Editorial Encuentro |
Cuatro obispos católicos se encuentran entre los 39 líderes religiosos estadounidenses que firmaron un documento que advierte sobre el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. «Alterar la definición civil de “matrimonio” no cambia solo una ley, sino cientos de miles», afirma la declaración que publicaron ayer los líderes religiosos. La declaración indica que la aceptación legal de la unión entre personas del mismo sexo provocará inmediatamente presiones y acciones legales en contra de las instituciones religiosas.
«Aunque las instituciones y los grupos lograran evitar la responsabilidad legal, en casos como este tendrán que afrontar sanciones gobernativas, relacionadas con la cooperación con el gobierno, subsidios y otros beneficios». La declaración la firmó el arzobispo y futuro cardenal Timothy Dolan de Nueva York, presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, por los obispos Cordileone de Okland, Lori de Bridgepoint y Kevin Rhoades de Fort Wayne, presidentes de las comisiones episcopales involucradas en el problema de los matrimonios y la libertad religiosa. Otros de los que firmaron el documento son los líderes de la South Baptist Convention, de la Lutheran Church-Missouri Synod, de la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, las Assemlies of God, la Salvation Army y la National Association of Evangelicals, en compañía de los representantes del Orthodox Judaism.
Fuente:
"Vaticaninsider.lastampa": Matrimonios homosexuales en USA
El Vaticano no es responsable
Caso Murphy: Fue el caso más emblemático y doloroso, ocupó incluso la primera plana del New York Times en marzo del 2010, el "annus horribilis" del escándalo de la pederastia: el caso del padre Lawrence Murphy —un sacerdote que desde 1950 hasta 1974 había trabajado en una escuela para niños sordomudos de Milwaukee, donde había abusado de cientos de jóvenes—, concluyó en medio de la indiferencia general el viernes 10 de febrero frente al Tribunal del distrito de Wisconsin. Los denunciantes del caso «John Doe 16 contra Santa Sede» se retiraron y no quisieron que se llegara a la sentencia de absolución para el Papa y para los cardenales Tarcisio Bertone y Angelo Sodano, involucrados en la causa de resarcimiento civil.
Es una victoria importante para la Santa Sede, representada por el abogado Jeffrey Lena, y una derrota para Jeff Anderson, el titular del estudio legal que había intentado, en este y en otros casos, hacer de modo que fuera el Vaticano el que debiera hacerse cargo del resarcimiento de las víctimas de los abusos. Anderson había buscado obtener jurisdicción sobre la Santa Sede y sobre las jerarquías con una teoría según la cual la responsabilidad de las acciones de un empleado puede recaer solo sobre su empleador; en este caso, la diócesis de Milwaukee, pero también sobre la Santa Sede, porque el Papa puede designar —y por lo tanto, según la teoría, controlar— a los obispos en todo el mundo. Según esta tesis, quien controla, el «empleador», debe responder también por las acciones del trabajador.
En el caso de Murphy, se habría llegado a una sentencia de absolución para el Vaticano, que habría hecho jurisprudencia. Retirando la denuncia, si bien este caso está definitivamente cerrado, Anderson espera poder continuar presentando su tesis ante otros tribunales, como el de Oregón, donde aún se encuentra abierto otro procedimiento. En pocos días, el abogado deberá entregar al tribunal todos los motivos por los cuales ese caso no debería ser también archivado.
La conclusión del caso judicial no debe hacer olvidar el horror de lo sucedido, si bien —explica a "Vatican Insider" el abogado Lena— indica que «la Santa Sede no puede tener la responsabilidad de controlar directamente las acciones de más de 400 000 sacerdotes en todo el mundo».
Cuando se dio a conocer la historia, en marzo de hace dos años, se reportó que el entonces cardenal Ratzinger; su vice en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Bertone; y el entonces secretario de Estado, Sodano no habían reducido al estado laico a «un sacerdote que abusó de alrededor de doscientos jóvenes sordos». El padre Murphy, capellán en la Saint John's School, había sido destituido en 1974 y transferido a la diócesis de Superior, donde había quedado sustancialmente aislado sin ser nunca más acusado de otros abusos. «Es evidente que la responsabilidad de hacer de modo que no pudiera volver a hacer daño recaía sobre los obispos», comenta el abogado de la Santa Sede, Jeffrey Lena.
Solo en 1996, el arzobispo de Milwaukee le había conferido el caso al cardenal Ratzinger, cuyo dicasterio en esa época no era competente por todos los casos de abusos (lo sería más tarde, en el 2011), sino solo por aquellos cometidos durante el sacramento de la confesión. Ocho meses después, Bertone, vice de Ratzinger, había pedido a los obispos de Wisconsin que instruyeran un proceso canónico. Murphy, mientras tanto, había escrito a Roma declarándose arrepentido y pidiendo que se evitara el proceso con motivo de sus condiciones de salud. La línea decidida por las autoridades vaticanas al finalizar una cumbre que tuvo lugar el 30 de mayo de 1998 fue la de restringir las facultades al sacerdote y de amonestarlo, amenazando con privarlo del estado clerical si no se arrepentía. Murphy moriría el 21 de agosto de ese año.
Ya era evidente a partir de los hechos que no podía atribuirse responsabilidad alguna a Ratzinger, Bertone o Sodano, dado que el caso de Murphy se conoció en Roma recién en 1996, poco después de que el sacerdote muriera. No obstante, este triste y horrible caso de abusos seconvirtió en la ocasión para un ataque muy fuerte a la Santa Sede: el abogado Anderson, defensor de una de las víctimas del padre Murphy, dijo, de hecho, hace dos años que habría podido demostrar en el Tribunal —como recuerda hoy Jeffrey Lena— la existencia de «una acción conjunta a nivel mundial» vinculada con los abusos sexuales y dirigida por el Vaticano.
