El juez insiste en implicar a Puigdemont
en la trama rusa del procés
en pleno debate sobre la amnistía
El magistrado Joaquín Aguirre reactiva la investigación sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia, que quedaría excluida de la ley de olvido penal del procés
El juez del "caso Volhov" insiste en el apoyo "económico y militar" de Rusia a Puigdemont
Barcelona —29 de enero de 2024
Se reactiva un nuevo frente judicial que podría driblar la ley de amnistía. El juez del caso Voloh ha decidido dar un impulso a la investigación de la trama rusa del procés y ha insistido en implicar en la misma al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el supuesto intento de Rusia de influir en la independencia de Catalunya en 2017 como vía para desestabilizar a la Unión Europea.
En una providencia, el juez Joaquín Aguirre acuerda acuerda prorrogar por seis meses la investigación del caso Voloh un día antes de que el Congreso debata si aprueba la ley de amnistía. Aunque el juez no expone qué concreto delito se investiga en la trama rusa, de la descripción de las reuniones y mensajes que realiza se desprende que los hechos expuestos podrían encajar en el apartado del Código Penal que castiga la relación ilegal con los Gobiernos extranjeros y sus servicios de inteligencia. Este supuesto es uno de los excluidos de la amnistía, según el último redactado de la norma que se votará este martes.
En su resolución, el instructor solo detalla un nuevo indicio (una carta anónima que recibió en diciembre del año pasado). El resto de elementos ya estaban en el juzgado desde hace años, si bien el instructor apunta a que todavía existe “abundante documentación administrativa por revisar” así como “voluminosos informes remitidos” por la Guardia Civil. El juez expone que, a día de hoy, resulta “imposible prever” qué diligencias se tendrán que practicar una vez analizado todo.
Los elementos de los que dispone el juez son conocidos desde hace años. En el marco de un caso anticorrupción en la Diputación de Barcelona, el juez lanzó en 2020 la operación Voloh. Allí se descubrieron varios mensajes y documentos del exsecretario de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas, que reconoció ante el juez haber insistido al Palau de la Generalitat en los días críticos de 2017 para reunirse con dos emisarios rusos, que él consideró cercanos al Kremlin.
En los tres encuentros, todos ellos breves y ocurridos entre el 20 y el 26 de octubre, un día antes de la declaración fallida de independencia, los rusos propusieron primero a la entonces colaboradora de Puigdemont, Elsa Artadi, y al propio president ayuda económica y hasta militar ante una eventual independencia. Eran los conocidos 10.000 soldados rusos, a los que Puigdemont no dio ninguna credibilidad, según recalcó el propio Terradellas.
Los contactos rusos
En una de las conversaciones de octubre de 2017 entre Terradellas y Puigdemont que forman parte del caso, el exjefe de relaciones internacionales de CDC le reprochó al president que nadie de Palau hubiera “escuchado” a sus contactos rusos, a lo que Puigdemont remarcó que no tenía ningún “convencimiento” sobre su viabilidad. Terradellas insistió para verse en persona con el entonces president.
Según el juez, Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron “estrechas relaciones personales” con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar “económica y militarmente” la independencia de Catalunya.
El juez cree que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y concluye que Rusia tenía interés en el procés por su propósito de “desestabilizar la Unión Europea”. Por ello aboga por comprobar “la veracidad” de las agendas y el móvil de Terradellas y otros investigados para ver si “aparecen más datos relevantes” o “indicios relativos al soporte que pudo haber dado Rusia al proceso de independencia de Catalunya a cambio de contraprestaciones”.
Sin mencionar explícitamente a Puigdemont, el juez apunta hacia el expresident al exponer que “puede extraerse la deducción” de que “había alguna persona común y por encima” de Terradellas y Artadi que permitía los contactos de la Generalitat y Convergènca con el Kremlin.
Tras revisar la documentación de la causa, el magistrado asegura que ha encontrado “datos que identifican a personas y confirmarían las estrechas relaciones personales existentes entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana”, alguno de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos y tenían relaciones con los servicios secretos rusos.
Por otro lado, el juez se apoya en los mensajes de 2018 entre Terradellas y Jordi Sardà, supuesto intérprete y enlace con Rusia, para mantener que los contactos en el Kremlin “debían ser de muy alto nivel” porque se “intuye” que el exdirigente de CDC sabía que va a empezar la invasión de Ucrania por Rusia. Los chats intervenidos, agrega el instructor, apuntan a que Terradellas pretendía que “una personalidad catalana” cuyo nombre no se concreta viajara a Rusia para explicar los “ofrecimientos” del Kremlin a Catalunya.
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Otro de los supuestos que investiga el juez dentro de la supuesta trama rusa son los mensajes que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, habría intercambiado con el jefe de la oficina de expresident, Josep Lluís Alay, y que según el instructor revelan “de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin”, dado que señalaban que el exjefe del Govern no debía criticar a Vladimir Putin por el caso del disidente Navalny ni al presidente de Bielorrusia, Viktor Lukashenko.
En opinión del juez, Alay y Boye también viajaron a Rusia para “entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin”.
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