciocho años, quedaron constituidos los Consejos generales de Castilla-León y de Baleares, y el 18 de julio una multitud de veinte mil personas llenó la plaza de toros madrileña de Ventas para conmemorar el alzamiento de 1936. Los grupos más a la derecha tenían aún bastante capa­cidad de movilización aprovechando el prestigio del franquismo.

Durante los sanfermines de Pamplona, grupos separatistas politizaron las fiestas mediante pancartas en la plaza de toros, abucheadas por la mayo­ría. La Policía realizó una intervención desorbitada que motivó un motín por toda la ciudad. Las fiestas fueron clausuradas el día 11, tras un muerto y decenas de heridos.

UCD siguió utilizando la televisión con eficacia, pero su crisis interna proseguía. Plutócratas del partido se pronunciaban por una socialde­mocracia «a la italiana» (que resultaría muy corrupta). Continuaba, agravándose, la crisis de AP: varios dirigentes reclamaban unas señas de identidad más claramente definidas a la derecha, pero Fraga prefería cierta ambigüedad o camuflaje centrista, esperando así ampliar su masa de votantes a costa de UCD. Tampoco el PCE superaba sus roces internos.

El PSOE, en cambio, ganaba disciplina y agresividad, y explotaba el acer­camiento de Suárez a González y a Carrillo para aislar a AP; la UCD, a su vez, sufría el intento de aislarlo en Cataluña por un pacto entre Conver­gencia y Unió en pro de un «centro izquierda catalán no sucursalista».Su­cursalistas llamaban a los partidarios de la unidad española. Los socialistas de Cataluña se unían oficialmente como PSC-PSOE, menos peligroso para los nacionalistas, ya que su dirección lo era en gran parte, al revés que sus bases. El PSC de Raventós en solitario habría obtenido pocos votos pero, anota Jordi Pujol, «La maniobra de los dirigentes del PSC federándose con el PSOE (…) encuadró a esos votantes (del PSOE) en un sistema de partidos catalán». La jugada, como con la Asamblea de parlamentarios catalanes -germen de asambleas parecidas en otras regiones- fragmentaba el campo de la política en España, logro clave para los nacionalistas. Sorprende la destreza de estos y la escasa agudeza de sus teóricos contrarios. Otra mo­lestia para los nacionalistas radicales era Tarradellas, contra quien gritaron en la Diada, mientras que la Asamblea de parlamentarios catalanes vetaba al presidente de la Generalidad para la redacción del futuro estatuto auto­nómico.

En Vascongadas moría el 25 de agosto el veterano líder Juan Ajuriague­rra, uno de los artífices del llamado «pacto de Santoña» en 1937, por el que el PNV, de acuerdo con los fascistas italianos, traicionó ocultamente a sus aliados del Frente Popular, facilitando la primera victoria masiva de Franco. Su condena a muerte por su anterior colaboración con los revolu­cionarios, quedó en cadena perpetua, que no pasaría de seis años.

Aquel verano hubo oleadas de incendios forestales, en su mayoría inten­cionados. Muchos temían la ruina de la extraordinaria labor reforestadora del franquismo. El ecologismo, aún débil, mostraría luego nula simpatía por los bosques, tachados de «franquistas». También se hacía «normal» la quema de banderas nacionales.

* * *

El trimestre final del año vería la aprobación definitiva de la Constitu­ción, la ruptura de AP, el auge terrorista y alguna conspiración militar.

Las sesiones del Senado sobre la Constitución terminaron el 5 de octubre, y luego una Comisión Mixta Congreso-Senado estudió la pro­puesta constitucional. De la Comisión, formada por once parlamentarios, fue excluido Fraga por el veto de la UCD, que temía su oratoria. Así, el texto constitucional pasaba ya por cinco tamices, la Ponencia, la Comi­sión del Congreso, el pleno del Congreso, el Senado y la Comisión Mixta, proceso algo extravagante, por cuanto los artículos se «consensuaban» en gran medida al margen del Parlamento, dando al de­bate cierto aire de pantomima, Peces-Barba también fue sustituido por Guerra. La Comisión Mixta sería acusada de cambios de última hora, que añadían confusión, mediante nuevos acuerdos Abril-Guerra.

Finalmente, el 31 de octubre, Senado y Congreso votaron simultánea­mente el texto. En el Congreso, trescientos veinticinco votos fueron a favor, seis en contra (varios de AP, sobre todo) y catorce abstenciones, la mitad del PNV y el resto de AP y otros. El Senado dio doscientos veintiséis votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones.

Quedaba el referéndum que debía culminar el proceso. Casi todos los partidos hicieron una activa campaña por el SÍ, menos Fuerza Nueva y otras asociaciones continuistas, así como grupos comunistas al margen del PCE y nacionalistas proetarras vascos; el PNV llamó a la abstención.

El referéndum tuvo lugar el 6 de diciembre, dos años casi justos después del de la Reforma de Torcuato. Pese a no sufrir campaña alguna de boicot, la participación popular, un 67,1%, fue diez puntos menor que la de 1976, con un 5% de noes, por lo que el porcentaje de síes, 87,7% no llegaba al 59% del cuerpo electoral, porcentaje suficiente, pero flojo. El porcentaje del referéndum de la Ley para la Reforma Política había pasado del 73%. Quedaba de relieve un descenso del interés ciudadano después de dos años en que el terrorismo, las huelgas, el paro y otros desórdenes hacían sus es­tragos. Aunque demostraba también una básica esperanza.

