Los planes atómicos de Franco y Carrero
Causa del Magnicidio
Causa del Magnicidio
El Correo Gallego-Roberto Qumata (19/10/2008): El almirante Luis Carrero Blanco desvió cuantiosos fondos para dotar a España de la tecnología nuclear de doble uso, civil y militar, al mismo tiempo que impidió las inspecciones del OIEA y se negó a firmar el Tratado de no Proliferación (TNP). Estos planes respondieron a la doctrina de las FFAA hasta que, en los ochenta, Felipe González firmó el TNP.
Bastan dos submarinos nucleares apostados en el estrecho para abortar los planes marroquíes de invadir Ceuta y Melilla. Pero para ello hay que dar luz verde al proyecto que, por otra parte, forma parte de la doctrina militar del Ejército español y poner los millones encima de la mesa. La Armada apoya sin fisuras la idea de construir sumergibles propulsados por energía atómica.
No es una idea descabellada. La existencia de la central nuclear de Vandellós posibilita la obtención de plutonio para fines militares. ¿Y el uranio? En Europa están localizados 1,2 millones de tonelada de uranio. España, con 4.650 toneladas, es el segundo país de la Unión Europea en reservas evaluadas, por detrás de Francia, con 13.460.
En Galicia, por ejemplo, la mineralización en rocas plutónicas epigenéticas se localiza en Sas do Monte, municipio de Montederramo (Orense), y en Friol y Vilamaior (Lugo), mientras que las rocas metamórficas singenéticas, en Porriño (Pontevedra), según la presente investigación de EL CORREO.
Una bomba atómica es posible a partir de 17 kilos de uranio enriquecido. La obtención de plutonio es factible a través del proceso de fisión con el uranio, que se obtiene de los residuos de centrales como la de Vandellós, que, por su grafito, es altamente
plutonífera.
España lo tiene todo para mostrar a Londres y Rabat su musculatura nuclear. Gibraltar, Ceuta y Melilla componen el triángulo sensible de la política exterior del franquismo. Vigón, Carrero y Navascués comprenden al día siguiente de Hiroshima el poder devastador de la bomba atómica.
La CIA redactó un informe el 17 de mayo de 1974 que, desclasificado en 2008 a petición del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, indica que el Gobierno de Franco proyectó el desarrollo de un pequeño arsenal nuclear para reforzar su posición internacional con ánimos de exhibir su músculo militar a Gran Bretaña por la cuestión de Gibraltar; al soberano de Marruecos, Hasán II, por Ceuta, Melilla y el Sáhara, y a un nuevo enemigo impredecible: la nueva y descolonizada Argelia, de la que temía que pactase con Rabat.
Ya que el almirante Carrero Blanco siente especial predilección por el general De Gaulle y en vista de que Francia está dispuesta a vender a España una central de grafito-gas, según cuenta en sus memorias el entonces embajador en Francia, José María de Areilza, el Gobierno de Franco podrá disponer de una planta que no necesitará enriquecer el uranio para su funcionamiento. Basta con reutilizar sus residuos para obtener oro pulido de altísimo valor militar: el plutonio.
Por otra parte, la Francia del general De Gaulle no forma parte de la estructura militar de la OTAN y se niega a que los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) curioseen sus instalaciones nucleares. (En maldita hora, años después, Chirac muestra a Sadam Husein el juguete atómico Cadarache, que supone cambiar tecnología nuclear por petróleo). Carrero, al mismo tiempo, se resiste a entrar en la Alianza Atlántica y, lo que duele más a los americanos, se niega a firmar el Tratado de no Proliferación Nuclear (TNP).
"España es uno de los países de Europa merecedores de atención por su posible proliferación de armas nucleares en los próximos años", dice el informe de la CIA. "Tiene reservas propias de uranio de moderado tamaño, un extenso programa de desarrollo nuclear (tres reactores operativos, siete en construcción y otros diecisiete más en proyecto) y una planta piloto de enriquecimiento de uranio".
