Editorial del programa "Sin Complejos" de <esRadio>
(sábado 11/2/2012)
Seguro que todos ustedes han oído hablar en las noticias, en más de una ocasión, de que tal o cual servidor de internet de algún organismo o empresa fue atacado por piratas informáticos, haciendo que dejara de funcionar.
Por ejemplo, el pasado mes de enero, después de que las autoridades americanas cerraran Megaupload (un famoso sitio web dedicado a la descarga de vídeos por Internet) los piratas informáticos lanzaron una serie de ataques contra diversos servidores, entre ellos los del propio FBI.
¿Cómo se realizan esos ataques? Para aquellos de ustedes que no entiendan nada de informática, vamos a poner un ejemplo sencillo: supongan que una gran multinacional tiene un servicio telefónico de atención al cliente y que alguien, con intención de dañar a esa empresa, se dedica a bombardear durante una mañana a ese servicio de atención al cliente con miles de llamadas con reclamaciones falsas. El resultado sería que el servicio técnico de la empresa quedaría colapsado, ¿verdad?
Bueno, pues eso es lo que hacen los piratas informáticos cuando lanzan uno de sus ataques: bombardear los servidores Internet con una avalancha de peticiones en un espacio de tiempo muy corto, lo que hace que el servidor se colapse durante horas, originando cuantiosísimas pérdidas económicas y de imagen a las empresas y organismos atacados.
Para evitar ser detectados y detenidos, los piratas informáticos se comportan de manera bastante inteligente. Por ejemplo, en lugar de lanzar esos ataques desde sus propios ordenadores, lo que hacen es otra cosa: durante meses, utilizan todo tipo de técnicas para acceder a los ordenadores de personas normales que utilizan Internet, e instalan en esos ordenadores unos programas ocultos, que se quedan inactivos, a la espera de recibir las órdenes oportunas.
Cuando llega el momento de lanzar un ataque masivo, los piratas informáticos envían una orden a esos programas durmientes y, de repente, miles o decenas de miles de ordenadores, pertenecientes a usuarios normales y corrientes, se ponen a enviar una avalancha de peticiones al servidor Internet que el pirata quiera atacar. A esos ordenadores que participan involuntariamente en los ataques lanzados por los piratas informáticos se los denomina zombis.
En otras palabras: el pirata informático lanza sus ataques utilizando como zombis los ordenadores de personas comunes y corrientes, sin conocimiento de sus dueños. De ese modo, si la Policía trata de rastrear desde qué ordenadores se ha lanzado el ataque, se encuentra con esos zombis. Y de nada sirve, por supuesto, preguntar a los dueños de esos ordenadores, porque no tienen ni idea de lo que está pasando.
Eso obliga a las fuerzas de seguridad a realizar complejas investigaciones, para tratar de determinar quién es el verdadero cerebro de los ataques, quién es el que controla esos ordenadores zombis que son los que llevan a cabo, en último término, el ataque.
Ayer saltó la noticia de que la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar la querella contra el ex-jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, que la juez Coro Cillán estaba instruyendo. Los tres jueces de esa sección de la Audiencia no han entrado a valorar si el ex-jefe de los Tedax mintió o no, si manipuló o no pruebas o si respetó los protocolos de actuación en caso de atentado terrorista o se los pasó por el forro de sus caprichos. Se han limitado a archivar la querella diciendo que hace dos años otro juzgado ya había desestimado otra querella similar contra Sánchez Manzano, presentada (nadie sabe por qué) por el partido Alternativa Española.
En realidad, lo que ese otro juzgado hizo es desechar aquella extraña querella quince días después de su presentación, sin ni siquiera entrar a valorarla. Pero ahora se utiliza torticeramente ese hecho para proporcionar una bofetada judicial más a las víctimas del 11-M, que ven cómo les paralizan la causa por algo en lo que ellos no han tenido ni arte ni parte.
Esa decisión de la Audiencia Provincial ha causado una lógica consternación entre las víctimas del 11-M, que ven con desolación cómo se las cierra una puerta, otra más, para intentar averiguar quién cometió la masacre de Madrid.
Pero nos equivocaríamos si nos limitáramos a señalar con el dedo acusador a la sala que ha emitido un auto tan escandaloso. Esos jueces, esos malos jueces, no son otra cosa que zombis judiciales. No es entre ellos donde hay que buscar a quien verdaderamente toma las decisiones, a quien tiene en su mano la posibilidad de decidir si se investiga o no el 11-M.
