Utrera Molina: "La LMD reúne
a los que se enfrentaron al régimen de Franco:
socialistas, comunistas, separatistas y terroristas".
27 JULIO 2022
El Correo de España inicia un cuestionario a diferentes personalidades de la vida política y social española con motivo de la concentración de protesta contra la Ley de Memoria Democrática frente al Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio
Entrevistamos a Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia Franco.
¿Cómo valora la concentración de protesta contra la Ley de Memoria Democrática frente al Congreso de los Diputados del 14 de julio?
Considero que cualquier actitud que no sea la del silencio y la resignación ante una ley tan inicua y totalitaria como la LMD es positiva, pero creo que hay que elegir bien el momento y el lugar de la protesta y tal vez la precipitación ha dado al traste con la oportunidad de realizar una convocatoria con mayor asistencia y eco mediático.
Resulta muy significativo -concluyen los convocantes- que vaya a salir adelante dicha ley gracias al apoyo de la marca electoral de la banda terrorista ETA -en referencia a Bildu- y que vaya a ser ETA la que determine el relato histórico oficial”. Tanto es así que han dado en llamar a la nueva ley “Ley de Memoria Batasuna.
El detalle de que sean los herederos de ETA quienes apuntalen esta ley no es baladí, porque reúne de nuevo a todos los partidos que se enfrentaron al régimen de Franco: socialistas, comunistas, separatistas y terroristas. Y el precio de su apoyo es un torpedo en la línea de flotación de la transición, pues supone una desautorización en toda regla del proceso de continuidad legal que se inició con la Ley de Reforma Política y un ataque directo a la legitimidad de la institución de la monarquía.
El apoyo etarra a la LMD es, además, un ardid de Pedro Sánchez en el que ha caído, como suele, la derecha del PP. Incluye una disposición adicional (que extiende sus efectos hasta 1983) que provoca escándalo nacional y provoca que el PP anuncie su futura derogación, de tal manera que consigue que el PP pueda en su día aceptar el resto de la ley si se avienen a eliminar dicha Disposición adicional. El PP ha vuelto a recordar que ellos han condenado el franquismo, por lo que la única objeción que ponen a la ley es que haya sido apoyada por la ETA. Con ello consiguen que el resto de la ley, que desde la Exposición de Motivos es absolutamente sectaria y totalitaria, merezca una aprobación por todas las fuerzas, excepto Vox que es el único partido que se ha opuesto con rotundidad a la misma.
¿Por qué supone un gran atentado contra los derechos y las libertades fundamentales de los españoles como son el derecho de asociación, la libertad de cátedra, la libertad religiosa, la libertad de imprenta, la libertad de expresión y difusión de ideas, etc. ?
Se trata de una ley de corte estalinista que instituye con descaro la criminalización de la disidencia política. La exposición de motivos es un relato delirante de nuestro pasado reciente que idealiza la II República como una era de paz, progreso y libertad interrumpida por un golpe de estado “fascista” que instauró un régimen totalitario, degradante y criminal. Por su ámbito temporal, deja fuera de su aplicación a todas las víctimas del golpe de estado socialista de 1934 y a todas las víctimas de las milicias socialistas y comunistas de los primeros meses de 1936, incluyendo a José Calvo Sotelo. Por el contrario, incluye entre las “víctimas” a terroristas de ETA con múltiples delitos de sangre.
La ley, además, tiene un claro carácter liberticida pues vulnera claramente los derechos a la libertad de expresión, manifestación y cátedra y busca la ilegalización, entre otras, de la Fundación Francisco Franco introduciendo elementos teleológicos en la Exposición de Motivos que puedan servir a los tribunales para considerar que su propia existencia supone una humillación a las víctimas, saltándose así el informe del Consejo General del Poder Judicial que declaraba con rotundidad que ninguna apología del franquismo puede merecer sanción alguna si no va acompañada de desprecio o humillación de las víctimas. Además, la ley es un ataque sin precedentes a la institución nobiliaria y a la Corona, arrogándose una prerrogativa que la Constitución atribuye al rey, al suprimir determinados títulos nobiliarios otorgados por Franco y por el Rey Juan Carlos en función de criterios ideológicos. Resulta significativo el indulto a casi una decena de los títulos otorgados por Franco, algunos de ellos por motivos espurios que convierte en absolutamente inconstitucional el artículo 41 de la Ley por discriminatorio y contrario al principio de igualdad ante la ley. En el fondo, la aprobación de esta ley es un paso más hacia un cambio de régimen que de paso a una tercera república tan sectaria o más que lo fue la Segunda.
Finalmente, la ley busca la desaparición del Valle de los Caídos. No ya su desacralización, “resignificación” y conversión en un parque temático de las burdas mentiras de la izquierda, sino la expulsión de la Comunidad Benedictina y la destrucción de la mayor Cruz del mundo. Claro que esto no se explicita en la Ley, pero se hará -si les da tiempo- en su desarrollo posterior el artículo 54 remite a un Real Decreto en el que el gobierno incluirá su proyecto iconoclasta ahora oculto en los pliegues de la ley.
Tan sólo la Comunidad de Madrid en uso de sus competencias en materia de defensa del Patrimonio Cultural y la jerarquía de la Iglesia, haciendo valer de una vez por todas los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 y el principio de inviolabilidad de los lugares sagrados, pueden impedir un daño irreparable a una de las mayores obras que simbolizan el espíritu cristiano de reconciliación.