El resto de las 50 páginas del documento ya son consideraciones de orden político. La CIA incorpora a España al grupo de países peligrosos: Brasil, Irán, Corea del Sur, Pakistán y Egipto, que, al menos, necesitarían "diez años para desarrollar su programa nuclear". El peligro de estos países, según la inteligencia americana, radica en que "alguno de ellos podría detonar un ingenio experimental antes de ese tiempo, quizás considerablemente antes adquiriendo material u obteniendo ayuda extranjera".
"España tiene un acuerdo militar bilateral con EEUU que los dirigentes españoles ven como una oferta de mayor seguridad que su independiente capacidad nuclear (...) Sólo una improbable combinación de circunstancias derivadas de la localización de España respecto a Gibraltar y Norte de África, junto con la pérdida de seguridad con EEUU y la OTAN y quizás un Gobierno posterior a Franco inseguro de sí mismo pudieran convertirse en una razón para que España desarrolle una capacidad nuclear".
Siempre Gibraltar y el Norte de África, más ahora que los generales de la OAS conspiran contra De Gaulle y se refugian en Madrid, un verdadero dolor de cabeza para el almirante Carrero. "¿Ha caído usted en la cuenta de que España es el ombligo del mundo? ¿Conoce usted la anécdota del general Fernández Monzón?".
Entre 1970 y 1971, el citado militar es capitán de los Servicios de Información, un hombre de confianza del almirante, intercambia información con la CIA y viaja con frecuencia a su cuartel general de Langley. En una de estas reuniones de Langley, un militar norteamericano despliega un mapamundi y pregunta al agente español qué ve. Fernández Monzón responde que "un mapamundi", "¿y en el centro?". "La península Ibérica". "Pues por eso está usted aquí".
Un africanista, uno de los militares acogidos a la Ley Azaña, regresa de Buenos Aires para ponerse a las órdenes de Franco tras el alzamiento del 18 de julio. Juan Vigón Suerodíaz, ministro del Aire y presidente de la Junta de Energía Nuclear, es el primer general franquista que pone manos a la obra tan pronto comprende el poder devastador de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. A su lado estará Luis Carrero Blanco y un ingeniero de la Armada, José María Otero Navascués, científico de gran prestigio.
Navascués pone en marcha la Junta de Energía Nuclear y, en 1958, el primer reactor de investigación que funciona con uranio enriquecido de doble uso: civil y militar. El gradual desarrollo de la tecnología nuclear hace viables los proyectos de Zorita y de Garoña. Carrero Blanco saca dinero de debajo de las piedras para financiar el sueño impronunciable de la bomba atómica. ¿De dónde sale la financiación?
Ángel Porto Anido, alcalde en aquel entonces de Santiago, confiesa a EL CORREO que las partidas extraordinarias para tapar asuntos urgentes proceden de un fondo secreto, que sería el equivalente a los "fondos reservados" del Ministerio del Interior durante la guerra sucia contra ETA.
Pero don Ángel, antes de fallecer, no se refiere a los fondos a los que Carrero tiene acceso sino a la partida que ordena ingresar Camilo Alonso Vega a favor del Excelentísimo Ayuntamiento de Santiago para evitar el cierre del pazo de Raxoi. La noche anterior, el alcalde de Santiago, López Carballo, expone al general ferrolano en su chalé de Asturias que "o dinero ya para pagar la nómina de los funcionarios o yo dimito".
No. El dinero de Carrero Blanco para financiar la bomba no es una cuestión de ámbito municipal, es algo más gordo: tráfico de divisas y cuentas supersecretas en Suiza, por dos razones: el OIEA puede sospechar y, para comprar tecnología en el extranjero, hace falta blanquear dólares. La peseta no es moneda convertible.
El avance nuclear de doble uso preocupa a las grandes potencias, pero más el ilustrativo plan de experimentar los resultados de la primera bomba en el Sáhara español. Para los primeros ensayos atómicos, De Gaulle había elegido el escenario del Sáhara argelino.