A las víctimas del 11-M las llevan toreando ya ocho años, mintiéndolas sobre la autoría de la masacre, haciéndolas concebir luego falsas esperanzas en un juicio que terminó convirtiéndose en una farsa y dejándolas por fin intentar la vía judicial ordinaria contra los manipuladores de pruebas, para cerrársela de un portazo en cuanto la juez correspondiente demostró que estaba dispuesta a ir hasta el final.
Y en cada uno de esos pasos se ha utilizado a los zombis judiciales para hacer el trabajo sucio de engaño a las víctimas: primero Del Olmo, después Gómez Bermúdez y ahora la sección 17 de la Audiencia Provincial.
Ante eso, las víctimas del 11-M pueden seguir intentando recurrir, y pegarse de cabezazos contra el muro de una justicia sometida al poder político... o pueden, por el contrario, darse cuenta de que las están tomando el pelo, y de que quien manda abrir o cerrar cauces judiciales en este tema no son los jueces, sino las instancias políticas.
En lugar de perseguir zombis, a quien hay que plantear las exigencias es a la cabeza pensante, a quien tiene el poder de poner los recursos del estado al servicio de la verdad o de la mentira.
En estos momentos estamos dirigidos por un gobierno del Partido Popular que cuenta con mayoría absoluta. Un gobierno que dispone de al menos dos vías legales distintas para solicitar la reapertura del sumario del 11-M. Y que si no lo hace será porque no le da la gana.
Ahí es donde hay que dirigirse. Y pedir públicamente al ministro de Justicia que tome las medidas que tenga que tomar. Y ponerle en evidencia si no lo hace.
Todo lo que no sea eso, todo lo que no sea utilizar la fuerza de la opinión pública para exigir a los poderes públicos que aclaren quién cometió la masacre del 11-M es un esfuerzo inútil. Y, como decía Ortega y Gasset, los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía.
Lo único que puede desbloquear la situación es que las víctimas del 11-M comprendan que no tienen por qué limitarse a pedir la verdad. Por la sencilla razón de que tienen derecho a exigirla. Pero no a los zombis, sino a sus amos.
(Libertad Digital -10 de Febrero de 2012)
Sánchez Manzano mintió ante la Comisión del 11-M, mintió ante el juez de instrucción Del Olmo y mintió ante el tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez.
Lo hizo al declarar, y luego negar, que en los focos de explosión del 11-M había aparecido nitroglicerina.
Lo hizo al declarar que el explosivo de la mochila de Vallecas coincidía, en todos sus componentes, con el explosivo encontrado en una furgoneta Kangoo en Alcalá de Henares en la mañana del 11-M.
Lo hizo al declarar en el juicio que empleados de una fábrica de explosivos confirmaron que el explosivo encontrado en la furgoneta Kangoo era Goma2-ECO.
Sánchez Manzano tenía la responsabilidad, puesto que se hizo cargo de ellas, de custodiar las muestras recogidas en los trenes del 11-M, pero aquellas muestras desaparecieron a centenares.
Sánchez Manzano tenía la responsabilidad, según los protocolos, de enviar las muestras de los trenes a la Policía Científica para su análisis químico, pero la Policía Científica nunca llegó a recibir las muestras recogidas en los focos de explosión.
La actuación de Sánchez Manzano impidió, por tanto, que sepamos, a fecha de hoy, qué explosivo estalló en los trenes que mataron a 193 personas el 11 de marzo de 2004.
Por eso se querelló contra él, y contra su jefa de laboratorio, la asociación mayoritaria de víctimas del 11-M, dirigida por Ángeles Domínguez. Querella que le correspondió por reparto a la juez Coro Cillán y que nos ha permitido conocer numerosos detalles adicionales sobre el proceso masivo de destrucción, ocultación y sustitución de pruebas que se puso en marcha muy pocas horas después de que 10 bombas hicieran explosión en cuatro trenes de cercanías de Madrid.
Pero ahora, la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido dar carpetazo a la causa, impidiendo así que continúen las investigaciones.
Y no da carpetazo porque sea falso que Sánchez Manzano mintiera, ni porque sea falso que Sánchez Manzano dejara que desaparecieran las muestras del 11-M, ni porque sea falso que Sánchez Manzano incumpliera su obligación de enviar las muestras de los trenes a la Policía Científica.