Las regiones más participativas fueron Baleares, Valencia, Murcia, las dos Castillas y Aragón; las más abstencionistas, Vascongadas (54,5%), Galicia (49,5%) Asturias (38,5) y Canarias (35,5). En la media nacional estaban Cataluña, Navarra, Ceuta y Melilla. Hubo más noes en Navarra (11,3%) Vascongadas (10,8), Cantabria (9,7) y Castilla la Mancha (8,71). Las regiones de menos noes fueron Galicia, Canarias y Baleares. Pese a unos resultados algo mediocres, puede decirse que la Constitución fue aceptada mayoritariamente, excepto en las Vascongadas, donde no fue aceptada ni rechazada (y si descontamos la abstención técnica habitual de un 25-30%, la abstención política propugnada por el PNV superaría poco otro 25%, por debajo del 31, 3% de síes). La abstención gallega ape­nas tuvo carácter político. Y el 12 de diciembre, por fin, el PSOE reconocía como legítima a la monarquía.

La Constitución marca propiamente el fin del franquismo. Hubo va­cilación sobre si Juan Carlos debía jurarla o sancionarla con su firma. Se decidió la firma, efectuada el 26 de diciembre, lo cual daba a la ley cierto aire de carta otorgada. Sólo en apariencia, pues la potestad regia quedaba reducida a poco más que simbólica y ceremonial. Aun así, tendría relevancia durante el intento golpista del 23 de febrero de 1981.

El año 1978 presenció una escalada terrorista, con intervención de un grupo nuevo, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, escisión ácrata de la ETA. La ETA multiplicó por seis su cifra de asesinatos del año anterior, llegando a sesenta y ocho (bajo el franquismo habían sido dos en 1968, uno en 1969, ninguna en los dos años siguientes, uno en 1972, seis en 1973, diecinueve en 1974 y dieciséis en 1975). El GRAPO asesinó a seis personas, el terrorismo separatista catalán a no menos de dos, la extrema derecha a tres o cuatro, dos de ellas mediante un paquete bomba dirigido a El País. Los daños materiales fueron también cuantiosos. La atención concentrada en los cambios políticos había rebajado la eficacia policial, y Francia no ayudaba. Las izquierdas seguían admirando a la ETA, algo turbadas por­que habían pensado que, tras el franquismo, los «jóvenes patriotas vascos» abandonarían las pistolas, y les dejarían la política; así, en noviembre con­vocaron manifestaciones contra el terrorismo, no muy contundentes, en Madrid y Bilbao. El Gobierno, ayuno de verdadera política en este campo, recurrió a la «guerra sucia» con el atentado contra Cubillo o el que voló con su coche a Argala, jefe de los asesinos de Carrero Blanco y de otros asesinatos, en el quinto aniversario del magnicidio.Las reacciones ante el fin de Argala son muy ilustrativas. El PSOE conde­nó en Vascongadas el «brutal atentado». En el funeral, el cura comparó al etarra nada menos que con Cristo. El presidente del PNV, Javier Arza­llus, lo ensalzó: «Quienes entregan la vida por su pueblo merecen nuestra admiración y respeto». Otros loaban su «capacidad de análisis político», lo convertían en héroe o mártir «del pueblo vasco» que avanzaba como un «torrente arrollador», hablaban de «asesinato fascista», etc. El País, ya el diario más influyente y temido por la derecha, dio una imagen amable del terrorista, ponderando sus dotes intelectuales (pasaba por teórico marxista), «hombre culto y muy aficionado a la literatura», «de aspecto ascético y fé­rrea voluntad», poco sectario, «partidario de la solución negociada para el problema vasco», aunque también de «la lucha armada», como llamaba a los crímenes, a fin de «obligar al Gobierno a la negociación». El Gobierno parecía culpable por no negociar el «problema vasco» con la ETA que lo había creado; negociación que suponía un premio a los negociantes asesinos. El País sería el máximo impulsor de esa vía, que a aquellas alturas, ya ponía a los gobiernos a la altura de los pistoleros… en nombre de la democracia. Y solo sería abandonada muchos años más tarde en el segundo mandato de Aznar, para ser retomada a un nivel superior por Zapatero.. 

Durante el franquismo, el santuario francés tuvo vital importancia para la ETA, pues le permitió sobrevivir y rehacerse. De otro modo habría sido probablemente aniquilado, y estuvo cerca de serlo en varias ocasiones. Pero la desatención al problema en la Transición cambió el panorama: aunque el santuario seguía siendo muy importante, ya no tanto, pues los etarras habían podido organizar sus terminales políticas en Vizcaya y Guipúzcoa, donde habían arraigado, convirtiendo al grupo en una verdadera potencia.

El terrorismo y actitudes tales hacia él indignaban en muchos medios, entre ellos los castrenses, que, viéndose impotentes, culpaban al Gobierno. Como ya vimos, una vasta mayoría de militares rehusaba entrar en la polí­tica y aceptaba una reforma ordenada, pero esta daba la impresión de estar yéndose de las manos a los gobernantes. El enfado se expresó durante una gira de Gutiérrez Mellado por las guarniciones, a mediados de noviembre, para explicar la Constitución. En Valencia le acogieron con hosquedad, y en Cartagena con hostilidad abierta, lo que le hizo renunciar a más visitas. Por las mismas fechas se descubrió una conjura, la Operación Galaxia, por el nombre de la cafetería madrileña donde se reunían los conspiradores, y que, al ser denunciada a tiempo, no pasó de planes de café por parte de un pequeño grupo, en el que figuraba el teniente coronel Tejero, que intenta­ría otro golpe más peligroso en 1981, y en el que estarían complicados el propio PSOE, otros partidos y la monarquía, para detener un proceso cada vez más desintegrador y amenazante.

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