Las sospechas sobre el creciente potencial nuclear español se disparan aún más cuando se conoce en 1977 el calado del proyecto del Centro de Investigación Nuclear de Soria (Cinso), en la localidad de Cuba de la Solana, proyecto aprobado el 4 de enero de 1976 por el Consejo de Ministros que preside Arias Navarro, todavía caliente el cadáver de Franco.
¿Por qué tanta premura si los artífices de la bomba atómica, Franco y Carrero, ya no están en este mundo? ¿Es, tal vez, una decisión forzada en respuesta a las presiones que Henry Kissinger, el último poderoso, que ejerce sobre el almirante Carrero 23 horas antes del atentado de la calle de Claudio Coello? (Luis Miguel González Mata, jefe de estancia de la CIA en España, en su libro Les vrais maîtres du monde –Editorial Grasset & Fasquelle, 1979– asegura que la inteligencia norteamericana facilitó los planes de ETA para eliminar al presidente del Gobierno).
Del centro piloto de Cuba de la Solana se pueden obtener 140 kilos de plutonio al año, y eso enciende las alarmas. Las memorias de José María de Areilza no dejan lugar a dudas: "No queríamos ser los últimos de la lista. Estaríamos en condiciones de fabricar la bomba en seis o siete años".
Las cosas empiezan a torcerse cuando EEUU exige al OIEA el chequeo de Vandellós I, del reactor rápido Coral, de la planta de la Junta de Energía Nuclear y de los reactores de investigación de Barcelona y Bilbao. Otra medida que trata de asfixiar a España es la prohibición del procesado de residuos radiactivos, a partir de la cual ya no será posible obtener plutonio y uranio enriquecidos.
La agencia soviéticas Tass acusa a la CIA de asesinar a Carrero, un "político franquista de tendencia nacionalista que se niega a entrar en la OTAN y a cumplir ciegamente las órdenes de Washington".
De eso sabe bastante Joaquín Díaz Moreno, un lucense de Baralla que escala puestos en la Administración franquista, desde la Secretaría del Gobierno Civil de Pontevedra a la Subdirección General de la Policía. Conoce de primera mano el asunto de Palomares y, como jefe de la Policía del Campo de Gibraltar, los primeros escarceos de Vladimir Putin –"agregado comercial"– como espía del KGB en la colonia británica. No en vano es autor de Consideraciones en torno a Gibraltar, Ceuta y Melilla.
A las preguntas de EL CORREO, un planteamiento enigmático por respuesta: "¿Conoce usted Madrid? La iglesia de San Francisco de Borja está frente a la Embajada de Estados Unidos".
Un catedrático de Fisiología Nuclear toma muestras de las bombas de Palomares. La película Operación flecha rota, que dio pie al reportaje La bomba de Palomares llega a Hollywood (Ver El Correo 2 del pasado 5 de octubre), destaca un hecho absolutamente inédito: "También había militares españoles (enero de 1966) interesados en tomar muestras (donde cayeron las bombas) para resolver algunas de sus dudas".
El más interesado en llegar antes que los americanos al lugar de los hechos es Guillermo Velarde Pinacho, general del Ejército del Aire, ingeniero aeronáutico y catedrático de Fisiología Nuclear.
"Tan pronto se supo que habían colisionado dos aviones norteamericanos, uno de los cuales llevaba a bordo cuatro bombas de hidrógeno, el profesor Velarde voló inmediatamente a la base de San Javier", en Murcia, la más cercana de Almería. Velarde, actual presidente del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, admitirá años más tarde que "personalmente recogí algunos de los disparadores explosivos de las bombas nucleares".