El argumento de la Audiencia Provincial de Madrid para archivar la causa es que existió una querella contra Sánchez Manzano que el partido Alternativa Española presentó ante la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional desestimó en su día, sin ni siquiera tomarla en consideración. Y que, por tanto, nadie más puede presentar querellas contra Sánchez Manzano por esos mismos hechos.
O sea, para que ustedes se enteren de la jugada: un mes antes de que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentara su querella en 2009 contra Sánchez Manzano en los juzgados ordinarios, el partido político Alternativa Española (que nunca había emprendido ninguna iniciativa jurídica sobre el 11-M) presenta una querella en la Audiencia Nacional, que es desestimada de inmediato (quince días después). Y dos años más tarde, se utiliza ese hecho por parte de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid para dar carpetazo a una causa, la instruida por la juez Coro Cillán, que estaba empezando a irse de las manos.
Ya que no podemos achantar a la juez Cillán difamándola, echamos mano de una sorprendente querella que nadie sabe quién ha instigado y cerramos la causa por la cara.
Y si eso significa dar una nueva bofetada judicial a las víctimas del 11-M, que siguen sin saber quién las convirtió en víctimas, pues no pasa nada.
Cuánto apesta este país, ¿verdad?
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Sánchez Manzano mintió ante la Comisión del 11-M, mintió ante el juez de instrucción Del Olmo y mintió ante el tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez.
Lo hizo al declarar, y luego negar, que en los focos de explosión del 11-M había aparecido nitroglicerina.
Lo hizo al declarar que el explosivo de la mochila de Vallecas coincidía, en todos sus componentes, con el explosivo encontrado en una furgoneta Kangoo en Alcalá de Henares en la mañana del 11-M.
Lo hizo al declarar en el juicio que empleados de una fábrica de explosivos confirmaron que el explosivo encontrado en la furgoneta Kangoo era Goma2-ECO.
Sánchez Manzano tenía la responsabilidad, puesto que se hizo cargo de ellas, de custodiar las muestras recogidas en los trenes del 11-M, pero aquellas muestras desaparecieron a centenares.
Sánchez Manzano tenía la responsabilidad, según los protocolos, de enviar las muestras de los trenes a la Policía Científica para su análisis químico, pero la Policía Científica nunca llegó a recibir las muestras recogidas en los focos de explosión.
La actuación de Sánchez Manzano impidió, por tanto, que sepamos, a fecha de hoy, qué explosivo estalló en los trenes que mataron a 193 personas el 11 de marzo de 2004.
Por eso se querelló contra él, y contra su jefa de laboratorio, la asociación mayoritaria de víctimas del 11-M, dirigida por Ángeles Domínguez. Querella que le correspondió por reparto a la juez Coro Cillán y que nos ha permitido conocer numerosos detalles adicionales sobre el proceso masivo de destrucción, ocultación y sustitución de pruebas que se puso en marcha muy pocas horas después de que 10 bombas hicieran explosión en cuatro trenes de cercanías de Madrid.
Pero ahora, la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido dar carpetazo a la causa, impidiendo así que continúen las investigaciones.
Y no da carpetazo porque sea falso que Sánchez Manzano mintiera, ni porque sea falso que Sánchez Manzano dejara que desaparecieran las muestras del 11-M, ni porque sea falso que Sánchez Manzano incumpliera su obligación de enviar las muestras de los trenes a la Policía Científica.
El argumento de la Audiencia Provincial de Madrid para archivar la causa es que existió una querella contra Sánchez Manzano que el partido Alternativa Española presentó ante la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional desestimó en su día, sin ni siquiera tomarla en consideración. Y que, por tanto, nadie más puede presentar querellas contra Sánchez Manzano por esos mismos hechos.
O sea, para que ustedes se enteren de la jugada: un mes antes de que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentara su querella en 2009 contra Sánchez Manzano en los juzgados ordinarios, el partido político Alternativa Española (que nunca había emprendido ninguna iniciativa jurídica sobre el 11-M) presenta una querella en la Audiencia Nacional, que es desestimada de inmediato (quince días después). Y dos años más tarde, se utiliza ese hecho por parte de la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid para dar carpetazo a una causa, la instruida por la juez Coro Cillán, que estaba empezando a irse de las manos.
Ya que no podemos achantar a la juez Cillán difamándola, echamos mano de una sorprendente querella que nadie sabe quién ha instigado y cerramos la causa por la cara.
Y si eso significa dar una nueva bofetada judicial a las víctimas del 11-M, que siguen sin saber quién las convirtió en víctimas, pues no pasa nada.
Cuánto apesta este país, ¿verdad?
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