España, hacia un país totalitario
4 FEB 2021
Javier Navascués, subdirector de El Correo de España, me hacía una entrevista –aquí- en la que yo concluía que el objetivo final de la Agenda globalista 2030-2045 es imponer un único sistema mundial totalitario, similar al de China. Una pequeña élite detentará todo poder y control sobre todas las áreas de actividad humana, incluso sobre el pensamiento y sobre la vida y la muerte. Ésta élite vivirá a costa de una reducida población, una vez eliminada entre la tercera y las dos terceras partes de la actual población mundial (Zacarías 13,8; Ap. 8,9; 9,18).
La población será mantenida en el umbral de la pobreza con una “paguita” y no tendrán derecho a poseer bienes de ningún tipo, ni materiales ni espirituales. vid. World Economic Forum: no habrá privacidad, "no tengo nada”, “cada movimiento es rastreado”, “serás feliz”, “fuera de la cuidad viven los descontentos”, “una sociedad dividida en dos”: los que se someten al sistema y los resistentes). ¿Y si quieres resistir? Pues tendrás que huir de la ciudad y esconderte, te perseguirán, perderás la paguita, tu familia se morirá de hambre o será internada y desapareceréis.
Es tan terrible que mejor pensar que exagero o que es ciencia ficción pero ahí está el WEF para devolvernos a la realidad.
¿Y en España? Pues al más puro estilo nacional-socialista y comunista, los partidos políticos apoyan todo esto tanto desde el gobierno como desde la oposición. Son el “partido único”. ¿Y el rey? Pues, desde mi punto de vista, apoyando todo esto ¿a qué si no aparece por ahí con su chapita Agenda 2030?
Veamos qué preparan para España, y no voy referirme a las élites del NOM. Voy a descender a nuestros partidos políticos. Aunque tampoco me referiré al gobierno del Frente Popular, por que creo que es obvio lo que pretenden. Echemos una ojeada al PP ¿Qué propone el PP para España?
Ahora, justo después de la reunión del WEF (27/10) el PP propone para Galicia una vuelta de tuerca, un aumento del embrutecimiento de las medidas totalitarias con la modificación de la ley 8/2008: BOPG 29/11 (especialmente graves son los artículos 33, 37, 38, 41). Pero ¿es sólo para Galicia? Hay que recordar que el primero que propuso la obligatoriedad de bozal en todas circunstancias (más allá lo que estableció el Frente Popular en el Real Decreto-Ley 21/20) fue el PP, en Galicia (29/06). De ahí, las medidas impuestas se extendieron a todas las taifas.
En esta reforma “pepera” el eje que justifica todas las medidas es el SARS Cov-2, y tienen como objetivo agravar las restricciones a los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución, hasta casi acabar con ellos. Y luego dirán que eso de Plandemia es de conspiranóicos. Y la potestad y facultad de aplicar las medidas corresponde a la autoridad sanitaria que se convierte, de iure y de facto, en ente supremo que puede aplicar a voluntad y sin cortapisas las órdenes y acciones que crea convenientes.
En este punto quisiera recordar que desde 1789 -en las diversas revoluciones- hasta el presente, los comités de salud pública siempre han sido los entes creados por liberales, socialistas y comunistas para aplicar medidas totalitarias y la represión (la reclusión, el secuestro y el asesinato).
Y ahora estamos en un nuevo período revolucionario llamado por el WEF el “Gran Reseteo”: alterar el mundo, eliminar el dinero, la propiedad privada y la democracia en aras de un "Nuevo Orden Mundial". Vamos, comunismo mundial.
Volviendo a la reforma “pepera” de dicha ley. Podrán pasar a ser Autoridad Sanitaria –miembros del Comité de Salud Pública- todo personal de la administración autonómica o local que se considere necesario. Éste personal tendrá nuevas funciones como la detección, seguimiento y control de los ciudadanos. Con todo este personal y sus medios, la Autoridad Sanitaria –el Comité de Salud Pública- podrá establecer las intervenciones que considere necesarias. Por ejemplo:
“Solicitar” –es decir, exigir- “en todo momento” la colaboración de los ciudadanos (esto es, que denuncien a sus vecinos y familiares). Ordenar a los ciudadanos a prestar “servicios personales” (es decir, convertir al ciudadano en colaboracionista ya obligados o de buen grado), y hacerles los requerimientos que crea convenientes.
La Autoridad Sanitaria –el Comité de Salud Pública- podrá inspeccionar e intervenir centros sociales, empresas e instalaciones asumiendo el control y cambiando al personal. Podrá intervenir personas –¿detenerlas?-, controlar y vigilar todo el entorno de las personas “afectadas”, así como incautar bienes y productos y suspender actividades.
Este Comité de Salud Pública también podrá imponer a los ciudadanos cualquier medida de “autoprotección individual” (como bozales y cualquier otro elemento en el propio cuerpo o espacial). Podrá imponer a cualquier ciudadanos medidas de “sometimiento” (literal), control y vigilancia, “hospitalización” (reclusión), reconocimiento físico y tratamiento (medidas diagnósticas, profilácticas, vacunación, inmunización). Podrán imponer a las personas nuevas tecnologías tanto diagnósticas como de tratamiento (experimentales inyectables de ARN-mensajero).
Si todo esto impresiona todavía hay más. El Comité de Salud Pública podrá imponer todas las restricciones (eliminación) de los derechos fundamentales (circulación, movilidad, reunión, manifestación y cualquier otro) que considere. También podrá -atención- “relocalizar” y “trasladar a personas” a las instalaciones que proponga, para lo cual podrá modificar el uso de las instalaciones que crea adecuadas.
Actualmente Canadá, Argentina, Holanda y Alemania también contemplan el emplazamiento de centros de reclusión. En italiana incluso se plantea centros para internar a niños. Mientras que en España, ya a principios de abril de 2020 Pedro Sánchez pidió a los reinos de taifas listados de infraestructuras donde recluir a los ciudadanos. Pero es, ahora, el PP, el que toma de nuevo la delantera totalitaria y se dispone a llevarlo a la práctica.
Para llevar a cabo su perversa labor el Comité de Salud Pública podrá utilizar toda tecnología que considere adecuada para el control, seguimiento, vigilancia e identificación de las personas: desarrollo de sistemas de información, geolocalización, aplicaciones móvil.
La Autoridad Sanitaria, es decir, El Comité de Salud Pública tendrá facultades punitivas, de castigo y escarmiento para todo aquel que presente oposición y/o resistencia en diverso grado (como relata esta reforma). Las sanciones van desde simples multas a sanción administrativa o incluso penal. Y serán aplicadas a cualquier persona que se niegue o que no colabore o que no ayude al Comité de Salud Pública o que se niegue a suministrarle datos o información.
Por último, el Comité podrá requerir a las fuerzas y cuerpos de seguridad su colaboración para la aplicación de todas estas medidas reseñadas.
Lo dicho, a cuenta de una enfermedad, se trata de acabar con los derechos fundamentales de las personas, acabar con la dignidad de las personas, acabar con la libertad y la democracia. Vamos, imponer un sistema totalitario. Esta es la senda que estamos recorriendo. Y si es posible recorrer este camino es gracias a esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, para mí, son de represión de los ciudadanos. La participación de ellos en este enjuague es fundamental. Por ello soy de la opinión que su culpabilidad es, junto con los cuerpos sanitarios, la mayor de todas.