Mutismo absoluto y secreto total. En 1968, la Junta de Energía instala en la Ciudad Universitaria de Madrid el primer reactor rápido español, el Coral 1, con capacidad para trabajar con plutonio en grado militar, con el que se obtienen los primeros gramos en 1969. España ya está mas cerca de ingresar en el club de los poderosos, por eso está bajo sospecha, el OIEA no se fía en razón a un argumento incontestable: en 1970 se niega a suscribir el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Aunque confidencial, el informe de 1971 del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) termina por ser filtrado a la prensa ya rodada la democracia. En el informe se subraya que España es autosuficiente, está capacitado para dotarse de cabezas nucleares utilizando sus propias instalaciones.
El triunfalismo del informe tiene mucho que ver con la inauguración, en 1972, de la central nuclear de Vandellós I, en Tarragona. Será una central del tipo CGR (grafito-uranio) y refrigerada por gas. El Sáhara occidental será el escenario elegido para detonar la primera bomba atómica española.
La última misa en San Francisco de Borja, frente a la Embajada de EEUU y del túnel etarra. Carrero pues, estorba en el contexto de la doctrina de la política del dominó, igual que los gobiernos filofascistas de Grecia y Portugal, ahora puntos vulnerables del "vientre blando de Europa". En los tres países crece el yankee go home y la vertebración de sus partidos comunistas.
Pero hay más. ¿La contumacia de Carrero en oponerse a que los inspectores del OIEA husmeen el potencial nuclear español y la negativa a firmar el TNP son motivos para facilitar a otros la eliminación del almirante?
Kissinger llega a Madrid el 18 de diciembre de 1973. La Embajada americana de la calle Serrano está vigilada por veinte agentes de la CIA desde semanas antes. Al día siguiente se entrevista con Carrero a lo largo de seis horas. ¿Cumbre borrascosa? Nunca lo sabremos. El caso es que Laureano López Rodó reflexiona en voz alta para decir que "Kissinger estuvo un día antes, exactamente 23 horas antes, con el almirante Carrero y residió en la Embajada norteamericana; entonces me parece que los servicios de inteligencia de la Embajada también podrían haber detectado que algo ocurría en la calle Claudio Coello –donde el Dodge Dart del almirante sube a los cielos–, porque incluso podía afectar al propio Kissinger, que estuvo dos días en España... no menos sorprendente resulta que tampoco hubieran detectado una excavación que se realizaba a menos de cien metros de la Embajada de EEUU".
El general Monzón, por su parte, apunta que "los propios etarras dicen que estuvieron seis meses vigilando la puerta de la iglesia de San Francisco de Borja, donde la parada del autobús de la acera de enfrente, que está prácticamente en la puerta de la Embajada norteamericana y no se enteraron, con detectores de todas clases, que se estaba perforando un túnel a ochenta metros de allí".
Carrero se perderá su última misa en San Franciso de Borja. González Mata asegura que el mercenario –a sueldo de la CIA– que introduce por Torrejón las minas de última generación que llegan a manos de ETA, es el mismo que acabó con la vida de lord Mountbatten.
Telegrama oficial: "Lo mejor es que Carrero desaparezca de escena". A partir de una pregunta impertinente ya no será posible abrir el arcano de Díaz Moreno que, tajante, pone fin a la conversación. Caerá en desgracia a partir de la denuncia de la Unión Sindical de Policía, que le acusa de pasar información sensible a Manuel Fraga entre 1976 y 1978 y, lo más cruel, de cobrar por estos trabajos, que engordan su cuenta corriente de un banco de A Fonsagrada.
Mientras Calvo Sotelo prepara su discurso de investidura, Suárez rumia su fracaso y Tejero agencia los autobuses que trasladarán la fuerza militar al Congreso, una comisión de técnicos concluye la mañana del 23 de febrero de 1981 el informe, que Calvo Sotelo rubrica en abril, por el cual España se somete a las exigencias de EEUU y del OIEA. Es la renuncia definitiva a dotarse del arma atómica. Pero necesariamente hay que volver a la iglesia de San Francisco de Borja y a la Embajada de EEUU en Madrid. ¿Qué relación hay entre ambas?
