Subida de impuestos, aborto, política antiterrorista,
'matrimonio' homosexual, politización de la Justicia...
1 Más impuestos.
El Gobierno de Rajoy ha protagonizado una de las mayores subidas de impuestos de nuestra Historia reciente. Curiosamente, es lo mismo que su programa para las elecciones de 2011 reprochaba al PSOE. ¿Qué ofrecía el PP en ese programa? Esto: “Modernizaremos el impuesto sobre la renta con el objetivo de favorecer el ahorro, la inversión y el empleo. Fomentaremos fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF por el incremento anual del ahorro, que incluya la adquisición de vivienda habitual. (…) Elevaremos los mínimos familiares en el IRPF adaptándolos mejor a las circunstancias de los contribuyentes, especialmente en relación con las familias numerosas. En el impuesto de sociedades generalizaremos la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20%; extenderemos el ámbito de aplicación del tipo del 25%”. Nada de eso ha pasado
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2 Más abortos.
Contra las expectativas despertadas en su día, el Gobierno Rajoy no ha modificado la ley Zapatero del aborto. La reforma anunciada por el ministro Gallardón, que debía haber estado acabada el pasado otoño, duerme el sueño de los justos, y nunca mejor dicho. El año pasado, según cifras del Ministerio de Sanidad, se produjeron en España 118.000 abortos, cifra superior a la de años anteriores. En su programa de 2011, el PP proponía textualmente: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada de eso ha pasado.
3 Más parados.
Tanto en su programa electoral como en sus discursos de campaña, Rajoy asumió como reto fundamental crear empleo y rectificar la desastrosa herencia dejada por Zapatero. Así lo decía el programa electoral de 2011: “Pondremos en marcha una reforma integral del mercado de trabajo que dé respuesta al drama social sin precedentes que representa un país con cinco millones de parados. Esta reforma integral supondrá un cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación”. Hoy el drama permanece y la cifra de parados se acerca ya a los seis millones. La reforma laboral adoptada por el Gobierno, sólo parcial, aún no ha dado frutos.
4 ETA en las instituciones.
El Partido Popular se había caracterizado siempre por una política de firmeza frente a la banda terrorista ETA, alineándose junto a las víctimas del terrorismo y oponiéndose por sistema a cualquier negociación política, a la entrada de los portavoces terroristas en las instituciones y a las medidas de “gracia” adoptadas por Zapatero. Así lo decía en su programa: “Debemos recordar que la sola existencia de la banda terrorista, que no ha anunciado su disolución ni su desarme, es intimidatoria y amenazante. Ahora es preciso reiterar que no resulta aceptable pagar ningún precio político por matar, tampoco puede asumirse que obtengan réditos por dejar de hacerlo. Al mismo tiempo que hemos de mantener sin reservas la actuación del Estado de Derecho contra el terrorismo de ETA y sus responsables, impediremos la legitimación de su trayectoria, el enaltecimiento de los terroristas, la equiparación de las víctimas con los delincuentes...”. Pero portavoces del PP en el País Vasco sostienen ahora que el futuro hay que construirlo con Bildu, y el Gobierno ha excarcelado al etarra Bolinaga y le mantienen en la calle a pesar de haber dicho este que no se arrepiente de sus crímenes.
5 'Matrimonio homosexual'.
El Partido Popular recurrió en su día la ley Zapatero del llamado “matrimonio homosexual”. Asimismo, en sucesivas declaraciones públicas los principales líderes del PP, empezando por el propio Rajoy, manifestaron con toda claridad que su idea de la familia era la del matrimonio entre hombre y mujer. En su programa de 2011, el PP anunciaba medidas de apoyo a la familia: “Las familias son un sustento esencial de la sociedad, sobre todo en época de crisis, y las apoyaremos como merecen, en especial a las que tienen hijos menores y a las familias numerosas. (…) Trazaremos una perspectiva familiar en todas las políticas públicas, de forma que las familias sean tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos. Atenderemos las necesidades fundamentales de las familias”. Nada de eso ha pasado. Y al contrario, no se ha movido un dedo frente al zapateriano homomonio.
6 Politización de la Justicia.
l Partido Popular ha defendido tradicionalmente la independencia de los jueces, desarrollando la norma constitucional que así lo prescribe. Es verdad que en ocasiones anteriores el PP pactó con el PSOE el reparto de cuotas de influencia política en el poder judicial, pero parecía que esta vez iba a ser diferente. Así lo decía su programa electoral de 2011: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”. Sin embargo, la reforma de la Justicia avanzada por el ministro Gallardón ordena que los 20 miembros del CGPJ sean elegidos directamente por el Parlamento, bajo el argumento de que su elección por asociaciones judiciales es también “una forma de politización”. Una vez más, el PP actúa contra su propio programa.
