La herencia del franquismo fue excelente
Un país próspero, reconciliado y curado de los odios
Pío Moa
10-enero-2019
Franco derrotó durante cuarenta años a todos sus enemigos militares y políticos, que casualmente eran también enemigos de España o indiferentes. No tuvo oposición liberal o democrática porque la frivolidad de muchos liberales había contribuido al maremágnum de la república y al frente popular. Su prestigio y apoyo social era tan enorme que nadie creía seriamente en la posibilidad de derrocarlo, pese a que, según un dogma habitual una dictadura solo podía acabarse derribándola por la violencia.
La herencia del franquismo fue excelente: un país próspero, reconciliado y curado de los odios que habían destrozado a la república, con grados notables de libertad personal y política, y donde las fuerzas totalitarias y separatistas salidas del “Desastre del 98″ eran muy débiles. Por otra parte, como casi nadie ha querido señalar, el Vaticano II había hecho imposible la continuidad del franquismo, y las fuerzas que lo habían apuntalado (Falange, carlismo, monarquismo y catolicismo político) se estaban disgregando unas de otras y también internamente cada una.
Aquella herencia, en particular la reconciliación nacional –lograda ya en los años 40, como comprobó el maquis a su costa– permitió el paso a la democracia “de la ley a la ley”, esto es, desde el franquismo y no contra él. Las fuerzas contrarias, nostálgicas de la república e, incoherentemente, del Frente Popular, demostraron su gran debilidad en un fallido intento de huelga general y luego en el referéndum de diciembre de 1976. Cabe decir que la inmensa mayoría de la población votó entonces una democracia franquista, basada en el respeto a lo que España había logrado con el régimen anterior. Una democracia, además, no debida a la intervención militar useña e indirectamente a Stalin, como las del resto de Europa occidental. Una democracia libre de esas ingentes cargas morales y políticas, salida de la propia evolución interna del país una vez superados los problemas que causaron la guerra civil.
Sin embargo, los políticos procedentes de un franquismo ya sin fuerza ideológica, transformaron la decisión popular en otra cosa. Con visión de circunstancias, sin apoyo en la experiencia histórica ni perspectiva a largo plazo, quisieron montar una “democracia de amigotes”. Fomentaron al PSOE para debilitar al PCE y a los separatistas “moderados” para frenar a los terroristas, y los cargaron de legitimidad democrática. Claro que parecía razonable esperar que esos partidos hubieran aprendido de la historia y aceptasen una democracia respetuosa con el país y sin extremismos, pero no era así: su moderación momentánea solo reflejaba su debilidad. Y los primeros en querer olvidar la historia eran los procedentes del franquismo, así que nadie aprendía del pasado, de lo que había significado la guerra civil y la etapa posterior.
Por tanto la reconciliación nacional y popular fue sustituida por la reconciliación de los políticos sobre una base falsa: el antifranquismo, activo en los exrupturistas y pasivo en los exfranquistas. El resultado fue el régimen del 78, con una Constitución ambigua y defectuosa, negociada malamente y que abría paso al resurgimiento de las fuerzas causantes de la guerra. El proceso de descomposición fue largo, hasta que Zapatero impuso por fin, en 2004, la ruptura fallida en el 76. Desde entonces vivimos en un régimen nuevo, que podría llamarse zapaterista, liquidador de lo que el del 78 conservaba de demócrata.
Alguien me ha preguntado en qué se habría materializado una democracia franquista en el 76. ¿Sería una democracia sin los partidos socialistas, comunistas y separatistas? Evidentemente habría que legalizarlos. Pero desde el primer momento debería habérseles parado los pies en su falsificación de la historia, de la que tantos réditos políticos han sacado. Habría que haberles recordado que ellos nunca habían sido demócratas, que la democracia venía directamente del franquismo, el cual había creado las condiciones necesarias para ella; que la república no podía invocarse como un régimen deseable, pues fue desastroso desde el principio, y destruido finalmente por el Frente Popular. En dos palabras, la legalización debería haberse acompañado de una firme lucha ideológica que les pusiera ante la disyuntiva de moderarse de manera real o de marginarse ante la opinión pública. En rigor, dichos partidos tendrían que renunciar a sus antecedentes frentepopulistas.
La lucha fue imposible entonces. Algunos políticos franquistas creían utópicamente en la continuidad del régimen anterior; y los demás, mayoría, estaban vacíos intelectual e ideológicamente, por gentileza del Vaticano II principalmente.
Y hoy, después de una larga experiencia que ha llevado al país al golpe de estado permanente y a la satelización, con peligro de disolución nacional, la necesaria vuelta al régimen esbozado en el 76 empieza a hacerse también posible.
Nació en 1948, en Vigo. Participó en la oposición antifranquista dentro del PCE y el PCE(r)-Grapo. En 1977 fue expulsado de este último partido e inició un proceso de reflexión y crítica del marxismo. Ha escrito De un tiempo y de un país, sobre su experiencia como "revolucionario profesional" comunista.