«Sobre una teoría tanto fechada como desmentida —concluye Lena— se creó adrede para los medios de comunicación de masas una secuencia de eventos que transformó un hecho gravísimo —la violencia sexual perpetrada contra un menor— en un instrumento de afirmaciones falsas sobre presuntas responsabilidades de la Santa Sede».
Fuentes:
"Caso Murphy"
J. Nicolosi: "Terapia Reparativa"
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Caso Murphy: Fue el caso más emblemático y doloroso, ocupó incluso la primera plana del New York Times en marzo del 2010, el "annus horribilis" del escándalo de la pederastia: el caso del padre Lawrence Murphy —un sacerdote que desde 1950 hasta 1974 había trabajado en una escuela para niños sordomudos de Milwaukee, donde había abusado de cientos de jóvenes—, concluyó en medio de la indiferencia general el viernes 10 de febrero frente al Tribunal del distrito de Wisconsin. Los denunciantes del caso «John Doe 16 contra Santa Sede» se retiraron y no quisieron que se llegara a la sentencia de absolución para el Papa y para los cardenales Tarcisio Bertone y Angelo Sodano, involucrados en la causa de resarcimiento civil.
Es una victoria importante para la Santa Sede, representada por el abogado Jeffrey Lena, y una derrota para Jeff Anderson, el titular del estudio legal que había intentado, en este y en otros casos, hacer de modo que fuera el Vaticano el que debiera hacerse cargo del resarcimiento de las víctimas de los abusos. Anderson había buscado obtener jurisdicción sobre la Santa Sede y sobre las jerarquías con una teoría según la cual la responsabilidad de las acciones de un empleado puede recaer solo sobre su empleador; en este caso, la diócesis de Milwaukee, pero también sobre la Santa Sede, porque el Papa puede designar —y por lo tanto, según la teoría, controlar— a los obispos en todo el mundo. Según esta tesis, quien controla, el «empleador», debe responder también por las acciones del trabajador.
En el caso de Murphy, se habría llegado a una sentencia de absolución para el Vaticano, que habría hecho jurisprudencia. Retirando la denuncia, si bien este caso está definitivamente cerrado, Anderson espera poder continuar presentando su tesis ante otros tribunales, como el de Oregón, donde aún se encuentra abierto otro procedimiento. En pocos días, el abogado deberá entregar al tribunal todos los motivos por los cuales ese caso no debería ser también archivado.
La conclusión del caso judicial no debe hacer olvidar el horror de lo sucedido, si bien —explica a "Vatican Insider" el abogado Lena— indica que «la Santa Sede no puede tener la responsabilidad de controlar directamente las acciones de más de 400 000 sacerdotes en todo el mundo».
Cuando se dio a conocer la historia, en marzo de hace dos años, se reportó que el entonces cardenal Ratzinger; su vice en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Bertone; y el entonces secretario de Estado, Sodano no habían reducido al estado laico a «un sacerdote que abusó de alrededor de doscientos jóvenes sordos». El padre Murphy, capellán en la Saint John's School, había sido destituido en 1974 y transferido a la diócesis de Superior, donde había quedado sustancialmente aislado sin ser nunca más acusado de otros abusos. «Es evidente que la responsabilidad de hacer de modo que no pudiera volver a hacer daño recaía sobre los obispos», comenta el abogado de la Santa Sede, Jeffrey Lena.
Solo en 1996, el arzobispo de Milwaukee le había conferido el caso al cardenal Ratzinger, cuyo dicasterio en esa época no era competente por todos los casos de abusos (lo sería más tarde, en el 2011), sino solo por aquellos cometidos durante el sacramento de la confesión. Ocho meses después, Bertone, vice de Ratzinger, había pedido a los obispos de Wisconsin que instruyeran un proceso canónico. Murphy, mientras tanto, había escrito a Roma declarándose arrepentido y pidiendo que se evitara el proceso con motivo de sus condiciones de salud. La línea decidida por las autoridades vaticanas al finalizar una cumbre que tuvo lugar el 30 de mayo de 1998 fue la de restringir las facultades al sacerdote y de amonestarlo, amenazando con privarlo del estado clerical si no se arrepentía. Murphy moriría el 21 de agosto de ese año.
Ya era evidente a partir de los hechos que no podía atribuirse responsabilidad alguna a Ratzinger, Bertone o Sodano, dado que el caso de Murphy se conoció en Roma recién en 1996, poco después de que el sacerdote muriera. No obstante, este triste y horrible caso de abusos seconvirtió en la ocasión para un ataque muy fuerte a la Santa Sede: el abogado Anderson, defensor de una de las víctimas del padre Murphy, dijo, de hecho, hace dos años que habría podido demostrar en el Tribunal —como recuerda hoy Jeffrey Lena— la existencia de «una acción conjunta a nivel mundial» vinculada con los abusos sexuales y dirigida por el Vaticano.
«Sobre una teoría tanto fechada como desmentida —concluye Lena— se creó adrede para los medios de comunicación de masas una secuencia de eventos que transformó un hecho gravísimo —la violencia sexual perpetrada contra un menor— en un instrumento de afirmaciones falsas sobre presuntas responsabilidades de la Santa Sede».
Fuentes:
"Caso Murphy"
J. Nicolosi: "Terapia Reparativa"
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