Ruido de sables
mientras surgen más indicios de fraude masivo
YA SE PLANEA DECLARAR LA LEY MARCIAL
3 DIC 2020
Hoy viene el día tan cargado que no sé muy bien por dónde empezar: se multiplican los testimonios, el fiscal general Barr que dice que no ve fraude electoral masivo -pero que luego resulta que no dijo eso- y que empieza a investigar la investigación sobre la célebre ‘trama rusa’, y dos generales -el general McInerney y el recién amnistiado general Mike Flynn- animan a Trump a que declare la Ley Marcial, así, sin anestesia.
Y como no sé cómo empezar, empezaré con una advertencia: yo no creo que haya habido una conspiración demócrata para alterar el resultado de las elecciones. Pero tampoco creo que no la haya habido. Porque esto no es cuestión de fe, sino de pruebas, y las pruebas deberán presentarse ante los tribunales y sopesarse para ver a dónde conducen.
Lo que sí hay es indicios. A manta. En cantidades abrumadoras. Por ejemplo, un camionero apolítico que declara bajo juramento que llevó un cargamento de papeletas cumplimentadas, entre 144.000 y 288.000, de Nueva York a Lancaster, en Pensilvania -cruzando tres fronteras estatales, lo que está prohibido- que posteriormente desaparecieron. Es solo el último botón de muestra.
Ahora, como decía, yo no sostengo que todos esos indicios, toda esa montaña de indicios, constituyan pruebas incontestables de fraude, menos aún de fraude masivo y deliberado. Lo que me extraña enormemente es que a los medios y a las autoridades demócratas no les interesen en absoluto. Y aunque nadie me lo ha pedido, les diré lo que haría yo si fuera el Partido Demócrata: pondría el grito en el cielo. Diría que es un escándalo que hayan sucedido esas cosas, exigiría una investigación, deploraría cada una de las irregularidades denunciadas y atacaría a Trump y su equipo de querer usar esos “desgraciados y denunciables incidentes aislados” para contestar el veredicto de las urnas. Lo último que haría es lo que están haciendo: actuando como si no pasara nada o como si la limpieza del proceso democrático les importara un pito, y esa es la impresión que están dando.
Vamos con lo de Barr, el fiscal general. El otro día, el presidente Trump le metió un rejón diciendo que su departamento, Justicia, estaba, como la CIA y el FBI, “desaparecido en combate”, extrañándose de que no se interesara por el que denomina “mayor fraude de la historia de Estados Unidos”. Así que este miércoles ha debido sentirse confirmado en su frustración al leer en las noticias que Barr no veía el famoso fraude masivo por ninguna parte. Esperemos que luego haya visto la rectificación/matización: el fiscal general no ha concluido que no haya habido fraude electoral masivo; sencillamente, no lo ha visto porque aún está en los estadios preliminares de la investigación.
Barr, según se dice, ha vuelto a enfurecer al presidente nombrando a John Durham -otro al que tachó de ‘desaparecido’- para que investigue los orígenes de la famosa/infame ‘trama rusa’. La trama rusa, que se empezó a iniciar desde el día después de la primera victoria de Trump, pretendía que el presidente se había puesto de acuerdo con el mismísimo Vladimir Putin para amañar las elecciones. Nunca se especificó cómo, y en cuanto a las pruebas, se formó una costosísima investigación a cargo del ex director de la CIA Robert Mueller que, tras dos años y medio de marear la perdiz e imputar a centenares, compareció para decir que no había encontrado nada de nada. Pero entre que sí y que no, la ‘trama rusa’ planeó sobre la presidencia de Trump como espada de Damocles.
No sabes si la cólera de Donald es cierta, pero sería un error: esta investigación sería devolverle la pelota a los demócratas, y podría ser el medio perfecto para que salga mucha, mucha basura del bando demócrata y sus oscuras maquinaciones para derrocar a un presidente legítimo con una acusación que sabían falsa.
Y pasamos a lo más interesante: la petición de los generales Flynn y McInerney a Trump para que declare la Ley Marcial.
Para serles sincero, me extraña que no lo haya planteado nadie antes. Cuando oía debates y leía opiniones sobre los caminos que aún se le abrían a Trump para retener la Casa Blanca o, si lo prefieren, para impedir que los organizadores del presunto fraude masivo se salga con la suya, esperaba que en algún momento u otro alguien hiciera mención de una interesante pieza legislativa llamada Insurrection Act o Ley de Insurrección.
La ley es de 1807, pero se le han dado algunos retoques recientemente, en 2006 y 2007, y otorga al presidente poderes extraordinarios en determinadas circunstancias. Se ha usado varias veces, siempre de forma muy parcial y limitada, pero si uno examina cuidadosamente su articulado ve las enormes, casi increíbles oportunidades que ofrece. Las circunstancias que permiten invocarla están definidas con una vaguedad tentadora; las facultades que concede son casi ilimitadas. Uno la lee y aplaude el grado de contención de los presidentes americanos, pero también se sorprende de que una democracia tan purista tenga esta bomba de relojería en su ordenamiento.