En 1999 publicó "Los orígenes de la guerra civil", que junto con "Los personajes de la República vistos por ellos mismos" y "El derrumbe de la República y la guerra civil" conforman una trilogía que ha cambiado radicalmente las perspectivas sobre el primer tercio del siglo XX español. Continuó su labor con "Los mitos de la guerra civil", "Una historia chocante" (sobre los nacionalismos periféricos), "Años de hierro" (sobre la época de 1939 a 1945), "Viaje por la Vía de la Plata", "Franco para antifranquistas", "La quiebra de la historia progresista" y otros títulos. En la actualidad colabora en Libertad Digital, El Economista, El Correo de Madrid, El Muro del Pueblo Español, Radio Ya y Época
Ley Memoria Histórica (LMH)
Diario YA
- La LMH distorsiona hasta lo inverosímil la realidad histórica con un enfoque propagandístico de tintes marxistas. Así, el Frente Popular habría defendido la democracia, cuando todos los partidos agrupados en o en torno a él fueran golpistas, totalitarios o racistas. La democracia no jugó ningún papel en aquella lucha de los defensores de la unidad nacional de España y la cultura cristiana contra quienes atacaban ambas en nombre de una revolución supuestamente emancipadora y del separatismo. Esto es una evidencia histórica imposible de borrar. En cuanto al marxismo, debe recordarse, ha sido la doctrina comprobadamente más liberticida y sanguinaria del siglo XX, en competencia si acaso con el nacionalsocialismo. Lo cual no le impide conservar un influjo intelectual no desdeñable en algunos países y en partidos como el máximo promotor de la ley de memoria histórica. Para el marxismo, la verdad debe supeditarse al “interés de clase”, presuntamente a favor de los trabajadores, por más que siempre haya reducido a estos, en la práctica, a una condición mísera.
- La LMH pervierte radicalmente el sentido de la justicia. Equipara como víctimas del franquismo a los numerosos criminales, chekistas, etc. -- abandonados por sus jefes y fusilados en la guerra y posguerra--, con los inocentes que inevitablemente caían en las tensiones emocionales de la época. Por ello no es exagerado hablar de una ley pro chekista. En coherencia con tal aberración, esa ley incluye a los terroristas muertos a consecuencia de sus actos a partir de 1968, el año en que la ETA comenzó a asesinar. Y olvida las numerosas muertes causados por persecuciones, torturas y asesinatos sectarios entre las propias izquierdas. Por supuesto, también deja de lado a las decenas de miles de víctimas de izquierdas y separatismos, así como al auténtico genocidio contra la Iglesia y la cultura cristiana.
- La LMH supone un ataque frontal a la democracia, pues pretende sentar desde el poder una versión determinada de la historia, algo propio de los regímenes totalitarios y que no ocurrió en el franquismo. Como es propio también, contiene una seria amenaza, con pretextos espurios, a la libertad de investigación e interpretación de la historia. No extrañará que, con el espíritu y la técnica del Gran Hermano totalitario retratado por Orwell, haya dado lugar a campañas para borrar los restos monumentales o de otro tipo de los cuarenta años del régimen de Franco. El caso más sangrante, aunque no el único ni mucho menos, ha sido el ataque al Valle de los Caídos, con acompañamiento de asombrosas falsedades sobre decenas de miles de presos “políticos” trabajando en régimen de “esclavitud”, etc. Tan groseras desvirtuaciones de la realidad indican por sí solas el carácter incivil y antidemocrático de estos ataques al patrimonio histórico-artístico del país.
- Los promotores de la LMH han sido partidos de izquierda y separatistas que se identifican ideológicamente con los perdedores de la guerra. El contenido esencial de la ley, mal disimulado con retórica sentimental pero sin contenido, es deslegitimar el franquismo. Y, por tanto, lo que procede de él, tal como la actual democracia y la monarquía. Pretende imponer la ruptura que no consiguió en la transición. Está claramente inspirada por un espíritu revanchista que intenta reabrir heridas hace mucho tiempo cerradas para la mayoría de los españoles, y por ello ataca la convivencia en paz, generando odios como los que acabaron hundiendo a la II República. Y ahora, como en los años 30, los políticos, por frivolidad o por sectarismo, no parecen ser conscientes del alcance de sus actos ni sentirse responsables de sus consecuencias.
- Es muy alarmante el hecho de que las Cortes hayan aprobado una ley radicalmente injusta. Que unos diputados elegidos democráticamente (aunque representan más a las cúpulas de los partidos que a sus votantes) hayan cometido tal acción, demuestra la fragilidad de nuestras instituciones, la posibilidad de que unos políticos, amparados en una legitimidad formal, dicten leyes contrarias al propio sentido de la democracia y de las libertades, invadiendo terrenos que no les corresponden.
- Por todo ello, la LMH constituye un gravísimo error, perjudicial para la convivencia en libertad y alimentador de otros errores, como la “muerte de Montesquieu”, el terrorismo o la connivencia con él, los separatismos o la corrupción, ante todo la intelectual. Por tanto, la imprescindible regeneración democrática exige la derogación de esa ley en el plazo más corto posible.
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