En enero de 1971, el telegrama confidencial 700, enviado por la Embajada de EEUU en Madrid a la Secretaría de Estado, dice así: "El mejor resultado que puede surgir... sería que Carrero desaparezca de escena, con posible sustitución por el general Díez Alegría o Castañón".
En octubre de 1973 estalla la guerra del Yom Kipur y Carrero, "antiamericano, y más franquista que Franco", no sólo se opone a que España ingrese en la OTAN, sino a que los americanos utilicen las bases españolas para acudir en apoyo de Israel.
No se debe minusvalorar que Henry Kissinger, a la sazón secretario de Estado, presenta el impecable pedigrí de judío-alemán-sionista-americano.
Un militar “rocoso” en el 23-F
Francisco Miguel García-Almenta Dobón
(2/12/12)
FRANCISCO GARCÍA-ALMENTA nació el 18 de diciembre de 1940. Ingresó en el servicio militar en enero de 1955 y alcanzó el empleo de teniente de Infantería en 1964. Ascendió a capitán en diciembre de 1972, empleo con el que obtuvo el diploma de Estado Mayor del Ejército. Hasta su ascenso a comandante, producido en diciembre de 1981, tuvo prácticamente sólo dos destinos: primero en los servicios de información/inteligencia del Alto Estado Mayor y, a continuación, en el CESID, organismo que los absorbió cuando se creó en 1977. Esta es una etapa llena de oscuridad en la que García-Almenta estuvo a las órdenes directas de quienes, provenientes del “Alto”, constituyeron el denominado “núcleo duro” del CESID.
En el CESID vivió los controvertidos sucesos del 23-F como “segundo” del comandante José Luis Cortina, entonces al mando de la AOME (Agrupación Operativa de Medios Especiales), unidad que proporcionó apoyo técnico y logístico a los asaltantes del Congreso de los Diputados.
Este episodio de su biografía, y en particular sus actuaciones como ejecutor de las órdenes de Cortina y sus posteriores declaraciones como testigo en el juicio correspondiente tratando de exonerarle, ha sido descrito con crudeza y profusión de detalles en diversos medios y reportajes informativos. Quizás, el más preciso sea el dossier titulado “Golpistas al poder” publicado por la revista “El Siglo” (nº 402, 21 al 27 de febrero de 2000), coincidiendo con el 19 Aniversario del 23-F, que, por otra parte, tampoco contemplaba su versión directa y personal del suceso.
Al respecto, se deben considerar dos circunstancias significativas. De una parte, el hecho de que, a pesar de estar claramente implicado en los sucesos del 23-F como nexo de unión entre su jefe y sus subordinados directos, ambas partes procesadas, él no lo fuera. Y de otra, su evidente complicidad en la estrategia defensiva del comandante Cortina, lanzando continuas“nubes de humo en su declaración”, en clara observación de Ricardo de la Cierva (“El 23-F sin máscaras”, Editorial Fénix, 1998), quien asegura también que “actuó como testigo a favor de una discutible coartada de Cortina en el proceso”.
De hecho, en el libro de Carlos Estévez y Francisco Mármol “Carrero: Las razones ocultas de su asesinato” (Ediciones Temas de Hoy, 1998), se reproduce, prácticamente sin más comentario, una hoja de las actas del Consejo de Guerra (quizás de las substraídas a las partes por la propia presidencia del Tribunal) con el “interrogatorio de preguntas que presenta el letrado Rogelio García Villalonga, postulando en nombre de su defendido el comandante de Infantería Don José Luis Cortina Prieto, para que a su tenor y previa declaración de pertinencia sea examinado el testigo capitán Don Francisco García-Almenta” (hoja OF 2077296, numerada a mano 6975). Como quinta pregunta, dirigida a quien durante los prolegómenos del golpe había actuado precisamente a las órdenes de Cortina, se demanda sin duda de forma pactada:
“Diga como es cierto, sabe y le consta que ha sido frecuente el hecho de que vehículos del personal perteneciente al organismo al que está adscrito, hayan coincidido con acontecimientos de tan suma gravedad como los del atentado del almirante Carrero Blanco o del atentado contra el general Esquivias”…El resultado de aquella estrategia testifical fue perfectamente captado por los demás procesados. En continuidad argumental, en ese mismo libro sus autores narran lo siguiente:
… El mismo día y a la misma hora que el presidente Carrero Blanco fue asesinado, muy cerca de él y sin él saberlo se encontraba un coche camuflado ocupado por agentes de la Unidad Operativa de la “Segunda Bis”, perteneciente al Alto Estado Mayor.