7 Educación: todo por hacer.
Uno de los argumentos centrales del programa del PP en 2011 era la educación, bajo el lema “Camino de oportunidades”. Allí se anunciaba una reforma que en líneas generales sí se corresponde con la emprendida con el ministro Wert, pero con una evidente dilación en los tiempos. Donde más sangrante resulta el desfase es en la garantía del derecho a estudiar en castellano. El programa del PP decía así: “Haremos efectivo el derecho de los alumnos a aprender en español y en el resto de lenguas cooficiales. Favoreceremos el desarrollo de un bilingüismo integrador que facilite el mejor aprendizaje”. Pero ese derecho es sistemáticamente conculcado en comunidades como Cataluña y el País Vasco, y de manera especialmente llamativa en comunidades gobernadas por el propio PP como Baleares, la Comunidad Valenciana o Galicia, donde sigue habiendo denuncias por ese concepto. También la libertad de elección de centro está durmiendo en algún cajón. El programa de 2011 rezaba: “Reforzaremos la libertad de elección de las familias promoviendo una educación pública de calidad, y una oferta formativa de iniciativa social que responda a las demandas plurales de las familias”. Habrá que esperar a que la reforma de Wert se materialice.
8 Corrupción: escándalo público.
Uno de los compromisos declarados del Partido Popular en su programa electoral de 2011 era la reforma de la Administración para combatir la corrupción. En las actuales circunstancias es interesante reproducir todo lo que el programa decía sobre este asunto: “Propondremos una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que establezca los deberes de las administraciones en esta materia y garantice a los ciudadanos la efectividad de este derecho de acceso. Impulsaremos para su aprobación, junto al resto de las fuerzas políticas, un acuerdo de bases por la transparencia y contra la corrupción en el ámbito local. Reforzaremos la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción. Aseguraremos su rápido enjuiciamiento. Mejoraremos la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas. Velaremos, en el seno del Partido Popular, por el riguroso cumplimiento de nuestro código de buenas prácticas y de los compromisos de conducta asumidos por nuestros candidatos. Regularemos las normas de conducta que regirán la actuación de los miembros del Gobierno y de los altos cargos del Estado”. Ley de Transparencia, en efecto, la ha habido, pero el compromiso de enjuiciar con rapidez las conductas corruptas parece haber quedado aparcado para mejor ocasión.
9 Modelo de Estado.
Después de las suicidas maniobras de Zapatero con el estatuto de Cataluña, el PP se encontró con un tejido nacional tenso y a punto de desgarrarse. La crisis económica, con los consiguientes problemas de financiación autonómica, no hizo sino empeorar el paisaje. Esta circunstancia no estaba prevista en el programa electoral del PP, que, no obstante, sí expresaba claramente su idea de cómo gestionar el Estado de las Autonomías: “Delimitaremos con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y el aumento excesivo del personal al servicio de las administraciones. Promoveremos un nuevo modelo de financiación que evite la consolidación como gasto público estructural de los ingresos coyunturales, y que tenga en cuenta la población y las circunstancias que inciden en el coste de los servicios públicos así como las exigencias de estabilidad presupuestaria. Dotaremos de una definición más precisa a los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, y de estas entre sí”. La reforma autonómica aún sigue pendiente y el problema catalán ha entorpecido las cosas. En cuanto a la financiación, se ha beneficiado ostensiblemente a Cataluña en detrimento de otras comunidades como la madrileña. Y respecto a la “lealtad institucional”, claramente rota por la Generalitat, el Gobierno se ha limitado a acciones preventivas de tipo exclusivamente jurídico.
10 Política de comunicación.
El Gobierno Rajoy ha potenciado en materia de comunicación el duopolio televisivo, que otorga a dos grupos de comunicación –Mediaset-Prisa y Planeta-La Sexta– una posición abusiva de privilegio en el mercado. El programa de 2011 no decía nada sobre política de comunicación, pero sí era muy claro en su defensa de los principios esenciales de la competencia en el mercado: “Ordenaremos los órganos reguladores para fortalecer la aplicación de la normativa de competencia en todos los ámbitos, bajo criterios comunes en todos los sectores y para todo el territorio nacional, favoreciendo la unidad de mercado. Avanzaremos en la liberalización de los sectores de telecomunicaciones, energía y postal, estableciendo como prioridad básica el desarrollo de la competencia”. Sin embargo, en materia de comunicación, el Gobierno contravino al órgano regulador, la Comisión Nacional de la Competencia, que se había pronunciado contra la fusión de Antena 3 y La Sexta, y prefirió beneficiar arbitrariamente a estos grupos... contra todos los demás.
Hay otros muchos aspectos del programa electoral del PP en 2011 que han sido dejados de lado: la ley de enjuiciamiento criminal, la reforma del Tribunal Constitucional, la supresión de los vetos en los trámites parlamentarios, etc. Pero los 10 puntos referidos son suficientes para hacer ver que el Partido Popular no está haciendo la política que se comprometió a aplicar desde el Gobierno.
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