Cuando el coche de Carrero salta por los aires en la calle Claudio Coello, la unidad de inteligencia recibe la orden de volver a su centro de operaciones y no hacer acto de presencia en la zona, y cuando los integrantes del equipo cruzan la puerta del centro de Operaciones Especiales comentan: “Nos lo hemos llevado puesto, menudo agujero hemos hecho”. Estas palabras que se prestan a pocas interpretaciones han sido recogidas literalmente de quien nos lo ha contado, alguien que se encontraba en ese lugar en aquel momento.
Recientemente otro militar implicado en el intento de golpe del 23-F, el comandante Ricardo Pardo Zancada, quien también estaba en aquellas fechas en el SECED a las órdenes de San Martín, en la presentación de su libro “23-F: La pieza que falta” aseguró que en el transcurso del consejo de guerra de Campamento “sonó como un trallazo cuando el comandante Cortina (de los Servicios Operativos Especiales del CESID), al ser preguntado por la presencia de coches de los servicios aquella tarde en las inmediaciones del Congreso, respondió:
También el día del asesinato de Carrero había coches en la calle”. Tras esa declaración que sonaba a clara amenaza, ningún miembro del Tribunal siguió insistiendo en el tema. Cortina resultó absuelto ante el asombro de todos.
Lo más llamativo del caso no sería el apoyo testifical prestado por el entonces capitán García-Almenta a su superior y amigo, hasta cierto punto comprensible, ni tampoco la legítima estrategia defensiva de éste en todos sus términos, sino que ambos compartieran destino en la Tercera Sección de Información del “Alto” el 20 de diciembre de 1973, fecha del asesinato del almirante Carrero Blanco, que tanto juego pareció darles para salvaguardar su impunidad en los sucesos del 23-F.
En relación con la habilidad de Cortina para plantear su defensa en el Consejo de Guerra del 23-F, controlando la carga política de las declaraciones realizadas por los agentes bajo su mando implicados en aquellos hechos, como la del entonces capitán Francisco García-Almenta, también conviene considerar el perspicaz comentario recogido por Alfredo Grimaldos en su libro “La CIA en España” (Editorial Debate, 2006). Con el significativo título parcial de “La amenaza de José Luís Cortina”, describe una escena del mismo verdaderamente reveladora que, incluso, llega a estremecer:
… Durante una de las sesiones del juicio contra los militares golpistas implicados en el 23-F sucede un hecho inquietante. Desde primeras horas de la mañana, el comandante José Luís Cortina, uno de los cerebros coordinadores del golpe, en su calidad de jefe de la AOME, es sometido a un duro interrogatorio por el fiscal, que le acorrala con sus preguntas sin dejarle escapatoria. Cortina, cada vez más nervioso, no encuentra ningún resquicio por donde escabullirse, pero de repente, suena la campana salvadora. Es la hora de comer y se hace un pequeño receso.
Cortina sale disparado hacía el teléfono y marca un número con ansiedad. Un miembro de los servicios de información controla la conversación. En determinado momento, indignado, el comandante procesado le dice a su interlocutor: “Como siga este tío así, saco a relucir lo de Carrero”. “Y a partir de ese momento, la cosa cambia por completo”, explica un antiguo oficial de inteligencia. “Cuando se reanuda la sesión, el tono de las preguntas es muy distinto, como si hubieran cambiado al fiscal, que sigue siendo el mismo. Sólo les falta hablar del tiempo.
Esto se comprueba perfectamente en las actas del Consejo de Guerra. Y la conversación telefónica de Cortina está certificada”. Al final del juicio, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar que preside el Consejo de Guerra, el teniente general Federico Gómez de Salazar, manda hacer una serie de copias de las actas, pero después hay una contraorden y decide no distribuírselas a ninguna de las partes. Otra irregularidad cometida por razón de Estado. Pero alguien habilidoso consigue hacerse con una de esas copias, la única que falta, y en ella se puede comprobar perfectamente la evolución del interrogatorio de Cortina.
Cuando se produjo el atentado contra Carrero, José Luís Cortina estaba destinado en los servicios de inteligencia del Alto Estado Mayor. Su secreto debía de tener mucho peso: la sentencia del Consejo de Guerra le absolvió de todos los cargos.
Aunque García-Almenta salió legalmente airoso de la intentona golpista del 23-F, incluso más que Cortina porque ni siquiera llegó a ser procesado, sus evidentes implicaciones en aquel trance derivaron en su inmediato cese en el CESID.
Ya ascendido a comandante, ocupó destino en el Estado Mayor de la División Acorazada “Brunete” nº 1, reconduciendo definitivamente su vida profesional en actividades netamente militares. Como teniente coronel mandó el Batallón de Operaciones Especiales de La Legión (BOEL) desde noviembre de 1990 hasta su ascenso a coronel en julio de 1992. Con ese empleo fue destinado primero a la Escuela Superior del Ejército, obteniendo más tarde, el 11 de diciembre de 1993, el mando del Regimiento “Castilla” nº 16. En septiembre de 1994, fue nombrado jefe de la Agrupación “Extremadura” que participó como quinto contingente español en la misión humanitaria destacada a Bosnia-Herzegovina, relevando a la Agrupación “Córdoba”.
No sin despertar ciertos recelos entre algunos compañeros de armas, puede que contrariados en sus propias aspiraciones profesionales, y sin duda en medios políticos e informativos, el Gobierno presidido por José María Aznar le ascendió a general de Brigada en abril de 1997, otorgándole en abril de 1998 el mando de la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, integrada en la emblemática División “Brunete” y con base en el campamento de El Goloso (Madrid). Con esta unidad, García-Almenta volvió a participar, en 1998, en misiones dentro de la antigua Yugoslavia, relevando a la Brigada “Castillejos”.
Los antecedentes del 23-F, han llevado inevitablemente a que su acceso al generalato y la importancia de sus últimos destinos, con base curricular evidente, se hayan podido entender también gracias a una inteligente administración de algunas claves secretas sobre aquel intento de golpe de Estado y de su silenciosa colaboración para sustraerlas de la verdad histórica, acompañada, por supuesto, del respaldo del clan de los militares antiguos colaboradores de GODSA.
El espectáculo político, y hasta el desencanto de algunos militares que aún conservaban cierta memoria histórica sobre aquella clara trasgresión del orden constitucional, llegó a su cenit el 12 de octubre del año 2000 en Madrid, coincidiendo con la Fiesta Nacional. Su celebración incluyó una llamativa parada militar presidida por el rey Juan Carlos I que contaba, por primera vez, con fuerzas del Cuerpo de Ejército Europeo. Los dos mandos más significados de aquellas fuerzas en revista, caracterizados como sucesor y ayudante, respectivamente, del comandante Cortina en el CESID más polémico y cuestionado, eran el teniente general Juan Ortuño (que desfiló al frente de la representación del EUROCUERPO) y el entonces general brigadista Francisco García-Almenta (que lo hacía, como en otras ocasiones anteriores, al frente de la Fuerza Terrestre).
Casado con María del Carmen Alonso Bada, ha sido distinguido con diversas condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
